Vic informará al Gobierno de los inmigrantes irregulares que tiene empadronados

• El consistorio ha decidido llevar a cabo la medida para no "prevaricar por omisión"

El Ayuntamiento de Vic (Barcelona) informará "caso a caso" a la Delegación del Gobierno en Cataluña de los inmigrantes empadronados en la ciudad que se encuentren en situación irregular en España y que "no tengan los requisitos de residencia legales".

El primer teniente de alcalde de Vic, Xavier Solà (CiU), ha asegurado, en declaraciones , que el consistorio ha decidido llevar a cabo esta medida para no "prevaricar por omisión", ya que, según ha dicho, se podría dar el caso de que un fiscal actuara en contra del ente municipal por incumplir las indicaciones de la Unión Europea.

Esto sucede un día después de que la Comisión Europea lanzara un mensaje a España respecto a la inscripción de inmigrantes irregulares el censo. A su juicio, no se puede "tolerar" la inscripción de estos inmigrantes en el censo, por lo que de tener conocimiento de esta situación de ilegalidad, deberá iniciar el procedimiento de expulsión o regularizar a los inmigrantes.

La comisaria responsable de Interior, Cecilia Malmstrm, respondió así a una pregunta parlamentaria planteada por el eurodiputado de CiU Ramón Tremosa sobre la legalidad de la decisión inicial del Ayuntamiento de Vic (Barcelona) de no empadronar a los 'sin papeles' que finalmente no se llevó a la práctica.

La comisaria europea de Interior, Cecilia Malmström, ha asegurado este viernes que "las autoridades españolas, una vez que tienen conocimiento de la presencia en su territorio de un nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular, ya no son libres para tolerar esta situación sin iniciar los procedimientos de retorno o poner en marcha procedimientos para concederle el derecho a permanecer en su territorio".

Posteriormente, el portavoz de asuntos de Interior del Ejecutivo comunitario, Michele Cercone, ha aclarado que Cecilia Malström "no se ha pronunciado sobre la posibilidad o no de registrar a las personas en situación irregular" y que lo que exige Bruselas es que la situación de esos inmigrantes se clarifique cuanto antes.

No ha tomado posición en materia de registro

En este sentido, Cercone ha subrayado que la Comisión "no ha tomado posición en materia de registro", ya que ese punto en concreto no está cubierto por la directiva europea aprobada en 2008.

Sin embargo, para el eurodiputado de CiU, Ramon Tremosa, la postura de la comisaria avala al Ayuntamiento de Vic en su polémica con el Gobierno, que le exige que inscriba a los sin papeles en el padrón.

Por su parte, Xavier Solà ha considerado que la Comisión Europea trata de decir al Gobierno "señores, procedan", ya que el Ayuntamiento, que "no tiene competencias" en materia de inmigración, dejará en manos del Gobierno si expulsa a los inmigrantes o les da permiso para residir legalmente en España.

El teniente de alcalde vicense ha afirmado que la medida de comunicar a la Delegación del Gobierno la situación irregular de los inmigrantes que se empadronen en la ciudad entrará en vigor "a partir de hoy" y que, si bien en un principio no tendrá carácter retroactivo, se podría aplicar también a los inmigrantes empadronados con anterioridad si el ejecutivo lo reclama.

Por su parte, el alcalde de Vic, Josep Maria Vila d'Abadal (CiU), ha celebrado las palabras de Malmström, porque la Comisión Europea (CE) "nos dice que lo hacemos bien", según afirma en un comunicado.

Vila d'Abadal ha indicado que la negativa del Ayuntamiento a empadronar a inmigrantes sin papeles "ha servido para introducir sentido común en el empadronamiento y acogida de recién llegados".

Para el alcalde de Vic, la ciudad "recupera el buen nombre" tras las intensas campañas "de desprestigio" de determinados medios de comunicación, y ha calificado la respuesta de la CE de "esencialmente humanitaria", puesto que mejorará "la seguridad jurídica de todas la partes implicadas" y evitará "la explotación" de los sin papeles

El pasado 21 de enero, el Ayuntamiento de Vic dió marcha atrás en sus intenciones y decidió  acatar finalmente el dictamen de la Abogacía del Estado que obliga a empadronar a los inmigrantes irregulares, según señaló ante la prensa el alcalde del municipio, Josep Maria Vila d'Abadal (CiU).