El Gobierno propone el modelo austríaco, con un fondo complementario del despido

• Lo financiarían las empresas y el trabajador lo conservaría al cambiar de empleo
• Se abre la puerta a las ETT privadas y descarta penalizar la temporalidad
• Pretende centrar las bonificaciones en los parados entre 16 y 30 años

El Gobierno pone sobre la mesa del diálogo social nuevas propuestas para incentivar el empleo

El Gobierno ha entregado este lunes a las patronales y los sindicatos una nueva propuesta para la reforma del  mercado laboral en la que apuesta por crear un fondo financiado por las empresas que serviría para pagar a cada trabajador en caso de despido. Ese dinero complementaría la prestación que se cobra por desempleo y, lo que no se gaste durante el período de paro, se lo podría llevar el trabajador a su nueva empresa.  Ese modelo, conocido como modelo austríaco,  podría servir, según el Ejecutivo, para "incrementar la estabilidad en el empleo y fomentar una  movilidad  laboral más sana".

El documento presentado es "una síntesis" de todo lo negociado hasta ahora en la mesa de diálogo social, según el Ejecutivo, y tiene como punto de partida los capítulos generales que el presidente del Gobierno marcó como prioritarios en su reunión con los agentes sociales el pasado 5 de febrero.

En contra de lo declarado por el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, quien creía viable lograr un acuerdo en este mes de abril, el portavoz ministerial en la reunión de este lunes, Alfonso Morón, ha advertido que el plazo de abril era sólo "orientativo".

Entrada de las ETT privadas

El documento -presentado este lunes en una reunión de casi tres horas y calificado por el Ministerio de Trabajo como "una síntesis" de lo negociado hasta ahora en la mesa de diálogo social- desaconseja penalizar la contratación temporal,  aunque recomienda evitar que se encadenen varios contratos temporales.

También se abre la puerta a que las empresas privadas de colocación con ánimo de lucro colaboren en las tareas de intermediación laboral. En el texto se propone fijar algunas exigencias a esas entidades privadas, como la de reservar cierto porcentaje de su actividad "a colectivos de trabajadores con especiales dificultades de acceso al empleo", asegurar la "gratuidad total" de sus servicios para los trabajadores, o establecer "todas las garantías necesarias para segurara el respeto a la intimidad de los trabajadores en el tratamiento de sus datos". Esta medida, según ha informado RNE, no ha gustado a los representantes de los sindicatos.

Reducción "excepcional" de los costes de contratos

El Gobierno pide a los agentes sociales que estudien la posibilidad de aplicar "con carácter transitorio y excepcional" la exención de "una parte de los costes extintivos de los despidos colectivos y objetivos" a los nuevos contratos de fomento de la contratación indefinida (con una indemnización por despido de 33 días por año trabajado).

Aunque esa exención se haría "sin afectar a los derechos de los trabajadores", especifica el documento.

Fomento del empleo juvenil

El texto incluye la revisión de la actual política de bonificaciones que, según propone, deberían concentrarse en los contratos a jóvenes de 16 a 30 años con especiales problemas de empleabilidad.

"Se podrían incrementar sustancialmente las actuales bonificaciones por la contratación indefinida inicial de jóvenes en esas edades" así como, continúa el texto,"elevar sustancialmente la bonificación por la conversión de contratos para la formación y en prácticas en contratos indefinidos", siempre que con eso se ampliase la plantilla de indefinidos de la empresa.

Dentro de esa revisión también se incluiría el aumento de las bonificaciones a los contratos indefinidos iniciales para desempleados de larga duración mayores de 45 años. En ambos casos -jóvenes y mayores de 45 años- se aplicaría una mayor bonificación a los contratos a mujeres.

Becarios hasta los 24 años

También se quiere impulsar un mayor uso de los contratos de formación para jóvenes. Para ello, recoge varias iniciativas posibles como la de ampliar hasta los 24 años la edad máxima de los trabajadores que pueden acogerse a ese tipo de contratos, o la de eximir de todas las cotizaciones sociales a los empresarios durante toda la vigencia del contrato de formación, siempre y cuando -advierte el documento- "los nuevos contratos no conlleven efecto de sustitución respecto a la plantilla total de la empresa".

Además, el Gobierno cita como posibilidad la mejora del salario de los trabajadores en formación, igualándolo al salario mínimo interprofesional en el segundo año de vigencia del contrato.

Plan de formación para los jóvenes

Por otra parte, el documento considera necesario articular un plan específico de formación para los jóvenes de 16 a 24 años que carecen de un título superior al de la Educación Secundaria o Formación Profesional, el colectivo "más fuertemente afectado por el desempleo", sentencia.

Esos cursos específicos estarían co-financiados por el Servicio Público de Empleo Estatal y los servicios similares de las comunidades autónomas.