El Constitucional admite el recurso del Gobierno contra la ley del Cabanyal y paraliza los derribos

• Es la segunda vez que el tribunal ordena parar estos derribos en Valencia
• El Gobierno dice que la ley "menoscaba" sus competencias sobre patrimonio
• La Plataforma Salvem el Cabanyal se muestra "satisfecha"

Vista de unas viviendas en la calle Eugenia Viñes del Barrio del Cabanyal de Valencia.

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite por unanimidad este miércoles el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno contra la ley de la Generalitat valenciana que autoriza todas las actuaciones del Plan del Barrio del Cabanyal de Valencia, por lo que se paralizan los derribos de las viviendas. El pasado día 6 de abril, el Ayuntamiento llevó a cabo el derribo de cinco casas con protestas de vecinos y políticos.

Esta es la segunda vez que el Constitucional ordena la paralización de los derribos. El pasado 18 de febrero, el tribunal ya decretó la suspensión de los trabajos al admitir a trámite el recurso del Ejecutivo contra el decreto ley que permitió en un primer momento la actuación urbanística.

Esta vez, el recurso del Gobierno estaba dirigido contra la Ley de Medidas de Protección y Revitalización del Conjunto Histórico de la Ciudad de Valencia, que sustituyó y derogó el decreto ley ya recurrido.

El Gobierno decidió interponer un segundo recurso contra las demoliciones del Cabanyal por  entender que la nueva ley "menoscaba las  competencias sobre protección contra  el expolio del  patrimonio histórico que corresponden al Estado".

La ley de la Generalitat Valenciana declara expresamente que el Plan Especial de Protección y Reforma (Pepri) del barrio de El Cabanyal "no perjudica, daña o deteriora la protección del conjunto histórico de la ciudad".

La ley, aprobada el pasado mes de marzo por las Cortes valencianas,  sustituyó y derogó un decreto-ley -prácticamente idéntico a la ley,  salvo aspectos puntuales- que también fue recurrido por el Gobierno.

El plan de derribos fue impulsado por el Ayuntamiento de Valencia para prolongar la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar a través del barrio. El Ministerio de Cultura ordenó en enero pasado la paralización de las actuaciones al considerar que el proyecto supone un expolio al patrimonio histórico y artístico, ya que El Cabanyal está declarado Bien de Interés Cultural.

15 días para presentar alegaciones

El Pleno del Constitucional ha decidido dar traslado de la demanda y documentos presentados, al Congreso de los Diputados y al Senado, así como a la Generalitat y a las Cortes valencianas, con el fin de que en el plazo de 15 días puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes.

Según el Constitucional, la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados, se produce desde el pasado 9 de abril -fecha en que se interpuso el recurso- para las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado (BOE), para los terceros.

Asimismo, el pleno ha decidido oír a las partes sobre la posible acumulación de este recurso con el también promovido por el Gobierno contra el decreto-ley del pasado 7 de enero, del Ejecutivo valenciano de medidas de protección y revitalización del conjunto histórico de la ciudad de Valencia.

Por último, el Constitucional ha decidido publicar la incoación del recurso en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana.

La plataforma 'Salvem' se muestra "satisfecha"

El portavoz de Salvem el Cabanyal, Faustino Villora, ha asegurado tras conocer la decisión del Constitucional que ésta "pone en evidencia" que la actuación del PP durante las demoliciones de la semana pasada se podía haber evitado.

Según ha explicado Villora a EFE, el sentimiento de la plataforma es de "satisfacción" pero también de "indignación" porque consideran que los enfrentamientos entre la policía y los vecinos que intentaban impedir los derribos de la semana pasada, que concluyeron con varios heridos y detenidos, "se podrían haber evitado".

"La resolución del TC era esperada y previsible porque ya había habido un pronunciamiento similar por el decreto de Consell", ha afirmado el portavoz vecinal, quien ha señalado que "la Ley que ahora se recurre era para maquillar ese decreto y el TC ha actuado en consecuencia".

Los vecinos que defienden la reforma no ven la "guerra" perdida

Los vecinos de El Cabanyal-Canyamelar que defienden el desarrollo  del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPI) de este  barrio de Valencia han asegurado este miércoles que "la guerra no está perdida"  pese a la decisión del Tribunal Constitucional (TC).

Así lo ha explicado a Europa Press la portavoz de este colectivo en  favor de la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar,  Amparo Moliner, que ha explicado que estos vecinos seguirán, como hasta  ahora, recogiendo firmas y colgando pancartas porque si la  prolongación no se hace ahora, "algún día se hará".

En este sentido, Amparo Moliner considera que "cosa que piden los  valencianos, cosa que se nos niega, como los chiringuitos", por lo  que ha indicado que, "por el cúmulo de cosas, da que pensar la actuación  del Gobierno central".

En relación a las actuaciones que tiene  previstas su colectivo, Moliner ha apuntado que este miércoles celebrarán una  reunión para decidir cuáles serán sus actuaciones futuras.