Instituciones Penitenciarias no descarta abusos sexuales en la prisión de Meco
- Se ha confirmado que un funcionario entró en la celda de una reclusa de noche
- También confirman la introducción de droga en la prisión
- Mercedes Gallizo asegura que se ha actuado con absoluta contundencia
La secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, no ha descartado hoy que se produjeran relaciones sexuales a cambio de favores entre reclusas y funcionarios de Meco (Madrid), cuya cúpula directiva fue destituida por no actuar ante "comportamientos manifiestamente deleznables".
Gallizo ha comparecido hoy en rueda de prensa para explicar la cronología de los hechos que han conducido a la destitución del director, el subdirector y el administrador de la cárcel de mujeres de Meco, y la apertura de expedientes a dos funcionarios de esta prisión.
"No descarto que se haya producido nada", ha respondido Gallizo al ser preguntada por la posible existencia de relaciones sexuales entre las reclusas y algunos funcionarios a cambio de un trato de favor, aunque sí ha dicho que no hay constancia de que se tratara de facilitar drogas a las reclusas.
La secretaria general ha admitido que el 4 de abril un funcionario entró en una celda de la prisión a altas horas de la madrugada y permaneció en su interior durante un espacio de tiempo que, según Gallizo, no está justificado de ninguna manera.
"No estamos dispuestos a transigir con ningún comportamiento irregular", ha manifestado Gallizo, quien ha señalado que, temporalmente, se encuentra como director en funciones un miembro de la Inspección Penitenciaria que está investigando estos hechos.
Debido a que el funcionario permaneció "un tiempo" en la celda, la investigación que se organizó al conocerse la denuncia no descarta "nada", incluidos las relaciones sexuales. Las dos presas implicadas han sido trasladadas de centro penitenciario, aunque Gallizo no desveló en cuál están ahora.
Después de que se conociera esta denuncia de abril, y sumada a la ya presentada en enero, la secretaria general explicó que fue ella misma la que tomó las medidas necesarias para iniciar la investigación en Alcalá Meco (ahora llamada Madrid I), ya que consideró que se trataba de un tema de "extrema gravedad".
"Contundencia y mano dura"
Gallizo, que decidió ofrecer esta rueda de prensa para aclarar todo lo sucedido y las medidas que se han adoptado, defendió que ante las denuncias presentadas se ha actuado con "absoluta contundencia y mano dura" tanto contra los funcionarios expedientados, uno por la supuesta introducción de alcohol y otro por entrar en una celda por la noche, como contra los mandos directivos de la prisión, en total tres personas.
Según indicó, el cese de la cúpula directiva se debió a que no tomó medidas "con la celeridad necesaria" para responder a los "comportamientos inaceptables y manifiestamente deleznables" que supuestamente se habían cometido en la prisión.
"Debe quedar limpio el nombre de esta institución. Vamos a dedicar todos los esfuerzos a cortar por lo sano estas malas prácticas", añadió.
A pesar de todo, Gallizo confirmó que no se han producido más denuncias en este centro, algo que, según explicó, ha podido confirmar al revisar los correos electrónicos con los que mantiene contacto con los funcionarios y las cartas que le envían los reclusos.
"No tiene nada que ver" con la ley de igualdad
La secretaria general también anunció que pedirá su comparecencia en el Congreso de los Diputados para explicar lo ocurrido en la prisión, al tiempo que descartó que todos estos incidentes se hayan producido por la entrada en vigor de la Ley de Igualdad.
A su parecer, los responsables son personas que han actuado de forma "inaceptable", lo cual "no tiene nada que ver" con una ley que obliga a no discrimar a las mujeres a la hora de incorporarse a este tipo de puestos de trabajo.
De hecho, afirmó que el de Alcalá Meco es un centro penitenciario que desde hace años cuenta con una plantilla de mujeres superior a la de hombres, y que estas proporciones no han variado desde que la Ley de Igualdad entró en vigor en el año 2007.
Por último, Gallizo quiso dejar claro que los comportamientos indebidos detectados en la prisión son "actuaciones individuales" que no deben "empañar en absoluto el buen nombre de estos funcionarios", más de 25.000 en España, de los cuales "la mayoría son extraordinarios funcionarios" que trabajan "con rigor y respetando los derechos de los demás".