La reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha fracasa tres años después

Las Cortes de Castilla-La Mancha han dado el paso definitivo para enterrar la reforma del Estatuto de Autonomía de la comunidad 39 meses después de que ese mismo parlamento fuera el primero que impulsara una modificación estatutaria por unanimidad. La asamblea regional castellanomanchega, con los votos del PSOE y el rechazo del PP, ha solicitado a las Cortes Generales la retirada de la reforma estatutaria, un asunto central en el sexenio de José María Barreda como presidente de la comunidad y en los casi cuatro años de María Dolores de Cospedal como jefa de la oposición.

A continuación disponen de una cronología del proceso de reforma del Estatuto:

20 de octubre de 2004: Primer debate sobre el estado de la región como presidente regional, cuando Barreda propuso la reforma del Estatuto para que Castilla-La Mancha pudiera decidir en la gestión del agua, con su incorporación a las Confederaciones Hidrográficas y a la Comisión Central de Explotación del Trasvase Tajo-Segura.

31 de mayo de 2005: En el Día de Castilla-La Mancha, Barreda reclamó la constitución de una ponencia en las Cortes regionales para adaptar el Estatuto de la región al siglo XXI.

6 de octubre de 2005: Barreda; el entonces presidente de PP de Castilla-La Mancha, José Manuel Molina, y Patrocino Gómez, en nombre del PSOE, suscribieron un manifiesto, conocido como Acuerdo de Fuensalida, en el que se sentaron las bases para la reforma del Estatuto. Poco después se constituyó un grupo de trabajo con tres representantes del PSOE (José Molina, Jesús Fernández Vaquero y Patrocinio Gómez) y otros tres del PP (Leandro Esteban, María Ángeles García y Lucrecio Serrano) para dar forma al texto.

Junio de 2005: Ese grupo de trabajo concluyó un primer borrador, coincidiendo con la elección de María Dolores de Cospedal como presidenta del PP de Castilla-La Mancha tras la renuncia de Molina, relevo que supuso la incorporación a las negociaciones de Vicente Tirado y Ana Guarinos en sustitución de García y Serrano.

 26 de octubre de 2006: Se alcanzó un principio de acuerdo sobre la reforma, con la medida estrella en política hídrica: ir reduciendo los trasvases del Tajo-Segura hasta su fecha de caducidad en 2015.

29 de enero de 2007:  El pleno de las Cortes de Castilla-la Mancha aprobó por unanimidad la propuesta de ley de reforma del Estatuto, que fue registrado en el Congreso de los Diputados dos días después. El texto quedó aparcado y su tramitación se pospuso hasta la actual Legislatura.

14 de octubre de 2007: Se toma en consideración el texto por el pleno del Congreso, con el apoyo de todos los parlamentarios menos Rosa Díez y dos eurodiputados del PP de Murcia. En esa sesión, José María Barreda advirtió de que pediría la retirada del texto si resultaba "devaluado" en la tramitación.

Febrero de 2009: En el trámite de enmiendas, PSOE y PP renunciaron a la caducidad del trasvase y la sustituyeron por una reserva de 600 hectómetros "no trasvasables" para el Tajo, en el caso de los socialistas, y por una reserva de 600 hectómetros para toda Castilla-La Mancha en las enmiendas del PP.

Diciembre de 2009: A falta de acuerdo, el PSOE lanzó una propuesta para incluir en el Estatuto una reserva de 6.000 hectómetros cúbicos para Castilla-La Mancha. Finalmente, la propuesta socialista pasaba por indicar, sólo en el preámbulo del texto, que Castilla-La Mancha consideraba necesaria una reserva de 4.000 hectómetros cúbicos de agua. El PP ofertó mantener la alusión a los 4.000 hectómetros cúbicos como una estimación de necesidades de agua realizada por la Junta de Comunidades, sin mencionar el término "reserva".

21 de abril de 2010: La falta de acuerdo motivó que el PP votara en contra del texto en la comisión Constitucional del Congreso y que el PSOE optara por no llevarlo al pleno, con el argumento de que no habría obtenido los 176 apoyos necesarios para aprobar la reforma.

26 de abril de 2010: Las Cortes regionales han certificado el final de la andadura de la reforma, la primera que fue aprobada por unanimidad por el Parlamento de origen, la que más tiempo ha permanecido en el Congreso y la segunda, tras la del Estatuto canario, que será retirada de las Cortes Generales