Amplían la demanda argentina del franquismo con documentación del "genocidio gallego"

• Se suman a la demanda víctimas de esa región y documentan 5.000 casos
• También incluirá a una veitena de fallecidos con nacionalidad argentina

La querella presentada en Argentina para investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura franquista se ampliará esta semana con 5.000 casos documentados de víctimas en Galicia, según fuentes judiciales.

Entre los nuevos casos que se presentarán ante la justicia argentina figuran las denuncias de Flor Baena, hermana de Humberto, miembro del Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP), y de Silvia Carretero, esposa de Luis Sánchez Bravo, también miembro de esta organización.

Baena y Sánchez Bravo fueron dos de los cinco últimos fusilados por el régimen franquista, el 27 de septiembre de 1975.

La documentación que se presentará el próximo viernes ante la jueza María Romilda Servini de Cubría en la Cámara Federal de Buenos Aires documenta más de 5.000 casos de torturas, detenciones ilegales y crímenes cometidos en Galicia entre el 18 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, incluidas las desapariciones de una veintena de ciudadanos argentinos, ha explicado el abogado Gustavo García.

Los informes, agregó el abogado español, están documentados con declaraciones oficiales, fotografías e incluso vídeos, resultado del trabajo de investigación que comenzaron a realizar en el 2006 tres universidades gallegas bajo el lema Los nombres, los lugares, las voces.

Parte de estos documentos integraban la causa abierta por el juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón, actualmente procesado por investigar esos crímenes.

“Que se reconozca que en Galicia hubo un genocidio, aunque no hubo frente de guerra“

El objetivo es lograr "que se reconozca que en Galicia hubo un genocidio, aunque no hubo frente de guerra", ha dicho García, que ha recordado que organizaciones de memoria histórica cifran en más de 25.000 el número de víctimas en esta comunidad.

Una demanda histórica

Gustavo García, que trabaja desde hace más de diez años con abogados argentinos y chilenos que investigan los crímenes de lesa humanidad cometidos en sus países, confía en que la Justicia argentina lleve adelante el proceso, como ocurrió cuando Garzón juzgó a represores argentinos.

Para lograrlo, los demandantes se sumarán a la querella presentada el pasado 14 de abril en Buenos Aires por un grupo de abogados encabezados por Carlos Slepoy con el respaldo de organizaciones de argentinas de derechos humanos.

El letrado Carlos Slepoy ha explicado en 'La Noche en 24 Horas' los argumentos de la querella que han presentado este miércoles ante un triubunal de Buenos Aires en nombre de varias víctimas de la dictadura española, en la que se dio una "criminalidad masiva y continua". Además, ha defendido al juez Garzón.

Aunque hacían alusión a más de 100.000 víctimas, la denuncia la encabezaban los familiares de dos de ellas, incluida precisamente una gallega, Daría Rivas Cando. Su padre Severino fue fusilado en 1936 cuando era alcalde de Castro de Rei (Lugo).

La querella se fundamenta en el principio de "jurisdicción universal" para juzgar crímenes de lesa humanidad contemplado en la Constitución argentina y consagrado en el derecho internacional. No obstante, todavía no se aplicado en el país latinoamericano.

Los letrados solicitan a la Cámara Federal de Buenos Aires que recabe datos sobre miembros de los gobiernos españoles en funciones desde la sublevación del 36 hasta la llegada de la democracia, así como de los mandos del Ejército, Guardia Civil, Policía Armada, directores generales de Seguridad y dirigentes de Falange Española.

Además, solicitan listas de desaparecidos, asesinados y torturados y de las fosas comunes halladas en España, un censo de los niños robados durante la dictadura e información de "todas las empresas privadas beneficiadas del trabajo forzado y esclavo de los presos republicanos que aún siguen activas".