La Generalitat deberá pagar por la demora en desarrollar la Ley de Dependencia

• El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña obliga a pagar 2.435 euros
• Según el colectivo que presentó la denuncia, podría sentar precedente

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha obligado a la Generalitat a pagar a un beneficiario de la Ley de Dependencia los atrasos correspondientes a los casi cinco meses transcurridos desde su entrada en vigor, en enero de 2007, hasta que en mayo la desarrolló.

En la sentencia, el alto tribunal catalán estima el recurso que presentó el padre de un niño discapacitado contra el Institut Català d'Assistència i Serveis Socials y el Departamento de Acción Social por denegarle los atrasos derivados de la fecha de entrada en vigor de la Ley.

El TSJC reconoce el derecho del niño a cobrar 487 euros mensuales por la prestación de cuidador no profesional, con efectos desde 1 de enero de 2007, por lo que podrá cobrar 2.435 euros en concepto de atrasos.

Vulneración de la norma

Para el tribunal, los efectos económicos derivados de la Ley de Dependencia aprobada por el Gobierno central deben fijarse a 1 de enero de 2007, pues "el calendario que en aquélla se contempla resulta directamente aplicable y exigible" desde la entrada en vigor de la normativa, sin necesidad de su ulterior desarrollo reglamentario.

Por este motivo, la sentencia concluye que el Institut Català d'Assistència vulneró la norma al fijar a 30 de mayo de 2007 los efectos económicos de la prestación objeto de litigio.

El recurso fue presentado por Antonio Moreno, presidente de la asociación de padres de discapacitados Papás de Àlex, inicialmente ante la Generalitat y después ante un juzgado de lo social de Barcelona, que desestimó su demanda.

Por ese motivo, Antonio Moreno presentó un recurso al TSJC, que ha acabado dándole la razón en una sentencia. En opinión del colectivo Papás de Àlex, la sentencia abre la puerta a que todos los grandes dependientes que solicitaron la prestación en mayo de 2007 puedan cobrar los atrasos correspondientes.

El colectivo ha alegado que se estaba vulnerando el principio de igualdad respecto a otras comunidades autónomas: en Navarra, por ejemplo, se empezaron a otorgar programas de individualización a grandes dependientes en marzo del pasado año, casi dos meses antes que en Cataluña.