Brasil examina su ley de Amnistía 30 años después

• El Supremo discute desde este miércoles una demanda contra el texto
• La ley exonera de los crímenes políticos cometidos entre 1961 y 1985
• Los demandantes consideran que las torturas no son crímenes políticos
• El tema divide al Gobierno de Lula y a la sociedad civil

Unos consideran que una ley en la que un régimen se autoamnistía de sus propios crímenes no es válida. Otros, que supone reabrir viejas heridas y hundir al país en una crisis institucional en un momento en el que se debe mirar hacia el futuro. Y todos observan con atención lo que decidirá su más alto tribunal, encargado de decir treinta años después si se puede juzgar a los torturadores y asesinos de la dictadura.

En esta situación -que se produce en pleno debate en España sobre la ley de Amnistía y el procesamiento al juez Garzón- se encuentra a partir de este miércoles Brasil, el país más importante de América Latina.

Allí once magistrados revisan desde este miércoles la demanda presentanta por la Orden de Abogados, que exige que se revise la Ley de Amnistía aprobada en 1979.

"El Supremo permitirá que sean instaurados procesos contra los torturadores para que respondan por sus acciones penales. No se trata de venganza sino de rescate de la historia", ha asegurado el presidente de la Ordend e Abogados, Ophir Caravante, en declaraciones a Zero Hora.

¿Crímenes comunes o políticos?

En concreto, el punto de mira de los letrados está en un artículo, el primero de la misma que dice lo siguiente: "Se concede de la amnistía a todos que en el periodo comprendido entre el 2 se septiembre de 1961 y el 15 de agosto de 1979 cometieron crímenes políticos".

Los demandantes -que presentaron el recurso en octubre de 2008- considera que sí se pueden juzgar "los crímenes comunes practicados por agentes públicos acusados de homicidio, desaparición forzosa, abuso de autoridad, lesiones cpporales, violanciones y violencia contra los opositores".

La abogada Eugenia Fevero ha concretado al diario Última Hora, que el texto de la ley "no dice expresamente que se amnistía a militares y torturadores".

Además, puntualiza, este artículo entonces iría contra la Convención Americana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos (OEA), que ha firmado Brasil y que impide a un estado autoamnistiarse de sus crímenes.

Fevero, una de las signatarias de la demanda, pide especialmente la responsabilidad penal de los ex jefes de la DOI-Codi, el principal centro de tortura de Sao Paulo en 1970.

División en el Gobierno

En el otro lado, miembros destacados del Gobierno de Lula -que estuvo encarcelado algunas semanas durante la dictadura por sus actividades como sindicalista- han rechazado que se permita juzgar ahora los crímenes de la dictadura por considerar que la ley de Amnistía fue un amplio acuerdo político que permitió al país ir hacia adelante en el camino de la democracia.

Si el acuerdo político estuvo bien o mal hecho no está en discusión. El tema es que el país debe mirar hacia adelante y no hacia atrás", ha declarado el ministro de Defensa, Nelson Jobim, en declaraciones recogidas por Efe.

El problema es que no existe consenso en el propio gobierno sobre este asunto. Els ecretario nacional de derechos humanos, Paulo Vanucchi, sostiene que en tiempos de la dicradura tampoco había ley alguna que permitiese la tortura y que ésta "no es un crimen político, sino un delito común".

Mientras, el diputado opositor Jair Bolsonaro ha advertido que cambiar en algo la ley de Amnistía "sería el fin de la pacificación nacional".

En la misma línea se ha pronunciado Gilmar Mendes, el magistrado que presidía el Supremo la semana pasada y que considera que tocar la ley de amnistía generaría "inestabildad institucional".

El presidente brasileño no ha declarado su postura con claridad, pero se inclina más por mirar al futuro y "dar visibilidad a las víctimas" en vez de perseguir a sus torturadores.

Un camino abierto en otros países

En realidad, lo que se juega en Brasil es si sigue el camino por el resto de países sudamericanos que sufrieron dictaduras militares durante los conocidos como 'años de plomo', es decir, Uruguay, Argentina y Chile, o bien mantiene su propio camino y decide dejar la ley de Amnistía tal y como ésta, como ocurre en España.

Estos otros países tenían leyes similares de punto final y obediencia debida, pero fueron revocadas posteriormente, de forma que esta misma semana se ha revocadoel indulto del dictador argentino Videla y su ministro de Economía concedido por el presidente Menem por parte de la Corte Suprema argentina.

La Ley de Amnistía fue firmanda quince años después de que los militares perpetrasen un golpe de Estado contra el gobierno izquierdista de la época y seis antes de que Brasil emprendiese su camino a la democracia.