La Abogacía de la Generalitat valenciana dice que todas las contrataciones son legales

• Un informe desvela adjudicaciones irregulares de Camps a Gürtel
• Los socialistas lo sacan a la luz en el Parlamento valenciano
• Habla de fraccionamiento de contratos y de facturas ilegales

El caso Gürtel ha protagonizado la sesión de control en las Cortes valencianas

La Abogacía de la Generalitat ha asegurado este jueves, a través de un informe  dado a conocer mediante un comunicado por el Gobierno valenciano, que  todas las contrataciones realizadas por la administración autonómica  "se ajustan a la más estricta legalidad y cumplen lo establecido en  la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas". 

Es la respuesta al otro informe presentado por el Partido Socialista de Valencia (PSPV)   sobre el 'caso Gürtel' en el que se desvelan adjudicaciones  irregulares del Gobierno de Francisco Camps a Orange Market y  la convalidación de facturas ilegales con empresas de la trama.

El documento que ha mostrado el portavoz socialista en el Parlamento  valenciano, Angel Luna, ha sido elaborado por la Unidad de  Auxilio Judicial y realizado por interventores del  Estado, inspectores de Hacienda, funcionarios del Banco de España. Analiza 85  operaciones de la Generalitat, ejecutadas bajo mandato del  PP; concretamente de Presidencia, Vicepresidencia, siete Consellerias  y 17 órganos gestores.

La abogacia de la Generalitat ha manifesatado además en el documento su "total discrepancia"  con las "infundadas conclusiones" de la Unidad de Auxilio Judicial,  quien, a través de otro informe en relación con el 'caso Gürtel',  concluyó que en al menos 14 actividades se fraccionó el objeto del  contrato en varios contratos menores "con el fin de no utilizar otros  procedimientos de contratación", como el negociado o abierto, y  "vulnerando los principios de publicidad y concurrencia" recogidos en  la normativa reguladora de la contratación pública. 

"Absoluta corrección"

Al respecto, la Abogacía de la Generalitat ha señalado que el Gobierno  valenciano, en el marco de sus competencias, "ha actuado en todo  momento con la más absoluta corrección y legalidad en todos los temas  relacionados con la contratación pública" y ha asegurado que "nunca un  miembro del gabinete de la presidencia ha tenido la responsabilidad  de decidir sobre estas contrataciones, como así se recoge en el  decreto pertinente", según ha informado la misma fuente.

En este caso, considera que la valoración recogida en el informe  de la Unidad de Auxilio Judicial "demuestra un profundo  desconocimiento de la normativa de Administración de la Comunitat  Valenciana y su sector público".

En esta línea, insiste en que la gestión de la Generalitat "ha  sido perfectamente auditada y fiscalizada sin que se haya encontrado  ningún elemento de ilegalidad en los órganos de control, como son la  Intervención General o la Sindicatura de Comptes".

El informe redactado por la Abogacía expresa "su total  discrepancia con las desproporcionadas, infundadas y, en algún caso,  falsas conclusiones de la Unidad de Auxilio Judicial, que se ha  extralimitado en sus apreciaciones respecto a una actividad  contractual realizada por esta Administración de forma totalmente  ajustada a la legalidad vigente". 

La Abogacía de la Generalitat ha incidido en que todos los contratos  "son legales", "no sólo porque las empresas contratadas son  diferentes y la cuantía es correcta sino porque el órgano contratante  es diferente en cada uno de los casos y la contratación se produce  para labores diferenciadas".

"En el momento de la contratación no había indicio alguno, ni  investigación conocida, que pudiera alertar sobre un presunto  entramado de empresas. Todos los pagos han sido debidamente  fiscalizados sin que haya existido ilegalidad en ninguno de ellos",  añade.

Asimismo, añade que el informe "pone en cuestión a los  funcionarios de la Generalitat: por un lado reconoce que estas  operaciones no proceden del mismo órgano o unidad administrativa y  por el otro cuestiona el recto trabajo de los funcionarios". 

El informe presentado por el PSPV también acredita que "en más de 50 ocasiones se fraccionaron, vulnerando la ley, contratos adjudicados a Orange Market

El documento también prueba que "el gobierno de Camps vulneró la ley en más  de 50 ocasiones", ha subrayado el portavoz socialista. "Hay más de cinco  facturas de contratos de adjudicación directa que exceden los límites  que establece la ley, otras donde se incumple claramente el objeto de  contrato; hay facturas en las que no consta el cumplimiento del contrato  y en las que se produce duplicidad en el pago de los servicios", ha subrayado Luna.

Luna ha preguntado en la sesión de control valenciana por los "fraccionamientos de contratos" en la Administración valenciana con estas empresas y ha exhibido ese informe.

Camps defiende la legalidad de las adjudicaciones

Por su parte, el presidente de la Generalitat ha defendido esas adjudicaciones realizadas por el Gobierno valenciano y ha asegurado que la Sindicatura de Comptes dice que "todo está bajo el control de legalidad y en perfectas condiciones".

Además, ha señalado que la institución fiscalizadora "no ha encontrado los elementos que configuran una contabilidad que no sea responsable" y ha denunciado que había más fraccionamiento en la etapa de Gobierno socialista al frente del Consell.

Camps ha afirmado que durante la época del Gobierno socialista en la Comunitat se realizaron el 54%  de los contratos sin publicidad, mientras que en la era del PP no llega al 10%, según ha dicho.

PSPV: "Se ha vulnerado la publicidad y concurrencia"

Luna, por su parte, ha acusado al presidente de la Generalitat de "refugiarse en la opacidad" y en la "ficción de que no hay ningún cuestionamiento judicial" a su acción de Gobierno.

 "El día 12 se pronuncia el Tribunal Supremo y eso les tiene a ustedes aterrorizados y paralizados con lo que supone en estos momentos de crisis económica que azota especialmente a la Comunidad Valenciana", ha acusado el portavoz socialista.

"Sigue aferrado al 'esto no es lo que parece", ha dicho, y ha advertido de que "cuando la Justicia actúa, la ficción se desmorona". 

El socialista ha dicho que de los 80 expedientes, "en más de 50 ocasiones, se ha vulnerado la ley" de contratos al considerar que ha habido un "fraccionamiento" en cuatro contratos menores y con la misma empresa, con el objeto de "no utilizar otros procedimientos de contratación negociado o abierto", por lo que se han "vulnerado los principios de publicidad y concurrencia", explica el informe.

Luna ha explicado que hay cinco facturas por adjudicación directa que "exceden el límite" legal; hay otras donde se "incumple el objeto del contrato" como el de Orange Market con Vaersa; otras en las que "no consta el cumplimiento" del objeto de contrato; y también destaca facturas con "duplicidad" en el pago de los servicios.

El PSPV destaca casos como el de Fitur 2005 en el que "se debería haber excluido a Orange Market" porque no había acreditado su solvencia. El informe también "habla de convalidación de facturas ilegales" con motivo de esta feria de turismo, por parte de la Conselleria.

Los diputados del PP han mostrado su respaldo al presidente del Consell en repetidas ocasiones a lo largo de la sesión de control con aplausos.

El más llamativo y sonado tuvo lugar antes de que Camps realizara su última contestación a Luna -que le ha advertido de que el PP se "resquebraja"-, y lo que ha comenzado con un aplauso aislado desde la bancada 'popular' termino alargándose durante más de un minuto con los parlamentarios del PP en pie ovacionando al jefe del Consell.