Las 21 empresas del Estado, entre el servicio público y la liquidación

• La SEPI gestiona 21 compañías públicas con cerca de 33.900 empleados
• La plantilla de la Administración estatal se redujo un 25% en 10 años

El Gobierno se ha comprometido a presentar un plan de reducción de estructuras y empresas públicas de la Administración General del Estado -es decir, aquellas que dependen del Gobierno Central- dentro de las medidas de austeridad que persiguen reducir al 3% el déficit público en 2013.

Según ha adelantado la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía, Elena Salgado, se fusionarán aquellas empresas públicas más instrumentales y con menor número de trabajadores "para mejorar su eficiencia y reducir el gasto". Pero según RNE, eso no supondrá ningún recorte de plantilla, aunque sí una reducción de altos cargos. El año pasado estas empresas estatales ya empezaron a disminuir sus contrataciones temporales.

En la actualidad, el Estado mantiene una participación mayoritaria (más del 50% del capital) en 21 empresas, todas integradas en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI. En diciembre de 2009, la plantilla de todas ellas superaba los 33.800 trabajadores.

Pero la tipología de esas empresas es muy diferente, desde las que compiten en sectores considerados estratégicos hasta aquellas que se encuentran en proceso de liquidación, pasando por las que prestan servicios públicos.

Prestación de servicios públicos

Casi dos de cada tres empleados adscritos a la SEPI trabajan en las seis empresas que instrumentan políticas públicas. Entre ellas destaca TRAGSA que, con más de 21.500 empleados y un 51% de participación pública, se encarga de la atención al desarrollo rural, la conservación del medio ambiente y la asistencia en situaciones de emergencia, como vertidos de crudo en el océano o el sacrificio de animales en caso de epidemias.

También en el sector agrario actúa SAECA (80% de capital público y una plantilla de 32 personas), encargada de dar cobertura a las inversiones en empresas forestales, agrícolas, ganaderas, pesqueras o las relacionadas con la agroalimentación.

Y para gestionar, en colaboración con los municipios, los mercados de abastos existe MERCASA, que tiene la mitad de su capital público y 130 empleados.

La Agencia EFE ofrece información general y especializada a prensa escrita, radio y televisión. Cuenta en la actualidad con 1.250 trabajadores y la totalidad de su capital es público.

Otras dos compañías que sirven de instrumento al Estado son SEPIDES e INFOINVEST, ambas enfocadas a la promoción y el desarrollo empresarial. La primera trata de conseguir inversión y financiación para proyectos empresariales, mientras que la segunda se dedica a revitalizar la economía de zonas que han vivido algún tipo de reconversión.

Competitivas y estratégicas

El Estado también es accionista mayoritario en seis empresas orientadas, según la SEPI, "a mercados competitivos". La más importante de este grupo es Navantia, dedicada a la construcción naval militar y que emplea a casi 5.700 trabajadores. Procede de la disgregación del Grupo Izar (ahora en liquidación) y un máximo del 20% de sus pedidos puede ir destinado al sector civil.

Otras dos empresas (ENSA y ENUSA) trabajan en el sector energético, especialmente en todo lo relacionado con centrales nucleares. ENSA se dedica a la fabricación de piezas, el mantenimiento y el suministro de esas plantas, así como de otras instalaciones energéticas, químicas y siderúrgicas.

También DEFEX cubre una actividad considerada sensible, ya que se encarga del comercio exterior de productos vinculados al sector de defensa y seguridad.

El Hipódromo de la Zarzuela y CETARSA, centrada en producción y comercialización del tabaco, son otras empresas públicas incluidas en este grupo.

En liquidación

La SEPI también incluye los restos de compañías en proceso de liquidación, ya sea por el cese de su actividad o por una reconversión.

El núcleo principal de este grupo es Hunosa, donde trabajan más de 2.300 personas. La empresa minera ejecuta en estos momentos el Plan 2006-2012, que prevé asegurar la continuidad de la explotación minera -como una reserva estratégica que garantice el abastecimiento energético del país- con un objetivo de producción para este año es de 860.000 toneladas de carbón, y que al mismo tiempo intenta promover el desarrollo de actividades alternativas en las cuencas asturianas para mantener el empleo.

El resto de las empresas de este grupo ya no cuentan con empleados adscritos. Eso sucede con PRESUR (por el cese de la explotación de minas de hierro y cobre) y en Astilleros Españoles, IZAR, INIEXPORT (dedicada a promover actividades comerciales e industriales en el exterior), Alimentos y Aceites y SEDETTUR (impulso tecnológico al sector turístico), residuos todas ellas de reconversiones o reordenaciones de la participación pública.

En una situación diferente está MAYASA, encargada durante años de la regulación del mercado de uranio en nuestro país y de la explotación de las minas Almadén, las mayores productoras mundiales de ese mineral, altamente contaminante. Después del cierre de Almadén, los 69 empleados de esta empresa se dedican a la rehabilitación medioambiental de la zona y a la gestión de las fincas rústicas del entorno.

Caso aparte supone COFIVACASA, sociedad pública dedicada a gestionar la liquidación de todas las empresas públicas anteriores.

También en proceso de liquidación se encuentra el Ente RTVE, pendiente de los últimos coletazos del Expediente de Regulación de Empleo que ha supuesto la salida de más de 4.000 profesionales.

Su heredera, la Corporación RTVE, ya no depende de la SEPI, aunque esta sociedad pública mantiene una participación del 46% en esa entidad que agrupa los medios de comunicación públicos TVE, RNE y RTVE.es.

Menos plantilla del Estado

La descentralización del Estado central hacia las autonomías ha provocado que la plantilla total de la Administración General del Estado, contando las empresas públicas mencionadas, se haya reducido un 25% en los últimos 10 años, situándose en la actualidad en 576.000 trabajadores.

De ellos, en torno a 240.000 son empleados de la Administración Central y el resto, de la Administración de Justicia (23.000), los organismos y empresas públicas (50.500) y las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado (el único grupo que ha aumentado en la última década hasta situarse en 239.000).

Esta plantilla se reducirá aún más con las medidas aprobadas recientemente por el Gobierno Central que limitan la tasa de reposición del empleo público (sólo se incorporará un nuevo funcionario por cada diez que se jubilen) y congelan la oferta de empleo público.

Por el contrario, el número de empleados públicos de las comunidades autónomas ha crecido más de un 30% desde 2001 y está muy cerca del millón y medio. Más de la mitad de esa cantidad son empleados del Sistema Nacional de Salud y uno de cada cuatro se encuadra dentro del personal de confianza o asesores personales.

Participaciones en Bolsa

El Estado también mantiene participaciones minoritarias en otras empresas, restos del intenso proceso de privatizaciones que comenzó en 1992 y que ha proporcionado a las arcas públicas ingresos superiores a los 42.000 millones de euros.

Esas participaciones oscilan entre el 20% que posee en Red Eléctrica Española, hasta el 5% de Enagás, pasando por el 8,65% que aún mantiene en Ebro Puleva, el 5,48% en la aeronáutica EADS, o el 5,19% en Iberia.

Estas cinco compañías cotizan en Bolsa desde su privatización y, por esa vía, han generado beneficios a la SEPI: los paquetes accionariales en poder del Estado acumulan una ganancias de entre el 13% y el 14% desde 2007. Así, por el momento, el Gobierno no se plantea deshacerse de sus participaciones, salvo en el caso de Iberia, de cuyo accionariado podría salir después de la fusión con British Airways.