Los hispanos se manifiestan en EE.UU. por una reforma migratoria y en contra de la ley de Arizona

• Las manifestaciones son menos multitudinarias de lo previsto
• Oscilan entre 50.000 en Los Ángeles y varios centenares en Washington D.C.
• El Estado de Arizona retoca la ley para aplacar las críticas

Manifestantes se reunen cerca de la Casa Blanca para pedir una reforma en las leyes de inmigración y como protesta ante la nueva ley en el estado de Arizona.

"Todos somos Arizona", "Educación, no deportación", "Obama escucha, estamos en la lucha". Son algunos de los lemas coreados por centenares de hispanos frente a la Casa Blanca. Piden que el presidente de EE.UU. impulse la reforma de la inmigración que prometió en campaña electoral.

La manifestación de la capital, Washington, es una más de las 70 convocadas en todo el país. La concentración más numerosa ha tenido lugar en el centro de la ciudad de Los Ángeles, en California, con alrededor de 50.000 personas según la Policía. Pero el movimiento se ha extendido por toda la nación, desde Nueva York a Phoenix, Arizona.

Una protesta nacional desatada por la ley recientemente aprobada en el Estado de Arizona. Una ley que permitía a la Policía interrogar y detener a un inmigrante simplemente por su aspecto. Bastaba con que pareciera "sospechoso".

2.400 kilómetros para protestar

En la concentración frente a la Casa Blanca, destacan cuatro jóvenes. Han recorrido 2.400 kilómetros a pie desde Florida. Partieron el pasado mes de enero. Desde una tribuna improvisada, exigen que se acaben las deportaciones de inmigrantes irregulares y que se permita la reagrupación de sus familias.

Uno de ellos, Juan Rodríguez, colombiano, explica a RTVE.es que ha venido para "trasladar un mensaje al presidente Obama de que tiene la responsabilidad de actuar e impulsar una reforma migratoria". Es primero de mayo, aunque en EE.UU. la fiesta del trabajo se celebra en septiembre. "Sí se puede", gritan, el equivalente español al "Yes we can".

Al término de la concentración, ha tenido lugar el único incidente. El congresista demócrata por Illinois, Luis Gutierrez, ha sido arrestado junto con otra treintena de personas por una sentada en la verja de la Casa Blanca. Gutierrez llevaba una camiseta donde se leía "Arrestadme a mí, no a mis amigos".

En el corazón turístico de la capital, los estadounidenses observan silenciosos la marcha. No muestran muchas simpatías. Karen, de Minnesota, responde que tiene "sentimientos encontrados sobre la inmigración" y se niega a explicarlos al periodista. Pero pone cara de malas pulgas cuando los manifestantes reclaman su parte del sueño americano.

Simon viene de Pennsylvania. Explica que el problema es el paro en el país: "un 16 ó 17%, no el 10% que dicen las autoridades". La crisis económica ha potenciado el rechazo a los inmigrantes. Muchos temen su competencia por los puestos de trabajo. "La cuestión no es que la ley de Arizona criminalice la inmigración irregular. Siempre ha sido un delito en nuestras leyes".

Arizona matiza la ley

Al otro extremo del país, en el foco de la polémica, la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, ha retocado la ley en un intento de pulir sus aspectos más criticados. Las enmiendas firmadas este viernes "dejan meridianamente claro que la discriminación racial es ilegal y no será tolerada en Arizona".

En particular, los cambios restringen los criterios raciales o étnicos que la Policía puede utilizar para interrogar a los sospechosos. Además,  los agentes sólo podrán dar este paso en el cumplimiento de otra ley; esto es, el sujeto debe haber infringido una norma o haber cometido un delito. Sólo entonces le podrán preguntar sobre su estatus migratorio. Pero no es precisa la detención previa.

No está claro si estas enmiendas serán suficientes. El departamento de Justicia estudia interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de Arizona, ya que la inmigración es competencia federal. Además, varios grupos hispanos preparan demandas civiles que exigen un referéndum previo. Si se presentan antes del 29 de julio, paralizarían la polémica ley un mínimo de dos años.