Reino Unido indemnizará a ex presos de Guantánamo para que oculten pruebas de tortura
- Las compensaciones serían millonarias
- La inteligencia británica había pedido un juicio privado
Seis ex presos británicos en Guantánamo podrían recibir indemnizaciones millonarias por su detención ilegal después de que un tribunal de apelaciones rechazase una solicitud de los servicios de inteligencia británicos para mantener secretas las pruebas de su complicidad en supuestas torturas.
Es la información que ha publicado este miércoles el diario The Guardian tras un veredicto del tribunal, según el cual el MI5 y el MI6, los servicios de inteligencia interior y exterior británicos, intentaron ocultar a la opinión pública las pruebas que afirman tener los presos, algo que habría violado el principio de transparencia en la justicia.
Los servicios de inteligencia pretendían que sólo los jueces y abogados especialmente seleccionados pudiesen ver la evidencia presentada por los demandantes, algo contra lo que protestaron varios medios de comunicación, entre ellos la BBC y los diarios The Guardian y The Times, así como grupos de defensa de los derechos civiles.
Todos ellos argumentaron que el secretismo que trataba de imponer el Gobierno violaba el derecho de los ciudadanos a un juicio justo y transparente, así como el derecho de libertad de expresión y el del público a saber lo que agentes del Estado habían hecho en su nombre.
Los ex presos niegan su vinculación con el terrorismo
Los seis ex presos de Guantánamo, Binyam Mohamed, Bisher al-Rawi, Jamil el-Banna, Richard Belmar, Omar Deghayes y Martin Mubanga, niegan haber estado involucrados en actividades terroristas.
Por ello, acusan a los servicios de inteligencia británicos de haber contribuido a su detención ilegal y exigen compensación económica por los daños y perjuicios sufridos durante su cautiverio.
Los jueces Maurice Kay y Sullivan rechazaron las razones de los servicios de inteligencia porque equivalían a 'socavar uno de los principios más fundamentales' del 'common law', la tradición jurídica inglesa.
Uno de esos principios, dijeron los jueces, es que 'los juicios deben tener lugar en público y los juicios pronunciarse también en público'.
Ahora el MI5 y el MI6 tienen un plazo de veintiocho días para que recurran al Tribunal Supremo si lo consideran oportuno aunque según funcionarios del Gobierno, lo más probable es que se ofrezca a los detenidos compensaciones millonarias en acuerdos extrajudiciales por ser preferibles a tener que airear en público la complicidad de las agencias del Gobierno en las torturas y abusos de prisioneros.