El fiscal es contrario a que uno de los condenados por el Yak 42 entre en prisión por motivos de salud

• Está condenado a tres años por falsear las identificaciones de fallecidos
• La defensa solicitó que se suspenda la ejecución de la condena
• El tribunal tendrá que dictaminar si suspende o no la ejecución de la sentencia

El teniente fiscal de la Audiencia Nacional Fernando Burgos se mostrará favorable a que el general de Sanidad Vicente Navarro, condenado a tres años de cárcel por falsear las identificaciones de 30 de los 62 militares muertos en el accidente del Yak-42 en Turquía, no entre en prisión por motivos de salud.

Así lo han informado fuentes jurídicas, que han precisado que esa será la postura que previsiblemente exponga el fiscal la próxima semana en el escrito que presentará ante la sección primera de la sala de lo penal de este tribunal, que también condenó a 18 meses de prisión al comandante José Ramírez y al capital Miguel Sáez como cómplices de un delito de falsedad en documento oficial.

Las defensas de los tres condenados han solicitado al tribunal, presidido por el magistrado Javier Gómez Bermúdez, que suspenda la ejecución de la sentencia -confirmada íntegramente el pasado mes de marzo por el Tribunal Supremo- por motivos de salud, la de Navarro, y por ser una pena inferior a dos años, la de los otros condenados.

La sala ha dado traslado al Ministerio Público para que informe sobre la conveniencia o no de que se suspenda la sentencia y, según han dicho las mismas fuentes, una vez que el fiscal reciba el informe solicitado al médico forense sobre el estado de salud de Navarro -que sufre una grave enfermedad-, informará "casi seguro" a favor de que éste no ingrese en prisión.

Justificantes de la indemnización

El fiscal Burgos está además pendiente de recibir los justificantes de ingreso del importe de la indemnización de 300.000 euros (10.000 euros para cada uno de los 30 militares fallecidos) a la que fue condenado a pagar el general Navarro y los otros dos acusados, si el primero no la satisfacía.

Otras fuentes jurídicas han señalado que Navarro, que pasó a la situación de reserva en 2004 -un año después de la catástrofe del Yak- y ahora está retirado, ha abonado esta misma semana dicha indemnización.

El fiscal, que durante el juicio pidió 5 años de cárcel para Navarro y 4 años y medio para Ramírez y Sáez, tiene también previsto mostrarse favorable a que éstos dos últimos tampoco entren en la cárcel, pues habitualmente las personas sin antecedentes penales condenadas a una pena inferior de dos años de cárcel no ingresan en prisión.

Una vez que el teniente fiscal presente su informe a la sala, será el tribunal el que tenga que dictaminar si suspende o no la ejecución de la sentencia.

Por otra parte, el abogado de Ramírez y Sáez, Francisco Javier Díaz Aparicio, ha recurrido hoy ante el Tribunal Constitucional y ha solicitado el amparo del Alto Tribunal para sus representados, según han indicado a Efe el letrado.

Expediente al comandante Ramírez y al capitán Sáez

Tras conocer el fallo en el que el Tribunal Supremo confirmaba la sentencia de la Audiencia Nacional, el Ministerio de Defensa abrió un expediente al comandante Ramírez y el capitán Sáez -que se encuentran en situación de reserva- para estudiar si los expulsa de las Fuerzas Armadas, lo que no hizo con Navarro porque ya estaba retirado.

El Supremo, que también confirmó la multa de 1.800 euros impuesta a Navarro y las de 900 euros a Ramírez y Sáez, consideró que el general de Sanidad no realizó la identificación de 30 de los 62 cadáveres, "sino que asigna un nombre a una bolsa, haciendo parecer que los había identificado, incluso lo manifiesta a sus superiores y a sus subordinados".

Para el alto tribunal, el comandante y el capitán médico José Ramírez y Miguel Sáez "conocían, o racionalmente pudieron prever, que los treinta cadáveres no habían sido identificados, pese a que el general Navarro así lo había comunicado".