El Gobierno aprueba el proyecto de Ley de Ciencia que trata de frenar la 'fuga de cerebros'

• Se incorporan en el texto sugerencias de los agentes implicados
• Elimina el sistema de becas del sistema público
• El texto se remitirá ahora al Congreso de los Diputados

El Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros el proyecto de Ley de Ciencia, la tecnología y la innovación, una norma que pretende retener el talento de los investigadores y consolidar a España entre los países con mayor producción científica del mundo.

Tras su aprobación, el texto será remitido al Congreso de los Diputados.

Desde que el pasado 12 de marzo se aprobara el anteproyecto de esta ley, se han incorporado sugerencias de los distintos agentes implicados en la investigación, si bien no se trata de modificaciones sustanciales, según fuentes conocedoras de este documento.

Esta norma pretende atraer cerebros extranjeros, reducir la burocracia, eliminar el sistema de becas del sistema público de investigación y establecer un contrato temporal con "todos los derechos", incluidos el derecho al paro y a la baja por maternidad.

De becas de investigación a contratos

Uno de los cambios más esperados de este borrador es que los investigadores predoctorales, que hasta ahora tenían una beca de dos años sin cotización ni derecho a paro más otros dos años de contrato, pasarán a cotizar con los derechos de cualquier trabajador desde el primer año.

Entre las novedades, la ley pretende definir una carrera científica "más estable, basada en méritos y suficientemente atractiva", así como suprimir las barreras de movilidad de científicos entre centros de investigación, universidades y empresas.

Financiación: La Nueva Agencia Estatal de Investigación

El borrador de la futura Ley de Ciencia contempla la creación de la Agencia Estatal de Investigación. Esta nueva entidad sería la encargada de gestionar los fondos estatales y ayudas en busca de una mayor eficacia para la asignación de dinero destinado a la investigación.

Prevé, asimismo, más y mejor cooperación entre la administración central y las autonómicas y entre España y los países europeos, así como mayor estímulo de la inversión privada en I+D mediante incentivos fiscales del mecenazgo.

La ley incluye la puesta en marcha de una Estrategia Estatal de Innovación para crear condiciones financieras favorables a la innovación y su internacionalización, una estrategia que ya se ha comenzado a elaborar y que será aprobada poco después de que se promulgue la ley de ciencia, según fuentes del Gobierno.