Aquino encabeza los resultados electorales en Filipinas tras una jornada de caos y violencia
- Las máquinas para el voto electrónico han causado grandes problemas
- Al menos siete personas han muerto en ataques
- El senador Benigno Aquino, hijo de Corazón Aquino, es el gran favorito
El senador Benigno Aquino, hijo de la ex presidenta Corazón Aquino, lidera con un gran margen la carrera por la jefatura del Estado, según resultados parciales de las elecciones presidenciales, marcadas por el caos y la violencia.
Aquino, de 50 años, ha obtenido, por el momento, cerca del 40% de los votos, por delante de Joseph Estrada (25,76%), ex presidente depuesto en el 2001 y condenado por por corrupción; y del senador Manuel Villar (13,98%), según la Comisión Electoral.
En paralelo a los comicios, al menos ocho personas han muerto y al menos una docena ha resultado herida este mates mientras en los colegios electorales se sucedían los fallos técnicos del sistema de votación electrónica.
Más de 50 millones de filipinos estaban convocados a elegir al sucesor de la también conservadora Gloria Macapagal Arroyo al frente del Estado, así como a otros 18.000 cargos locales y nacionales. En líneas generales, tanto la presidenta saliente como los principales candidatos son conservadores.
Debido a los citados problemas con las máquinas, que se instalaron pese a haber dado numerosos fallos en los ensayos previos, algunos electores han tenido que esperar más de seis horas a la puerta de los colegios y se tuvo que retrasar el cierre de los mismos.
El propio Aquino, ha tenido que hacer cola durante dos horas en su distrito de la ciudad de Tarlac (norte) cuando las máquinas instaladas en los colegios dejaron de funcionar cuando sólo había votado un 10% de los electores.
“Si los ciudadanos no pueden votar, será algo gordo“
"Estamos muy preocupados por estos fallos. Si los ciudadanos no pueden votar, será algo gordo", ha dicho el hijo de la ex presidenta Cory Aquino y de Ninoy Aquino, líder opositor contra la dictadura de Ferdinand Marcos asesinado en 1983.
Hartos de esperar durante horas, muchos votantes optaron por rellenar sus papeletas y dárselas a los funcionarios de la Comisión Electoral para que las introdujeran ellos mismos en los aparatos, algo prohibido en la nueva ley de voto electrónico, pensada para acabar con el tradicional fraude.
La lacra de la violencia
Tan habitual como el fraude es la violencia política, que no ha impedido el despliegue de unos 250.000 miembros de las fuerzas de seguridad.
Los episodios más violentos esta jornada se han producido en la conflictiva isla de Mindanao, en el sur del país, donde dos personas murieron en un tiroteo entre partidarios de dos candidatos rivales en un colegio electoral de la provincia de Maguindanao.
Otros tres aliados de un candidato a alcalde perdieron la vida y diez fueron heridos en un tiroteo en la provincia de Zamboanga Sibugay, también en Mindanao.
En la sureña provincia de Cotabato del Norte la violencia causó un muerto y un herido; en la provincia de Lanao del Sur, un muerto, y en la occidental isla de Palawan, un muerto y varios heridos.
En el sur, el pasado noviembre se registró uno de los más graves capítulos de violencia política en la historia reciente del país, con la
La campaña también ha estado teñida de sangre, con unos cien fallecidos directamente relacionados con los comicios, según datos policiales ofrecidos por Efe. Más de 200 personas murieron en las elecciones del 2004 y unas 130 personas en las del 2007, según la misma agencia.
La violencia política ha sido la gran mancha en el balance de la presidenta, que tras casi una década en el poder no se puede volver a presentar. Según numerosas fuentes, han sido miles las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por las milicias que apoyan al Gobierno.
Amnistía Internacional ha denunciado que la política de contrainsurgencia llevada a cabo por Macapagal no hace diferencias entre los combatientes del ala militar del Partido Comunista de Filipinas y los activistas de organizaciones legales.
Entre las víctimas, frecuentemente se han contado periodistas, defensores de los derechos humanos y sindicalistas, según ha denunciado el relator especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales.