Hacienda revela presuntas irregularidades contables del PP valenciano en el caso Gürtel

• Cree que pudo ocultar donaciones de empresas asociadas a la trama
• El PP se querella contra la Agencia Tributaria por prevaricación y falsedad
• El TS debate ahora si reabrir el procedimiento de Gürtel en Valencia

Un informe de la Agencia Tributaria revela presuntas irregularidades en la contabilidad del PP valenciano, que pudo ocultar donaciones recibidas de empresas empleadas para pagar a la sociedad Orange Market, dirigida por Álvaro Pérez, "El Bigotes", considerado el responsable de la "trama Gürtel" en esa Comunidad. Por su parte, el PP se ha querellado contra la Agencia Tributaria por prevaricación y falsedad documental por este informe.

El informe, al que ha tenido acceso Efe, fue solicitado por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, y analiza los pagos y cobros de Orange Market en 2007, año en el que se celebraron las últimas elecciones autonómicas y municipales. El sumario de Gürtel desvelado hace dos meses incluía un informe policial sobre Orange Market que concluía que hubo "financiación irregular" de los actos realizados por las empresas de la trama al PP valenciano.

Según el informe de Hacienda, durante el ejercicio 2007, Orange Market documentó mediante facturas e incluyó en su contabilidad "solamente una parte de los servicios realizados", pero también prestó otros "que no incluyó en su contabilidad, ocultando también el cobro recibido por ellos".

"El receptor único o principal de estos servicios, que dan lugar a cobros supuestamente no incluidos en contabilidad, es el Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV)", asegura la AEAT, que agrega que esos cobros "en B" se obtuvieron "en el marco de las elecciones valencianas y las elecciones locales de 2007".

Según las documentación analizada, Orange Market declaró haber prestado servicios al PPCV por importe de 751.903,44 euros, mientras que facturó otros 1.132.880 euros a la Generalitat valenciana y a organismos dependientes de ésta.

Un tercer bloque de clientes estaba compuesto por empresas como Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense S.A., Constructora Hormigones Martínez S.A., Luis Batalla S.A., Padelsa Infraestructuras S.A., Juan Sanz S.L., Piaf S.L. y otras.

"Sin embargo, de la documentación incautada en la sede de Orange Market se deduce que los servicios prestados al primer bloque de clientes (PPCV) son bastante superiores a los declarados contable y fiscalmente y hay dudas razonables de que algunos de los servicios prestados al tercer bloque pudieran no ser reales y encubrir la prestación de servicios al cliente del primer bloque", dice la AEAT.

Aportaciones anónimas de terceros

El informe analiza la relación de los ingresos ocultados por Orange Market con los gastos del PPCV derivados de las dos citas electorales.

La conclusión es que "del gasto total de la campaña, incluyendo la parte correspondiente a la cuota del IVA repercutido (en los casos en los que Orange Market emitió factura), una parte fue pagada por el PPCV y otra por terceros".

"La opacidad con la que se entregan las cantidades a Orange Market para el pago de los gastos de la campaña hace presumir que no se correspondan con recursos declarados o transparentes, por ello presumimos que esos pagos del PPCV se corresponden con donaciones o aportaciones anónimas recibidas de terceros", afirma Hacienda.

Para la AEAT, "la ocultación de ingresos, gastos, elementos patrimoniales y beneficios por parte de Orange Market no tiene causa alguna si su destinatario va a declararlos en sus estados contables, por lo que es razonable suponer que esos ingresos y gastos también se han ocultado por parte del PPCV".

El informe agrega que "la aplicación de los principios contables más básicos" obligaba al PPCV "a registrar como un ingreso propio de su actividad las donaciones o aportaciones recibidas y como gasto del ejercicio los servicios adquiridos a Orange Market o a terceros por conceptos de realización de los actos de campaña y de comunicación".

Hacienda recuerda que la ley no permite compensar un ingreso con un gasto sin reflejarlo en las cuentas y subraya que "ese es el fin de la contabilidad, dar información a la propia empresa y a terceros de la situación financiera de la entidad, pero también de la corriente real de bienes y servicios que circulan por ella".

"Es más, dadas las limitaciones y condiciones estrictas en que debe desarrollarse toda contienda electoral, en un partido político es mucho más importante conocer esa corriente real de bienes y servicios que cuáles son sus deudas y patrimonio en un momento dado", concluye.

Este informe se conoce en vísperas de que el Tribunal Supremo estudie este miércoles los recursos presentados por la Fiscalía y el PSOE valenciano (PSPV) contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) de sobreseer la causa abierta al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros altos cargos del PP valenciano en relación a la trama "Gürtel".

Querella del PP

Por su parte, el PP se ha querellado ante un juzgado madrileño contra la Agencia Tributaria por entender que ha cometido delitos de prevaricación y falsedad en documento público en este informe y argumentan que el informe no aporta pruebas de que el PP valenciano ocultara pagos a Orange Market por cuantía de 2,5 millones de euros, pagos correspondientes a la organización de la campaña de las elecciones autonómicas y locales de 2007.

La organización de Mariano Rajoy indica que en el informe "se advierte la intencionalidad clara y manifiesta" del autor de imputar "hechos punibles" al PP, y además "con desprecio de la verdad y ánimo tendencioso".

Con ello, añade la formación, se "rebasa los límites de la discrecionalidad técnica para sumirse en la más absoluta arbitrariedad con el espurio fin de servir como vehículo inculpatorio".

Para el PP, el objetivo que persigue la Agencia Tributaria, sólo con "la simple lectura del informe", no es investigar las cuentas de Orange Market -la empresa de Álvaro Pérez, "el Bigotes", con la que supuestamente contrató el PP valenciano la organización de actos de partido-, sino "conseguir una apariencia delictiva artificial".

Acusan los populares al funcionario autor del informe de dar "una apariencia de verdad oficial" a unas afirmaciones que, según consta en el texto de la querella, "no son más que elucubraciones gratuitas, interesadas y parciales". Aquí ve el PP "la trascendencia penal" de los hechos por los que presenta la querella.

También destaca que el informe se basa en "elementos no contrastados", sino al contrario, en "unas meras elucubraciones previas" provenientes de un informe anterior, el que redactó la Unidad de Delitos Fiscales de la Policía en julio del año pasado.