Entre el respaldo y las amenazas de ruptura de pactos, las autonomías inician sus propios recortes

• El presidente cántabro da un mes a sus socios socialistas para asegurar el AVE
• Canarias amenaza con retirar su apoyo al Gobierno si se aplazan inversiones 
• Los ejecutivos socialistas adoptan sus primeras medidas
• Las comunidades populares critican el retraso en los recortes nacionales

Los nuevos recortes anunciados el miércoles por el Ejecutivo han llevado a muchas autonomías a apresurarse a presentar sus propias medidas de ajuste y, en algunos casos como en Cantabria, a amenazar con romper los acuerdos de Gobierno si las grandes obras previstas en sus territorios se retrasan.

Amenazas de ruptura

Ha sido el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, del Partido Regionalista de Cantabria, el primero en avisar de las consecuencias políticas que puede tener el retraso de obras largamente esperadas. Revilla, que gobierna con el PSOE, ha dado a los socialistas un plazo de un mes para retomar la construcción del AVE Palencia-Santander, porque, de lo contrario, romperá el pacto de Gobierno que mantienen ambas formaciones desde 2003.

Pese a todo, el Ejecutivo cántabro ha sido uno de los primeros en aprobar recortes en los salarios de sus altos cargos, en concreto de un 15%.

También Canarias ha expresado su preocupación respecto a las inversiones comprometidas en las islas, que permitieron a Coalición Canaria apoyar los Presupuestos del Estado de 2010.

Si las medidas anunciadas afectan a esos compromisos, "tendremos las manos libres", ha avisado el presidente canario, Paulino Rivero, quien ha pedido la convocatoria urgente de la Conferencia de Presidentes para abordar el reparto del recorte entre las autonomías.

Las advertencias a los socialistas también han llegado desde Asturias, donde Izquierda Unida -que gobierna en coalición con el PSOE- ha dicho que tendría poco sentido seguir en un Ejecutivo que no desarrolle políticas de izquierdas.

Extremadura y País Vasco también están preocupadas por el futuro de las obras de alta velocidad en sus territorios.

Sobre las infraestructuras, el ministro de Fomento, José Blanco, ha querido tranquilizar a los representantes autonómicos y ha garantizado que dará prioridad a las inversiones que contribuyan a la cohesión territorial, como el AVE y el transporte ferroviario de mercancías.

Las primeras en actuar

Con amenaza sindical de huelga en la práctica totalidad de las autonomías, un buen número de gobiernos regionales ya ha anunciado rebajas salariales de sus cargos, que también se extenderán a los diputados de los parlamentos autonómicos -en torno al 15% en ambos casos- y, por supuesto, a los funcionarios.

Algunas autonomías, como Aragón, han convocado este jueves a los agentes sociales para explicarles las medidas adelantadas por Rodríguez Zapatero, que, según los empresarios aragoneses, llegan tarde y deberían ser más amplias.

Entre las comunidades con mayor peso, Andalucía ha anunciado una reestructuración de sus empresas públicas y la reducción del gasto farmacéutico, medidas que no afectarán a sus políticas sociales.

Mientras, el Gobierno catalán ha reiterado que subirá impuestos y rebajará el sueldo de los empleados públicos. La oposición de CiU ha denunciado el "despilfarro" del Gobierno catalán y su gasto desbocado, que ha conducido a la Generalitat a acumular un importante déficit, según los nacionalistas.

Desde País Vasco, el lehendakari, Patxi López, va a convocar a diputaciones y ayuntamientos para acordar una acción conjunta a la hora de aplicar las medidas, toda vez que el Ejecutivo autonómico está dispuesto a "arrimar el hombro".

Madrid ha considerado que las medidas de Zapatero eran "necesarias", pero implicarán el recorte de derechos sociales, según el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González. González se ha congratulado de los 250 millones que la región ha ahorrado por las medidas que el Ejecutivo autonómico puso en marcha y ha descartado ajustes adicionales.

Un máximo de 90 millones ahorra el Ayuntamiento de Madrid, el mayor de España, con la reducción del sueldo de sus empleados, tal y como ha calculado el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón.

También en Castilla y León se reducirán los salarios, según el presidente de esa comunidad, Juan Vicente Herrera, después del "giro de 180 grados" del "conductor suicida de un autobús en el que vamos todos los españoles", tal y como Herrera ha calificado a Zapatero.

En Castilla-La Mancha también ha habido acuerdo para bajar los sueldos de los responsables políticos, mientras que en Baleares su presidente, Francesc Antich, ha reclamado el esfuerzo de todos para hacer frente a la crisis.

Mientras, el presidente del PP, Mariano Rajoy, ha convocado este sábado a sus barones regionales para analizar las medidas de ajuste del Gobierno y la incidencia que tendrán en las comunidades autónomas.