El CGPJ autoriza el traslado de Garzón a La Haya, pero no le concede servicios especiales
- A Garzón no se le declara en situación de servicios especiales
- La decisión ha salido adelante con tres votos a favor y dos en contra
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha concedido al juez Baltasar Garzón la autorización para trasladarse a la Tribunal Penal Internacional (TPI), con sede en La Haya (Holanda), donde durante los próximos siete meses ocupará un puesto de consultor externo de la Fiscalía, aunque no le concede la comisión de servicios especiales que había solicitado.
El anuncio lo ha hecho la portavoz del órgano de gobierno de los jueces, Gabriela Bravo, después de que concluyera, alrededor de las 20.30 horas y después de poco más de una hora, la reunión de la Comisión Permanente que debía decidir sobre el traslado del juez.
La resolución, según la cual "no se aprecian razones legales que impidan la contratación" de Garzón en el TPI, ha contado con tres votos a favor y dos en contra, uno de la vocal progresista Almudena Lastra y otro del conservador Antonio Dorado.
Según Bravo, la decisión ha sido tomada por la Comisión Permanente del Consejo tras estudiar los informes que había solicitado después de que Garzón fuera suspendido cautelarmente el pasado viernes ante la apertura de juicio oral contra él por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo. El último de esos informes, que debía elaborar el propio CGPJ, se ha presentado al inicio de esta reunión.
Según el acuerdo, remitido por el CGPJ, a Garzón se le deniega la comisión de servicios especiales para concederle el traslado, aunque no se especifica la modalidad en la que se le traslada. De hecho, en su comparecencia la portavoz del CGPJ no ha respondido a las preguntas de los periodistas para aclarar en qué circunstancias se marcha el juez a La Haya y qué efectos pueden tener para su plaza al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
Los votos en contra
Respecto a las razones de los vocales que han votado en contra del acuerdo, según éste, la vocal Almudena Lastra ha formulado voto particular en contra de la resolución por entender que "no se resuelve lo solicitado" y que a Garzón, tal y como solicitaba, se le debía haber declarado en situación de servicios especiales.
Por su parte, Antonio Dorado se opone porque entiende que el acuerdo de la Comisión Permanente "debía haberse limitado" a la denegación de la situación de servicios especiales, "sin perjuicio de que una nueva petición de Baltasar Garzón de naturaleza distinta hubiera podido ser estimada".
Para tomar su decisión favorable al traslado, la Comisión Permanente del CGPJ ha tenido en cuenta los informes favorables del Tribunal Supremo, la Fiscalía General del Estado, del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional, que "comprede que de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial de España debía ser suspendido en sus funciones" no advierte "razones para modificar la decisión de contratar" a Garzón.
Exteriores y el Supremo, partidarios del traslado
Exteriores informó ayer al CGPJ que seguía respaldando el traslado de Garzón pese a sus suspensión provisional, mientras que el fiscal jefe de la CPI, Luis Moreno-Ocampo, contestó que esta medida cautelar no constituye obstáculo para su contratación.
Hoy mismo la Fiscalía General del Estado ha remitido su informe al Consejo, en el que señala que no hay impedimentos legales para que Garzón, pese a haber sido suspendido cautelarmente de sus funciones en la Audiencia Nacional, pueda ser declarado en situación de servicios especiales.
Por su parte, el informe que ha enviado también hoy al Consejo la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) señala que no se han adoptado en ninguna de las causas abiertas contra Garzón en el Alto Tribunal "medidas cautelares que impidan la residencia fuera de España del mencionado magistrado".
Los integrantes de la Comisión Permanente son el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, las vocales progresistas Margarita Robles y Almudena Lastra y los del sector conservador Manuel Almenar y Antonio Dorado.
La suspensión de Garzón fue acordada el pasado viernes por unanimidad por el pleno del Consejo después de que el magistrado del Supremo Luciano Varela abriera el pasado miércoles juicio oral al juez por un delito de prevaricación por declararse competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo.
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