La demanda de las víctimas del franquismo en Argentina supera el primer revés
- La jueza que rechazó el caso acepta la apelación de las víctimas, según estas
- Fernández de Kirchner ha alabado al juez Garzón, suspendido por este caso
La Justicia argentina ha aceptado el recurso planteado por familiares de víctimas del franquismo tras el rechazo inicial a la apertura en este país de una causa que investigue los crímenes de la dictadura española, han informado a Efe los abogados de los demandantes.
Tras la decisión anunciada este martes por la jueza federal María Servini de Cubría a las víctimas, será la Cámara Federal de Apelaciones la que finalmente decida si se inicia la causa, según ha explicado el letrado Ricardo Huñis, uno de los redactores de la demanda.
Aplicabilidad de la jurisdicción universal
La querella fue presentada el 14 de abril por un grupo de víctimas (al que después se sumó otro fundamentalmente de Galicia) que apelaban al principio de jurisdicción universal, recogido por la Constitución argentina (artículo 118) aunque todavía no aplicado en el país.
Hacían esa petición después de que en España no siguiera adelante la causa contra el franquismo instruida por el juez Baltasar Garzón, que ahora ha sido suspedido por investigar esos hechos.
El 7 de mayo, la jueza Servini de Cubría rechazó admitir la denuncia al considerar vinculante el dictamen del fiscal Federico Delgado, según el cual era "ilegal" iniciar allí un proceso que en España ya llevan a cabo "numerosos tribunales".
Cuando el juez Garzón se inhibió en la causa (iba a ser apartado de forma inminente), dejó en manos de los tribunales locales la apertura de las fosas comunes de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.
No obstante, estos juzgados no están llevando a cabo una investigación como la que planteaba Garzón por crímenes contra la humanidad, como alegaron las víctimas en su apelación del pasado día 12, al tiempo que pedían al juzgado de Buenos Aires que solicitara información a las autoridades españolas.
La querella inicial instaba a la Justicia argentina a recabar datos sobre los miembros de los gobiernos españoles en funciones desde la sublevación de 1936 hasta la llegada de la democracia, así como de los mandos del Ejército, Guardia Civil, Policía Armada, directores generales de Seguridad y dirigentes de Falange Española.
Argentina toma la delantera
Además, solicitaban listas de desaparecidos, asesinados y torturados y de las fosas comunes halladas en España, un censo de los niños robados durante la dictadura e información de "todas las empresas privadas beneficiadas del trabajo forzado y esclavo de los presos republicanos que aún siguen activas".
Esta decisión de la jueza Servini --que investigó el robo de niños en la dictadura argentina y en otro caso mantuvo una disputa con Garzón--, se produce justo el día en el que la presidenta Fernández de Kirchner ha hecho alusión por segundo día al caso del franquismo en la cumbre Unión Europea-América Latina que se ha celebrado en Madrid.
“Garzón convirtió a España en el faro de los derechos humanos“
La mandataria ha lamentado la suspensión de Garzón y le ha alabado porque "convirtió a España en el faro de los derechos humanos" cuando procesó al dictador chileno Pinochet y al represor argentino Adolfo Scilingo, condenado finalmente por la Audiencia Nacional en el 2005 y actualmente en prisión.
En ese año, Argentina derogaba la llamada Ley de Punto Final por impulso de su marido y antecesor en la presidencia, Néstor Kirchner. Mientras en España prevalece la Ley de Amnistía, la Justicia argentina ha condenado ya a varios represores: hace sólo unas semanas se sumó a la lista el último presidente de la dictadura, Reynaldo Bignone) y este mismo mes ha sido detenido al ex ministro de Economía e ideólogo del régimen Martínez de Hoz.
Los defensores de los derechos humanos han saludado este último procedimiento porque se dirige no sólo a los delitos de desapariciones forzadas o asesinatos, sino a los de vertiente económica.