Garmendia, Sebastián y Rubalcaba son los ministros que tienen más de un millón

• Podrían verse afectados por el impuesto que prepara el Gobierno
• Tres secretarios de Estado también superan ese umbral

La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, el de Industria, turismo y Comercio, Miguel Sebastián, y el de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, son los tres miembros del Ejecutivo que declararon un patrimonio por encima del millón de euros y que podrían verse afectados por el nuevo tributo que el Gobierno estudia aplicar "a los que más tienen" y cuyo umbral mínimo podría ser un millón de euros.

El nuevo tributo, que sería similar  , afectará a las  personas que sumando todo lo que tienen (propiedades, acciones, ingresos y ahorros) superen el millón de euros.

Según la declaración de bienes de los miembros del Ejecutivo publicada por el Boletín Oficial del Estado (BOE), los tres ministros son los únicos cuyo patrimonio supera este umbral, que no alcanzan ni el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero -que cuenta con un patrimonio de 209.206 euros- ni ninguno de los tres vicepresidentes.

Salgado se acerca

La ministra de Ciencia e Innovación es la que declara el mayor patrimonio, que cifra en 4,97 millones de euros, seguida por el titular de Industria, que declara 1,22 millones, mientras que Pérez Rubalcaba cuenta con 1,22 millones de euros, incluyendo bienes y derechos de herencia familiar. Cerca de ese umbral aparece la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, quien declaró un patrimonio total de 976.934 euros.

En el listado se incluyó también a los secretarios de Estado y tres de ellos también superan el millón de euros de patrimonio: José Manual Campa (Economía), con 2,01 millones; Josep Puxeu (Medio Rural y Agua), con 1,8 millones, y Francisco Ros (Telecomunicaciones), con 1,4 millones. Muy cerca se queda Silvia Iranzo, secretaria de Estado de Comercio, con 993.250 euros de patrimonio declarado.

La publicación de los datos fue el pasado 15 de octubre, cumpliendo la previsión contemplada en la Ley de Conflictos de Intereses de Altos Cargos aprobada en 2006, aunque no se desarrolló hasta marzo del pasado año.