Cesada toda la dirección de Cajasur, que podría enfrentarse a multas de 150.000 euros por cabeza

• Podrían haber mantenido recursos propios inferiores a los exigidos
• También habrían pasado el límite de riesgo por su sobreexposición inmobiliaria

El Banco de España toma el control de CajaSur

Todos los miembros del consejo de gobierno de CajaSur ya han sido formalmente cesados. Cada uno de ellos ha recibido su cese de manos de los administradores nombrados para gestionar la entidad tras ser intervenida por el Banco de España el pasado sábado. El único que no ha tenido que acudir este lunes a la sede principal de la caja cordobesa ha sido el ya ex presidente de CajaSur, Santiago Gómez Sierra, que ya fue apartado de su cargo el pasado sábado.

Por la sede principal de la entidad, han pasado para recoger su cese los que fueron vicepresidentes primero, segundo y tercero de CajaSur (Salvador Blanco, Fernando Cruz Conde y Juan Ojeda), además del coordinador de los ya ex consejeros del PSOE, Juan Pablo Durán, y el resto de los miembros, hasta un total de 20, del órgano de gobierno de la caja cordobesa.

Los administradores provisionales de la caja son José Antonio Iturriaga Miñón, Tomás González Peña y Francisco Orenes Bo, y han sido nombrados para esta responsabilidad por la comisión rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Este lunes, por primera vez bajo su administración, la sede central de Cajasur, así como las 474 oficinas que tiene la entidad, han abierto este lunes sus puertas en un ambiente de normalidad entre los 3.000 trabajadores y los clientes.

Menos recursos de los exigidos por ley

Según recoge la Ley de Disciplina e Intervención del Banco de España, la dirección de CajaSur podría enfrentarse a multas de hasta 150.000 euros para cada uno de sus miembros por su gestión al frente de la entidad, y a la inhabilitación de hasta diez años para ejercer algún cargo en el sector financiero si se prueba que incurrieron en infracciones tipificadas como muy graves.

Así, la entidad cordobesa podría haber incurrido en el mantenimiento de unos recursos propios inferiores a los exigidos, que ascienden al 8%, mientras que los de la entidad se sitúan entorno al 3%. En concreto, la Ley de Disciplina e Intervención recoge como infracción muy grave "mantener durante un período de seis meses unos recursos propios inferiores a los exigidos para obtener la autorización correspondiente al tipo de entidad de crédito de que se trate".

El informe de auditoría de Deloitte correspondiente al ejercicio 2009 enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya advirtió de que los recursos propios computables de la caja se situaban por debajo de los "legalmente exigibles".

Sobreexposición inmobiliaria

Además, la caja cordobesa podría haber sobrepasado los límites en la gestión de riesgos por su alta exposición al mercado inmobiliario, lo que podría suponer una infracción grave. Por este tipo de infracciones, los directivos de la caja se podrían enfrentar a multas individuales de hasta 90.000 euros o una inhabilitación para ejercer cargos de administración en cualquier entidad por plazo no superior a un año.

El informe de auditoría de Deloitte señala que el deterioro de la economía y el sector inmobiliario elevaron la morosidad de CajaSur hasta superar el 8% en 2009, y disminuyeron el valor de sus activos provocando resultados negativos, con unas pérdidas de 596,2 millones de euros.

La entidad obtuvo ingresos derivados de rentas provenientes de las inversiones inmobiliarias que ascendieron a 682.000 y 731.000 euros en 2009 y 2008, respectivamente, mientras que su explotación alcanzaba los 258.000 y 922.000 euros, en cada caso.

Asimismo, la entidad realizó en 2003 un contrato de compra-venta para la construcción del centro cultural Miguel Castillejo (anterior presidente de la entidad) en el Parque Joyero de Córdoba por valor de 19,59 millones de euros, cuyo coste de amortización ascendían a 25,7 y 26,4 millones de euros en 2009 y 2008.

En 2009, Tinsa realizó una valoración de dicho inmueble por 8,8 millones a partir de las rentas "potencialmente generables" por dicho inmueble. No obstante, el informe resalta que si se considera la situación del inmueble, que presenta "desperfectos en su estructura", la caja ha deteriorado dicho inmueble hasta dejar su coste neto del deterioro y amortización en 1,15 millones. Las pérdidas por deterioro de activos alcanzaba en 2009, 46,6 millones de euros.

La auditora también asegura en su informe que la realización de los activos y la remuneración y liquidación de los pasivos de la entidad por los plazos e importes que figuran en sus cuentas anuales dependía de la ejecución de un Programa de Retorno.

Ese plan fue aprobado por el Consejo de Administración de la Caja y remitido al Banco de España, y contemplaba que la restitución de los recursos propios se llevase a cabo en el marco de un proceso de fusión de con Unicaja, operación que finalmente se frustró por la negativa de la caja cordobesa.

El Banco de España es el encargado de instruir los expedientes y de imponer las sanciones por infracciones graves y leves. La imposición de multas por infracciones muy graves corresponderá al Ministro de Economía y Hacienda, a propuesta del organismo supervisor, salvo la de revocación de la autorización, que se impondrá por el Consejo de Ministros. Los administradores podrán recurrir las sanciones ante los tribunales.