La Generalitat valenciana estudia recurrir al TC la prohibición de endeudamiento de los consistorios

• Generalitat, alcaldes y la FVMP analizan la medida
• Como medida ordinaria recurrirán al Contencioso

El vicepresidente segundo y consejero de Economía, Hacienda y  Empleo, Gerardo Camps, ha explicado que el Gobierno valenciano "está  estudiando" recurrir al Tribunal Constitucional el Real Decreto del  Gobierno por el que se prohíbe el endeudamiento de los ayuntamientos a largo plazo si el Gobierno no explica antes su contenido a las comunidades y a los consistorios.

Así lo ha afirmado Camps tras la reunión con el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, los alcaldes de las tres capitales de provincia, Alberto Fabra (Castellón), Rita Barberá (Valencia) y Sonia Castedo (Alicante), y la presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Elena  Bastidas, para tratar sobre la medida del Gobierno por la que se prohibirá a los ayuntamientos recurrir al endeudamiento a partir del  próximo año.

"Estamos realizando estudios jurídicos de todo tipo con recursos" y como medida "ordinaria" piensan en recurrir al Tribunal Contencioso-Administrativo y como medida "extraordinaria" al TC, ha dicho.

Según el conseller, esas consecuencias afectarán directamente a las competencias que tiene el Consell respecto al endeudamiento de las entidades locales de la Comunitat y podrán hacerlo, también, en cuanto a la vulneración de "derechos fundamentales", especialmente por lo que se refiere a la vigencia de contratos en vigor con "muchísimas empresas" y a los empleos que pueden verse afectados por las medidas contempladas en el decreto del Gobierno.

La constitucional "es otra vía que también se está estudiando y que cabe" poder llevarla adelante, ha dicho Gerardo Camps, para quien "hay mucho que discutir", y ha añadido que en la Generalitat piensan discutir y recurrir a "mecanismos jurisdiccionales" en caso de que las explicaciones que dé el Ejecutivo sobre ese decreto no sean las "adecuadas".

Frente al Gobierno, el Consell garantiza que su Plan Confianza de inversión municipal -1.020 millones de euros en proyectos durante este año y el próximo- "no tendrá ningún tipo de recorte" porque "está todo calculado" para llevarlo a cabo.

Rita Barberá ha reiterado sus críticas al decreto, que lleva a una situación "de caos" a los ayuntamientos porque paralizará sus inversiones de cara al ejercicio 2012.

Según los cálculos que ha hecho extrapolando los del ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, sobre los efectos empresariales y laborales del primer Plan E, y tomando la cifra total de inversión de los entes locales en 2008 (que ascendió a 17.200 millones de euros), Barberá ha advertido de que si se impide endeudarse a los ayuntamientos, peligrarán unas 28.000 empresas y 850.000 empleos.