Los médicos lamentan que la ley les pase la responsabilidad del aborto de las menores a ellos

• La OMC considera que podría generar "inseguridad jurídica" a este colectivo
• El Gobierno de Navarra presentará un recursos de inconstitucionalidad contra la Ley

La Organización Médico Colegial (OMC) cree que la posibilidad de que las menores que aleguen violencia familiar puedan abortar sin informar a sus padres si cuentan con la autorización de un médico podría generar "inseguridad jurídica" a este colectivo que será el "responsable" último de esa decisión.

En declaraciones, el presidente de la Comisión de Calidad de Deontología de la Organización Médico Colegial (OMC), Marcos Gómez Sancho, se refería así al borrador reglamentario de la nueva Ley del Aborto que entrará en vigor el próximo 5 de julio.

Según ha explicado la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, en una rueda de prensa, los médicos podrán pedir el informe de un psicólogo o trabajador social que certifique la versión de la joven y que le ayude a decidir si autoriza el aborto sin el conocimiento de los padres de la menor.

El responsable de la OMC ha opinado que los médicos podrían quedar en "una cierta inseguridad jurídica" porque "cuando una menor diga que informar a sus padres podría causarle problemas, la responsabilidad de aceptar o no el aborto será del médico y eso no debería ser así".

Mediadores

Para esta organización, la función de los médicos debería ser la de "mediar" entre los padres y la afectada,  lo que podría evitar muchas interrupciones de embarazos, mientras que en el caso de que las menores sigan adelante con su decisión y aborten, "siempre será mejor contar con el apoyo familiar".

Y en el caso específico de que la joven alegue violencia familiar, ha precisado Marcos Gómez, el médico también debería hacer de mediador y con la ayuda de un psicólogo "romper la conspiración del silencio" para "que todo el mundo sepa lo que hay".

Por el contrario, ha lamentado que la ley "no haga demasiadas cosas" sobre la prevención del embarazo ni incluya medidas para ayudar a la mujer a afrontar su situación sin tener que abortar por motivos económicos, por ejemplo.

En cuanto al "consentimiento informado", la OMC considera que la ley debería ser especialmente precisa en este punto para explicar a la mujer las consecuencias que tiene un aborto, que a nivel psicológico puede ser "muy traumático y grave".

Para la OMC, la nueva Ley del Aborto es innecesaria, porque habría sido suficiente con hacer cumplir la norma anterior, y porque "debería dejar fuera a las menores, que no siempre tienen la madurez necesaria para afrontar un aborto".

Por otra parte, la plataforma ciudadana Derecho a Vivir (DAV), que  ha criticado que sean los  médicos los que decidan en los casos de menores que alegan conflicto familiar  para abortar, tal y como aparece recogido en el reglamento.

Según esta organización supone poner a los que se "lucran" con esta práctica a que "ejerzan de  policía, juez y parte" para decidir en los casos de menores  embarazadas que aleguen una supuesta conflictividad familiar.

La portavoz de DAV, Gádor Joya, ha señalado en un comunicado su  rechazo a que "los médicos abortistas, cuyo lucro personal depende  del número de seres humanos que logran eliminar cada día", sean los  encargados de dirimir si una menor está en una situación de  conflictividad familiar. "No informar a sus padres de que ha decidido  matar al niño que lleva en su seno, supone una aberración y una  subversión del principio de la patria potestad", añade.

El Gobierno foral de Navarra recurrirá la ley

El portavoz del Gobierno de Navarra, Alberto Catalán, ha afirmado que el Ejecutivo foral presentará el recurso de inconstitucionalidad  contra la ley del aborto antes del 3 de junio, fecha en la que expira  el plazo para hacerlo, aunque ha explicado que no tiene conocimiento de  que esté elaborado ya el informe solicitado al Consejo de Navarra.

El Gobierno de Navarra anunció que presentaría un recurso ante el   Tribunal Constitucional al entender que la ley del aborto suponía una   "invasión de competencias" por parte del Estado en la Comunidad  foral.

Catalán ha explicado que le gustaría contar con el informe antes de que  expire el plazo, pero, si no es así, el Gobierno presentará el  recurso e incorporará posteriormente el informe. "Si está el informe,  mejor, pero si no está, es posible incorporarlo después", precisó.

Campaña contra la ley

Por otra parte, el Foro de la Familia ha presentado este martes una campaña de información contra la ley del Aborto dirigida a los padres para denunciar lo que su presidente, Benigno Blanco, ha denominado "adoctrinamiento ideológico" del Estado en materia de educación sexual.

En una rueda de prensa en Sevilla, Blanco ha declarado que la campaña "La sexualidad sí importa, sin ningún género de duda" rechaza los primeros once artículos de la ley del Aborto y que se pondrá en marcha el 5 de julio, día de la entrada en vigor de la ley, por ser "incompatible con la neutralidad ideológica".

El presidente del Foro de la Familia ha defendido que con la actual política de educación sexual en toda España, "y en especial en Andalucía, los padres tienen la obligación de oponerse a la visión partidista del Gobierno en esta materia y deben implicarse en su educación".

Blanco ha añadido que el "erróneo" planteamiento de las campañas de información sexual de los últimos 25 años muestran su "fracaso" porque ha crecido el número de embarazos adolescentes, no han conseguido la contención del SIDA e incluso, "han parecido otras como la gonorrea, presuntamente erradicadas".

La campaña contempla el desarrollo de charlas, coloquios y talleres de formación sexual para padres y jóvenes, y una página web con monográficos sobre anticonceptivos y donde se responderá a las dudas de los padres, según ha destacado Blanco.