El juez de Gürtel ve indicios de financiación ilegal del PP en Valencia y envía el caso al TSJCV

• Estarían implicados ocho altos cargos del PP y la Generalitat, incluido Camps
• Ve delitos electorales por financiación "opaca" de los comicios de 2007
• Apunta además a delitos contra la Hacienda Pública, cohecho y prevaricación
• Les atribuye los delitos conexos de blanqueo de capitales y asociación ilícita
• En el delito electoral también implica al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas
• La Generalitat incurrió en "reiteradas irregularidades" en la contratación

El juez Pedreira que investiga el caso Gürtel en Madrid ha enviado a Valencia parte de la investigación

El juez instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, ha decidido inhibirse a favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia de la rama valenciana de la trama de corrupción encabezada por el empresario Francisco Correa, tal y como había pedido la Fiscalía Anticorrupción..

Pedreira ve indicios de delitos relacionados con la financiación ilegal del PP valenciano y ordena unir esta causa, relacionada con la contratación de la empresa Orange Market por parte de este partido y la Generalitat, a la de los trajes recibidos de la trama por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps.

El juez de Gürtel ve indicios de delitos electorales en relación con los comicios autonómicos y locales de 2007, delitos contra la Hacienda Pública, delito de falsedad en documento mercantil, cohecho y prevaricación. Pedreira apunta a ocho altos cargos del PP y la Generalitat valenciana, incluido el presidente.

Además, el juez considera que todos estos son delitos "antecedentes del de blanqueo de capitales y del de asociación ilícita", que les atribuye y considera su "conexión indiscutible".

El instructor hace suya la argumentación jurídica del informe del Ministerio Fiscal, que insta a investigar si existe relación entre los contratos adjudicados a 'El Bigotes' y las dávidas supuestamente recibidas por Camps, el ex secretario del partido en esta comunidad, Ricardo Costa, el ex vicepresidente autonómico Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret.

En el auto, Pedreira ve también indicios de delitos contra el vicepresidente valenciano Vicente Rambla, el ex director general de la Radiotelevisión Valenciana Pedro Gimeno, el vicesecretario general del PP valenciano, David Serra,  y la tesorera Yolanda García. El TSJ de Madrid se inhibe por la condición de diputados en las Cortes Valencianas de Costa, Rambla, Serra y García.

Evitar que prescriban los delitos

Pedreira adopta esta decisión ante "la hipotética posibilidad de que haya conexión entre los delitos de Valencia y los delitos del TSJ de Madrid" y con objeto de evitar la prescripción de los delitos electorales que resultan de los últimos informes de la Agencia Tributaria, de la UDEF y de la Fiscalía, que apuntaban presuntas irregularidades en la financiación del PP de Valencia.

El 15 de febrero pasado la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV decidió no investigar por el momento la presunta financiación irregular del PP de Valencia alegando que los hechos podrían estar incorporados ya en alguna de las causas judiciales que se siguen por el caso Gürtel.

El magistrado de Madrid ha tomado la decisión de inhibirse después de que el Tribunal Supremo ordenase el pasado 18 de abril al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) reabrir la investigación contra el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y otros miembros de su Gobierno por haber recibido supuestamente trajes y regalos de la trama Gürtel.

En la sentencia, el Supremo afirmaba que "aparentemente" Camps recibió los trajes de "forma repetida" y con "opacidad".

Financiación "opaca" de las elecciones

Los delitos electorales están relacionados con el pago de los servicios prestados por Orange Market al Partido Popular valenciano durante la campaña de los comicios locales y autonómicos del 27 de mayo de 2007.

De acuerdo con la documentación contenida en dos informes de la Agencia Tributaria y de la Policía Nacional parte de la deuda que contrajo el PP con esa empresa "se habría abonado de forma opaca en efectivo". Otra parte que sumaría al menos 345.200 euros "habría sido pagada por algunos empresarios mediante el abono de facturas emitidas por Orange Market SL a sus sociedades".

Estas empresas que, según el auto, habrían participado en la financiación ilegal son FACSA, Paviementos Suroeste, Grupo Vallalba, Constructora Hormigones Martínez y Piaf.

En un documento excel encontrado en la sede de Orange Market divide las dos partidas: una que es objeto de facturación y declaración en sus cuentas y declaraciones tributarias (denominada Alicante) y aquélla que será oculta a toda fiscalización (llamada Barcelona).

En estos hechos estarían implicados el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, y Cristina Ibáñez Vidal. Con ellos "cooperarían" Ricardo Costa, Vicente Rambla y David Serra. El auto hacer referencia a otras dos personas identificadas como "el cantante" y "el príncipe" de las que se desconoce su verdadera identidad.

El auto recoge que hay pendiente un informe de la Agencia Tributaria para investigar si se pudo cometer también delito electoral en las generales del 9 de marzo de 2009.

Delitos contra la Hacienda Pública

El auto de Pedreira recoge también indicios de delitos de falsedad en documento mercantil por la falsificación de estas facturas con el "objeto de ocultar los pagos realizados" por las empresas por cuenta del Partido Popular.

El juez instructor aprecia también delitos contra la Hacienda Pública relacionados con el IVA y el Impuesto sobre Sociedades correspondientes a Orange Market en 2007 al omitir en sus declaraciones ingresos "recibidos de forma opaca" por más de 2,5 millones de euros.

Durante 2008, se mantuvo este sistema de facturas según un informe de la Policía de julio de 2009. En este caso aparecen Facsa, Enrique Ortiz, Piaf, Lubasa Desarrollos Inmobiliarios y sociedades del grupo Sedesa.

Cohecho y prevaricación

En el auto se apunta que el informe de la unidad de auxilio judicial de la Intervención General de la Administración del Estado, de 13 de abril, sobre los contratos de la Generalitat con empresas de Correa que es "contundente al declarar las reiteradas irregularidades en que se incurre".

Entre ellas destacan los expedientes de Fitur entre 2005 y 2009 en los que participó Rafael Betoret cuando era jefe del Gabinete de Turismo y que está investigado por recibir regalos de la trama corrupta. Por eso, apunta el juez, es "innegable la necesaria instrucción conjunta de estos hechos".

En los archivos informáticos intervenidos en los registros practicados en la instrucción de Gürtel, se evidencian "los numerosos regalos que los imputados hacían importantes cargos públicos (trajes, bolsos, relojes, etc) con el fin de obtener un trato de favor en la contratación pública y que podrían haber afectado a alguno de los funcionarios autorizantes de los contratos irregulares".

El auto también recoge el caso del ex director general de la Radiotelevisión pública valenciana Pedro García Gimeno que recibió "distintas prendas de vestir". Estos regalos "podrían estar vinculados al contrato " que firmó con una empresa cercana a Correa con motivo de la visita del Papa a Valencia en el año 2006.