Zaragoza se plantea llevar ante el Constitucional el 'tijeretazo' del Gobierno

• Aprueban una moción que considera el decreto un ataque a la autonomía municipal
• La iniciativa presentada por IU, sale adelante con los votos PSOE y PAR

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado una una moción de urgencia del grupo municipal de Izquierda Unida (IU), en la que se indica que el decreto ley de recorte aprobado por el Gobierno, recoge medidas que "pueden chocar con la autonomía municipal y tener graves problemas de constitucionalidad".

Esta moción considera que los contenidos concretos del real decreto ley "suponen un grave ataque a la autonomía municipal y la capacidad de las entidades locales que ya sufren un reparto injusto del monto total del dinero público del Estado".

Asimismo, el consistorio "se reserva la posibilidad jurídica de reaccionar contra esta medida tan negativa para el buen funcionamiento de los municipios".En este sentido, el alcalde de la ciudad, Juan Alberto Belloch, ha explicado que el gabinete jurídico del Ayuntamiento dará respuesta a este asunto.

Belloch ha argumentado que "es obvio que no hay posibilidad de recurso directo de inconstitucionalidad"., aunque ha precisado  que "si hay posibilidad de acceder mediante las órdenes ministeriales y se puede plantear cuestión de inconstitucionalidad" con el objetivo de que este decreto se eleve al Tribunal Constitucional para que éste opine.

Por su parte, el consejero municipal de Economía, Hacienda y Régimen Interior, Francisco Catalá ha señalado que "no nos gusta que se nos trate como a una administración menor tutelada" y que  los servicios jurídicos estudiarán el desarrollo posterior del decreto ley "por si se conculca la autonomía municipal y es susceptible de ser recurrido". 

La moción aprobada la presentó IU

El portavoz del grupo municipal de IU, José Manuel Alonso, ha justificado la presentación de esta moción de urgencia diciendo que el real decreto "recoge medidas extraordinarias para la reducción del gasto público, entre las que finalmente se han incluido novedades, incluso más restrictivas de las anunciadas".

En este sentido ha recordado que el decreto ley impide a los ayuntamientos solicitar créditos a largo plazo. Una medida que no se conoció hasta que se publicó en el BOE y que tenía una aplicación inmediata.

Finalmente, esto fue rectificado y la imposibilidad para que los consistorios pidan créditos comenzará a aplicarse a partir de enero de 2011.

En opinión de Alonso, esto "ha agravado la sensación de improvisación constante y ha causado un profundo malestar en todos los ayuntamientos".