El Supremo confirma el cese de una juez por faltar el respeto a los Mossos D'Esquadra

• Desestima el recurso interpuesto por la juez sustituta de Martorell
• El CGPJ considera que el trato a los agentes fue desconsiderado e irrespetuoso

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de cesar a una juez sustituta de Martorell (Barcelona) por haber faltado el respeto a unos Mossos D'Esquadra de la comisaría de esta localidad, a los que se dirigió con gritos y les llamó incompetentes.

Así lo ha acordado la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo en una sentencia, en la que desestima el recurso interpuesto por la juez y considera correcta la decisión del órgano de gobierno de los jueces.

La comisión permanente del CGPJ decidió el 19 de septiembre de 2008 cesar a la recurrente por falta de aptitud e idoneidad al incurrir en trato desconsiderado e irrespetuoso en varias ocasiones, entre el 24 de enero y el 25 de abril de 2008, con cuatro miembros de los Mossos.

Estos eran el sargento jefe de la Oficina de Atención al Ciudadano, el sargento jefe de la Unidad de Investigación, un cabo y un inspector, quienes presentaron una queja en el decanato de los juzgados de Martorell.

La juez niega los hechos

La juez Decana de Martorell manifestó en un informe que aunque no había presenciado los hechos "sí consideraba creíble el comportamiento imputado".

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña entendió que la juez sustituta había incurrido en una falta grave y por este motivo no resultaba idónea para desempeñar funciones jurisdiccionales y así lo propuso al CGPJ.

Por su parte, la juez, quien niega los hechos, alegó en su recurso que la denuncia de los agentes no fue ratificada.

El TS concluye que es más creíble la versión de los funcionarios policiales y añade que "todo ese proceder tiene una inequívoca connotación de grave falta de respeto".

"La utilización habitual de gritos para dirigirse a otra persona ya es contraria a las pautas normales de una convivencia educada entre particulares pero, sobre todo, es abiertamente incompatible con el ejercicio de cualquier clase de poder público en una sociedad civilizada", concluye la sentencia.