El PP recurrirá la ley del aborto este martes y pide que se retiren los decretos que la desarrollan

• Ha apurado el plazo de presentación del recurso ante el Constitucional
• El PP considera que es inconstitucional porque desprotege a la mujer y al niño
• Jiménez seguirá adelante y dice que el recurso no paralizará la norma

El Partido Popular presentará este martes, 1 de junio, su recurso ante el Tribunal Constitucional contra la nueva ley del aborto, que entrará en vigor el próximo 5 de julio, según han explicado fuentes 'populares' a Europa Press. De momento, los consejeros de Sanidad de las Comunidades gobernadas por el PP han pedido que se retiren los dos decretos que desarrollan la ley.

De este modo, el partido presidido por Mariano Rajoy ha apurado el plazo de presentación del recurso, que finaliza esta semana. El PP considera que es inconstitucional para desprotege a la mujer y al niño.

La Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, aprobada definitivamente por el Senado a finales de febrero, permitirá abortar a partir de esa fecha libremente en España hasta la semana 14 de gestación y en algunos casos hasta la semana 22.

La nueva ley del aborto también permite a las mujeres de 16 y 17 años abortar sin permiso de sus padres. Sólo tendrán que estar informados y ni si quiera este requisito será necesario si existe riesgo de maltrato o violencia familiar, algo que tendrá que valorar un equipo médico.

El Gobierno foral de Navarra también anunció hace más de un mes que recurriría la nueva ley del aborto porque "invadía" sus competencias, aunque el parlamento de esta comunidad le ha instado a que no lo haga.

Piden a la ministra que retiren los decretos

Los consejeros de Salud del PP han pedido este lunes a la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, la retirada de los dos decretos de desarrollo de la Ley del Aborto ante el recurso de inconstitucionalidad que va a presentar este lunes.

En declaraciones a los periodistas, antes de participar en el Consejo Interterritorial de Salud donde se van a debatir dichos decretos, los consejeros de las comunidades autónomas gobernadas por el PP han criticado la precipitación con la que, a su juicio, se han tramitado los textos de desarrollo de la normativa sobre el aborto.

Han recordado que el recurso de inconstitucionalidad del PP paralizará todo el proceso de desarrollo de la ley y han expresado su preocupación ante las "dudas" acerca de la seguridad jurídica de los médicos, quienes tendrán que decidir sobre qué menores podrán abortar sin informar a sus padres.

El PP considera un "error administrativo" presentar estos decretos y no la propia norma en este consejo y ve "claros signos de inconstitucionalidad" en esta ley.

Los dos decretos que desarrollan la ley

Se trata del proyecto de Real Decreto de Garantía de Calidad Asistencial de las Prestaciones a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, cuyo objetivo es garantizar la calidad asistencial en la asistencia al aborto, y del Real Decreto de Desarrollo parcial de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, que establece, entre otros asuntos, que serán los médicos quienes decidan sobre el aborto de las menores que no informen a sus padres por miedo a generar un conflicto familiar grave.

El consejero de Sanidad valenciano, Manuel Cervera, cree que los cambios en la ley se están haciendo "mal y con calzador" y "con claraos signos de inconstitucionalidad", rompiendo "el equilibrio" entre la defensa de los derechos de la madre y el 'nasciturus' y cargando al médico con la responsabilidad de decidir sobre las menores con conflictos familiares graves, quienes tienen ahora "mal ambiente".

"La ley del aborto no la han traído por aquí, a esta ley le han buscado un ministerio de igualdad, no un ministerio de proteger la salud, tanto de la madre como del 'nasciturus' (...) no tiene ningún sentido que lo traigan ahora cuando no ha participado el Ministerio de Sanidad de esta ley", ha señalado Cervera.

En este sentido se ha manifestado el consejero de Sanidad de Castilla y León, Francisco Javier Alvarez Guisasola, quien se quejó también de que la parte legislativa básica de esta norma "no haya pasado por el CISNS y sí pasen los decretos, que son los que ya desarrollan la ley", lo que considera "una precipitación".

Por ello, pedirá su retirada para que se realicen "de forma correcta desde el punto de vista administrativo". "Hasta ahora hemos sido extraordinariamente leales con el ministerio en los temas importantes, esto es importante, y me esperaba reciprocidad", ha lamentado.

Sanidad dice que el recurso no parará el desarrollo de la ley

Por su parte, la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, ha asegurado que seguirá adelante con el desarrollo de la ley y ha asegurado que el recurso de inconstitucionalidad del PP "no paraliza el desarrollo de la ley", que entrará en vigor el próximo 5 julio, "como estaba previsto".

En rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), Jiménez ha señalado que "raramente" el Tribunal Constitucional decide paralizar una ley aprobada por el Congreso de los Diputados y ha adveritdo de que no tolerará "ningún resquicio legal" que permita a comunidades autónomas, como Navarra, negarse a su complimiento.

"No hay resquicio legal posible, la ley será de obligado cumplimiento para las comunidades autónomas, como se va a ver", ha manifestado la ministra, quien ha aclarado que la aplicación de la nueva ley no supondrá, a su juicio, un encaremiento en la prestación asitencial de las comunidades ni un empeoramiento de la seguridad  jurídica de los profesionales sanitarios, como defiende el PP.