España y la Comisión, enfrentadas por la euroorden de protección a las víctimas

• La Comisión amenaza con acudir a los tribunales y califica el texto de lío
• Caamaño defiende el proyecto y asegura que Bruselas está sola

En Luxemburgo, los ministros de Justicia de los 27 han dado un paso más para proteger a las mujeres maltratadas

La presidencia española ya tiene en su haber la euroorden de protección a las víctimas de violencia doméstica. Una de las prioridades para este semestre, que este viernes ha obtenido el respaldo -gracias a un acuerdo político-  del Consejo de ministros de Justicia en Luxemburgo.

Sin embargo, ha agravado el enfrentamiento que hay por esta iniciativa entre el ministro de Justicia, Francisco Caamaño y la Comisaria Viviane Reding.

Con esta normativa una orden de protección emitida en España, por ejemplo, podría tener validez en Italia, Francia, Reino Unido o cualquier otro Estado miembro de los 27. Sin embargo, ahora debe ser el Parlamento Europeo quien de el visto bueno. Algo que ocurrirá en el mes de octubre.

Sin embargo esta Orden de Protección presenta problemas de armonización de las distintas legislaciones. En algunos Estados la violencia doméstica se trata por la vía judicial, en otros por la administrativa y en otros por la vía civil. Por ello es necesario articular un texto que recoja las distintas legislaciones y ver cómo garantizar los derechos de los protegidos.

Reding y Caamaño enfrentados

"Hemos trabajado durante muchos meses y no precisamente con el apoyo más sincero de la Comisión, en sacar este trabajo adelante. Nos hemos aproximado, nos hemos reunido y nos hemos encontrado siempre con una inamovilidad absoluta (de la Comisión) en una interpretación limitada e inflexible" del Tratado, se ha quejado el ministro de Justicia.

De ahí que la Comisión Europea solicite más tiempo para poder articular un texto que satisfaga a todas las partes.

Algo a lo que España se niega, y que ha provocado el rechazo a la propuesta de la presidencia de Alemania, República Checa, Eslovenia, Letonia, Austria, Reino Unido y Hungría, lo que ha impedido obtener la mayoría necesaria para aprobar el texto definitivo.

Pero no sólo algunos países están enfadados. También lo está la comisaria de Justicia Viviane Reding que ya ha venido mostrando tiempo atrás su oposición a la idea de Francisco Caamaño.

A juicio de Reding estamos ante un proyecto "chapucero". Algo que el español niega ya que considera que se trata "de un riguroso texto con base legal" y que "la Comisión está haciendo una interpretación solitaria del texto".

Enfrentamiento público y ante las cámaras que se ha vivido también en el Consejo de este viernes. Durante la discusión del texto la Comisaria ha dicho que la iniciativa es "un lío" y ha solicitado suspender la sesión para poder introducir una enmienda de la Comisión que permitiera "dar validez legal" al proyecto.

Nada más oír la petición, el titular de justicia -que preside esta reunión- le ha dicho a Reding que "gracias, pero no", porque ya "hay un acuerdo político" entre 20 de los Estados para que la propuesta vaya al Parlamento Europeo.

La Comisión puede ir a los tribunales

Acto seguido la Comisaria ha reiterado su intención de acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si el proyecto sigue su trámite parlamentario.

Se opone a la propuesta española por considerar que utiliza una base jurídica inadecuada.

A su juicio, ello perjudicará a las víctimas en lugar de ayudarlas y sólo beneficiará a los abogados al aumentar el número de litigios. La vicepresidenta amenazó incluso con llevar este instrumento ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo si finalmente se aprueba.

Aparentar normalidad

Pese a este enfrentamiento que ha habido durante el Consejo, en la rueda de prensa posterior ambos han intentado dar sensación de normalidad. De hecho han coincidido en señalr que esta reunión ha sido "histórica" por los acuerdos adoptados.

Al margen de la orden de protección, se ha dado el visto bueno a la normativa que permitirá a los matrimonios binacionales elegir la ley que regirá su divorcio; las garantías de traducción e interpretación a los detenidos y el mandado para que la Comisión negocie la adhesión de los 27 al Convenio europeo de Derechos Humanos.

Sin embargo tanto Reding como Caamaño han diferido en si existe o no mayoría cualificada tras la reunión. Para el español es claro que existe, mientras que para la Comisaria no la hay y se "debe seguir trabajando" para sacar adelante un proyecto que interesa a todo.

"La protección de las víctimas" ha dicho, "es una prioridad para la Comisión y también para los Estados".