El PP recurre la decisión de Pedreira de inhibirse en el TSJCV por el caso Gürtel

• Pide que se anule el envío de la causa a Valencia
• Denuncia "falta conexidad" en las imputaciones y "persecución" de la Fiscalía

El PP ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra el auto del juez instructor del "caso Gürtel", Antonio Pedreira, en el que se inhibe en favor del TSJ de Valencia (TSJCV) para que investigue determinados delitos que afectan al Gobierno de Francisco Camps, entre ellos los de cohecho impropio y delitos electorales.

Se trata de un recurso de reforma, que tendrá que resolverr el propio Pedreira, y subsidiario de apelación, por lo que si el magistrado lo rechaza el asunto deberá ser revisado por la Sala de lo Civil y de lo Penal del TSJM.

El PP solicita que se anule el envío de parte de la causa a Valencia "por no estar acreditadas los hechos que imputa la Fiscalía", por no estar acreditada la participación de los mismos de  Camps, Betoret y Costa y, "en todo caso, carecer esos hechos de relación o analogía (conexidad) con los hechos de que se conoce en la causa valenciana".

El escrito se fundamenta en la falta de conexidad de las nuevas imputaciones -basadas en diversos informes aportados por Anticorrupción sobre las relaciones entre empresas de Francisco Correa y la Administración valenciana-, con la causa que ya se tramita en los tribunales de dicha comunidad en relación con los regalos que la empresa Orange Market pudo hacer al propio Camps y otros miembros de su Gobierno.

El PP, que ejerce la acusación popular en esta causa, arremete contra la actuación de la Fiscalía y el contenido de sus informes, a los que achaca falta de rigor y objetividad.

"Perdiendo la imparcialidad que debía regir su actuación, el Ministerio Fiscal presenta una visión fáctica, parcial, subjetiva e incluso tendenciosa y un análisis jurídico tan equivocado como incompleto, que han provocado una desacertada respuesta del instructor que valida lo informado por la Fiscalía presumiendo su bondad y sin ahondar en los vicios que aquí y ahora se describirán", subraya el escrito.

Denuncia la "postura persecutoria" de las fiscales

Entre ellos, el PP denuncia una "postura persecutoria" de las fiscales Concepción Sabadell y Myriam Segura con respecto a Camps, al hablar genéricamente de delitos electorales, cuando ni siquiera le citan cuando entran al detalle de estas conductas supuestamente delictivas.

Añade que los informes fiscales tampoco son capaces de implicar al presidente valenciano cuando analizan en concreto las contrataciones presuntamente irregulares entre la Generalitat y las empresas de "Gürtel". "Sinceramente, entendemos que se hace un uso gratuito e  injustificado de la figura del señor Camps, que tanto rédito ha producido en determinados medios de comunicación, pero que tan poco tiene que ver con una causa penal seria", añade el escrito.

Posteriormente, el escrito hace una defensa en el mismo sentido, por falta de concreción de las acusaciones, del ex jefe gabinete de la Consellería de Turismo, Rafael Betoret Parreño, y del ex  secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, todos ellos implicados en la denominada "causa de los trajes" que se instruye en el TSJPV.

A lo largo de los 21 folios de su escrito, el PP insiste en que "no existe justificación fáctica ni jurídica" para la acumulación por conexidad de una parte de la causa que se investiga en Madrid contra miembros de la "trama Gürtel", con las diligencias que se llevan en Valencia por el asunto de los trajes de Orange Market. Precisamente hace algunas semanas, el Tribunal Supremo ordenó al TSJPV que reabriera esta causa, que había sido sobreseída inicialmente por dicho órgano.

"La causa que se está instruyendo en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia versa sobre unos concretos y específicos, hechos que bien podríamos resumir en la aceptación de regalos 'a cambio de nada', que pretenden subsumirse exclusivamente en el cohecho pasivo impropio", argumenta el PP, para añadir que "lo que no es procedente es reinterpretar los hechos de los que conoce el magistrado instructor valenciano (José Flors) para tratar de alcanzar,  forzar, una conexidad que, en este caso, se presenta imposible".  

Lamenta que no se oiga a la Abogacía

Critica igualmente el PP que la Fiscalía haya rechazado un informe de la Abogacía General de la Generalitat Valenciana que justificaba los contratos realizados con empresas de Correa, alegando que la Administración de dicha comunidad no se encuentra personada en el procedimiento. Pedreira todavía no se ha pronunciado sobre este informe.

A este respecto, manifiestan que dicha actuación de la Fiscalía es "ajena a la objetividad e imparcialidad por cuanto es obvio que existiendo una versión contradictoria emitida y avalada por un organismo público lo procedente sería, sin lugar a dudas, finalizar la instrucción sobre tales hechos antes de adoptar una decisión tan trascendente como la que se deriva de la inhibición".