Los sindicatos siguen amenazando con la huelga general pese al "alcance limitado" del paro público

• Elevan la participación al 75%, pero apenas ha afectado a los servicios públicos
• El Gobierno cifra el seguimiento en el 11,85% y habla de "un alcance limitado"
• La reforma laboral será la que determine si se convoca o no una huelga general
• Este miércoles, los agentes sociales hacen el último intento para un acuerdo

Jornada de huelga de los funcionarios para rechazar los recortes salariales del Gobierno

Ni el escaso seguimiento de la huelga convocada en la función pública ni la lluvia que ha caído sobre la manifestación convocada en Madrid han arredrado a los líderes de UGT y CC.OO., Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, que siguen amenazando al Gobierno con una huelga general si la reforma laboral agrede los derechos de los trabajadores.

“Si la reforma laboral lesiona derechos, habrá  una huelga general y será masiva“

"Si la reforma laboral lesiona los derechos de los trabajadores, habrá una huelga general y será masiva", ha advertido el secretario general de CC.OO. en el acto final de la marcha que ha recorrido la capital, bajo una fina lluvia que no ha desanimado a los miles de asistentes que qeurían protestar contra los recortes fiscales del Ejecutivo, en concreto, contra la rebaja de suelfo de los funcionarios.

Ambos han recomendado al Gobierno "tomar muy buena nota" de la jornada de huelga de los funcionarios públicos, "ya que puede ser el principio de muchas cosas", ha dicho Méndez, si no hay finalmente acuerdo en el diálogo social.

Tanto Méndez como Toxo se han mostrado "muy satisfechos" por el éxito de la huelga, pese a que los servicios mínimos han sido, a su juicio, "un hachazo". "La respuesta  de los ciudadanos ha sido muy positiva y la manifestación ha sido multitudinaria", ha comentado Méndez, mientras Toxo ha acusado al Ejecutivo de "maquillar" las cifras de seguimiento de la huelga.

Guerra de cifras

Los cierto es que el seguimiento de los paros ha sido, en el mejor de los casos, tibio: los sindicatos lo cifran en un 75% de media, mientras que el Gobierno habla de un 11,85%. "El paro en la administración pública ha tenido un alcance limitado", ha concluido la secretaria de Estado, Consuelo Rumí, su última comparecencia para informar de la huelga.

Su apreciación se corresponde con las cifras aportadas por las Gobiernos autonómicos respecto a las administraciones que son de su competencia: la Comunidad de Madrid ha estimado una participación del 10%, mientras que Cataluña lo sitúa en el 11,51%, por citar las dos con mayor número de empleados públicos. Son cifras elevadas: los Gobiernos de  la Rioja, Castilla-La Mancha y Castilla y León calculan que han participado el 4% de sus trabajadores.

La protesta de los funcionarios sí se ha notado en la calle. La manifestación más multitudinaria ha sido la de Madrid.

Más allá de la guerra de cifras, la impresión generalizada es que los paros no han logrado afectar a los servicios públicos -algún retraso en los AVE Madrid-Sevilla, algunos piquetes aislados-, no ya en ámbitos con servicios mínimos elevados, como la sanidad, sino en instituciones como la Agencia Tributaria, que han funcionado con normalidad. De hecho, tanto sindicatos como Ejecutivo han destacado la ausencia de incidentes reseñables.

¿Una huelga general?

Esta escasa participación podría enfriar los ánimos de los sindicatos de cara a la convocatoria de una huelga general, aunque la prueba de fuego será la reforma laboral, que afronta su etapa decisiva en los próximos días.

Este miércoles, sindicatos, patronal y Gobierno se reúnen en el último intento por desbloquear la reforma, encallada esencialmente en el coste y las modalidades del despido, ya que el Ejecutivo quiere flexibilizar las condiciones, con el asentimiento de la patronal, mientras que los sindicatos no tolerarán un recorte de derechos.

Si, como parece, no hay acuerdo, el Gobierno ya ha fijado el próximo miércoles 16 de junio como la fecha de aprobación en Consejo de Ministros extraordinario del decreto con las medidas para el mercado laboral. Entonces, los sindicatos estarán ya ante la última frontera: tendrán que decidir si finalmente convocan una huelga general.