Hallan cuatro cabezas humanas en Guatemala con mensajes amenazantes dirigidos al Gobierno
- Es obra de sectores del crimen organizado por una decisión del Gobierno
- La campaña lucha por evitar las asociaciones de pandilleros en las cárceles
Cuatro cabezas humanas fueron encontradas este jueves en la vía pública en Guatemala con mensajes dirigidos al ministro de Gobernación, Carlos Menocal, respuesta a una campaña para evitar que líderes de pandillas operen en la cárcel amparados pro la corrupción de agentes penitenciarios, según ha informado el propio funcionario en rueda de prensa.
El primer hallazgo se produjo en la puerta del Congreso, en pleno centro histórico de la capital guatemalteca; el segundo, en una pasarela frente a un centro comercial; el tercero, cerca de la estación de bomberos y el cuarto, en un barrio ubicado en el norte de la ciudad, según informa la BBC.
Un mensaje escrito a mano en una de las cabezas encontrada rezaba: "Ministro de Gobernación y director de Presidios deben poner orden en las cárceles o de lo contrario continuarán estos horrendos actos".
Las autoridades atribuyen este hecho a una reacción de sectores del crimen organizado ante una serie de restricciones impuestas por el gobierno de Álvaro Colom a las condiciones de reclusión de líderes de pandillas juveniles para evitar que sigan operando desde las prisiones.
La campaña consiste en cambiar constantemente de prisión y sin previo aviso a los pandilleros para evitar que construyan redes de apoyo dentro de las penales que les permita introducir teléfonos y ordenadores para extorsionar a empresarios y ordenar secuestros y asesinatos, tal y como recoge el diario El Comercio.
Hasta el momento las cuatro víctimas no han sido identificadas, pero se presume que tendrían entre 30 y 40 años.
Asimismo, se informó que fueron encontrados dos cuerpos decapitados que tendrían relación con las cabezas encontradas en diferentes sectores de la ciudad.
Campaña contra los pandilleros en prisión
Menocal ha explicado que familiares y allegados a los pandilleros presentaron denuncias ante la Procuraduría de Derechos Humanos por falta de comida y vejaciones a los que estarían siendo sometidos los reclusos.
El funcionario, sin embargo, ha desmentido esas acusaciones y ha aclarado que "se decidió restringir las visitas ordinarias y conyugales, debido a que ingresaban armas, droga, y chips para teléfonos móviles, entre otras cosas".
Esas medidas se adoptaron después de que miembros de la Mara Salvatrucha y Mara 18 protagonizaran revueltas en las cárceles y también tras la renuncia del español Carlos Castresana al cargo de director de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) con acusaciones al fiscal general del país.
Al presentar su dimisión, el pasado lunes, Castresana aseguró que el país no había cumplido sus compromisos.
"Hay funcionarios y personajes que de manera notoria han demostrado no defender los intereses de los guatemaltecos", dijo en ese momento.
La Cicig se queda sin jefe
En un "fallo histórico", la Corte de Constitucionalidad guatemalteca, el máximo tribunal de este país centroamericano, ha abierto una salida a la crisis política tras la renuncia de Castresana, dejando sin efecto en la noche del jueves el nombramiento del fiscal general y jefe del Ministerio Público, Conrado Reyes, quien ocupaba el cargo desde el pasado 25 de mayo por designación del presidente, Álvaro Colom.
El Parlamento guatemalteco, de acuerdo con la resolución de la CC, debe ahora convocar a una Comisión de Postulación en las próximas 24 horas para que inicie un nuevo proceso de elección.
En un plazo de dos meses esta Comisión deberá elegir a los seis abogados aspirantes que obtengan mayor calificación, que incluirá en el grupo que entregarán al presidente para que éste designe de entre ellos al nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público para un período de cuatro años.
A la petición de Castresana para que Reyes fuera destituido, se unieron desde el primer día decenas de organizaciones sociales del país, encabezados por la premio Nobel de la Paz de 1992, Rigoberta Menchú, que advirtieron de que su permanencia en el cargo "fortalecería la impunidad".
Según la Cicig, el 98% de los crímenes que se comente cada año en Guatemala se quedan en la impunidad debido a la debilidad de las instituciones encargadas de impartir justicia, y la infiltración que de éstas han hecho grupos del crimen organizado.