Enlaces accesibilidad

Bastarán 100.000 firmas para que la Comisión estudie si legisla o no sobre un tema

  • Para que pueda ser aprobada y entre en vigor hará falta un millón
  • La iniciativa ciudadana debe entrar en vigor en 2011

Ver más: Especial de la Presidencia española de la UE 

Por

La iniciativa ciudadana, que debe ponerse en marcha 2011, ya tiene las líneas generales por las que se regirá. Las han adoptado los ministros de Exteriores de la Unión Europea, que han cifrado en 100.000 el número de firmas necesarias para proponer a Bruselas asuntos sobre los que legislar.

En un primer momento los 27 eran partidarios de suprimir este primer filtro, pero la Comisión pedía 300.000 firmas para considerar cualquier protesta. Al final, el enfoque será el que se ha adoptado este lunes y que ahora tendrá que debatirse en el Parlamento Europeo.

Un millón para su puesta en marcha

Además, cualquier nueva legislación que nazca de este instrumento deberá recibir el apoyo de al menos un millón de firmas, procedentes de un tercio de los Estados miembros (hoy, nueve países de los 27), para que sea finalmente adoptada. También prevé mecanismos para comprobar las firmas y evitar "abusos".

Desde el momento en que una iniciativa sea registrada en el nuevo sistema, sus promotores tendrán un año para recoger el millón de firmas necesarias, y también tendrán que rendir cuentas sobre la financiación y apoyos recibidos.

La Comisión, satisfecha

El vicepresidente de la Comisión Europea Maros Sefcovic celebra el consenso de los Veintisiete porque permitirá "avanzar rápidamente" en las negociaciones con la Eurocámara para este "nuevo e importante instrumento".

Sefcovic ha destacado que para Bruselas era "muy importante" que se mantuviera el enfoque de la propuesta original que el Ejecutivo comunitario presentó hace unos meses, especialmente en cuanto a los filtros para admitir o rechazar una demanda ciudadana.

En este sentido, el vicepresidente comunitario se ha mostrado "feliz" porque se ha fijado en 100.000 el mínimo de firmas necesarias para que el Ejecutivo comunitario tenga que tomar una decisión formal sobre una petición, lo que evitará que el sistema se vea "desbordado" o que prosperen ideas sin apoyo popular.