Los consejos de Caja Madrid, Bancaja y cinco cajas más pequeñas dan luz verde a su 'fusión fría'

• Caja Segovia, Avila, Rioja, la Insular y Laietana supondrán un 10% en la nueva entidad
• La entidad constituida pedirá una ayuda de 4.465 millones al FROB
• La Junta de Castilla y León amenaza con vetar la entrada de Ávila y Segovia

La 'fusión fría'

Los mayores obstáculos para lograr la reestructuración del sistema financiero, centrada en las cajas de ahorros, están siendo los órganos de dirección de las entidades: los presidentes y consejeros, ya sean de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos o de la Iglesia -como sucedía en Cajasur-, se resisten a ceder poder a la hora de afrontar las fusiones.

Para esquivar esas dificultades, el Banco de España ha diseñado un mecanismo denominado Sistema Institucional de Protección (SIP), que consiste en que las entidades ponen en común los activos y el riesgo, creando un banco nuevo -que actúa como un holding-, al tiempo que cada caja puede mantener su propia identidad, es decir, su marca en su territorio, su consejo de administración y sus oficinas.

Los consejos de administración de Caja Madrid, Bancaja, Caja  Segovia, Caja Avila, Caja Rioja, La Caja Insular de Ahorros de  Canarias y Caixa Laietana han aprobado este lunes el protocolo  de su 'fusión fría', incluídos los cambios introducidos debido a la incorporación de la caja valenciana, la última en sumarse al proyecto.

La entidad madrileña tendrá una  participación del 52,06%, mientras que Bancaja tendrá un  37,7%. Las otras cinco contarán con un porcentaje mucho menor: la Caja Insular de Ahorros de Canarias dispodrá de un 2,45%, Caja Avila, de un 2,33%, Caixa Laietana, de un 2,11%, Caja Segovia, de un 2,01% y Caja Rioja, de un 1,34%. En conjunto, la suma de participaciones de estas seis  entidades superan ligeramente el 10% acordado el pasado  jueves entre Caja Madrid y Bancaja.

Asimismo Banco de Valencia, participado en  un 38,33% por Bancaja, mantendrá su estatus jurídico y de negocio y no  será la sociedad mediante la que se instrumentará el SIP.

Estas participaciones modifican levemente las previstas el pasado jueves, cuando se fijó que Caja Madrid tuviera un 58% de la nueva entidad y Bancaja, un 42%. Después de la reunión de este lunes, las cinco pequeñas han conseguido variar un poco a su favor ese reparto.

El nuevo grupo enviará este mismo lunes la documentación al  Banco de España para su aprobación. El SIP solicitará al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) 4.500 millones de euros, cifra  similar al máximo que  pueden pedir (el 2% de los activos ponderados por  riesgo).

Primer grupo de cajas del país

Con unos activos de 340.000 millones de euros, el nuevo SIP se  consolidará como el primer grupo de caja de ahorros del país, además de convertirse en  la primera entidad en banca comercial y de empresas en el mercado  nacional por volumen de negocio.

El consejo de administración de la nueva entidad estará formado  por 21 miembros, mientras que la Comisión Ejecutiva la integrarán 11  miembros. En la entidad financiera resultante, el presidente  ejecutivo será nombrado a propuesta de Caja Madrid y el  vicepresidente ejecutivo, a propuesta de Bancaja.

La sede social de la sociedad central y la dirección de las  sociedades participadas estarán en Valencia, mientras que la sede  operativa de la sociedad central estará en Madrid.

Caja Madrid ha señalado que la integración "aumentará el liderazgo de cada caja en sus  respectivas circunscripciones", al tiempo que mantendrán "su personalidad jurídica,  actividad comercial, marca corporativa en sus territorios, así como  sus órganos de gobierno y obra social".

De esta  manera, se minimizará el solapamiento de oficinas y se  establecerá  una amplia cobertura geográfica, lo que permitirá al nuevo  grupo  mejorar el servicio y la gama de productos a su amplia base de   clientes, con una especial atención a las familias y empresas.

Sedes en Valencia y Madrid

La sede del nuevo grupo estará compartida, ya que la social y la dirección se  fijarán en Valencia y la operativa en Madrid. Bancaja mantendrá su  marca en la Comunidad Valenciana y Baleares, y ahí integrará todas las  oficinas de Caja Madrid en dichos territorios.

Caja Madrid, por su parte, mantendrá su presencia como tal en la  Comunidad de Madrid y Castilla La Mancha, integrando así toda las  oficinas de Bancaja en dichos territorios. En el resto de territorio  se operarará bajo una o unas nuevas marcas, que aún se deben  concretar.

El territorio de las cajas de Segovia y Ávila serían sus respectivas provincias, aunque la abulense tendrá responsabilidades sobre la gestión de Salamanca y la segoviana sobre Valladolid.

A Caja Rioja y a la Insular de Canarias se les asignarían sus comunidades autónomas, mientras que el territorio de la Caixa Laietana serían las provincias de Girona y Barcelona, con la excepción de la ciudad condal.

El nuevo grupo será presidido por Rodrigo Rato, mientras que el  presidente de Bancaja, José Luis Olivas, será vicepresidente, con  responsabilidades sobre las áreas de participadas y auditoría  interna.

El proyecto se articulará en torno a una sociedad central, en cuyo  capital social participarán todas las cajas y supondrá la creación de  una entidad financiera con una red de unas 4.450 oficinas repartidas  por toda España y con unos 26.000 trabajadores. 

Los sindicatos indican que aún no se les ha  informado sobre los detalles de la operación que afectarán a la  plantilla, pero que confían en que se garantice el empleo y se llegue  a un acuerdo laboral satisfactorio.

Amenaza de la Junta de Castilla y León

El vicepresidente segundo de la Junta de Castilla y León, Tomás  Villanueva, ha dejado entrever este lunes la posibilidad de que la  Administración regional ejerza su derecho al veto respecto a la fusión fría de Caja de Avila y Caja Segovia con el grupo liderado por Caja Madrid y  ha recomendado a las entidades financieras que elaboren un Plan B.

En cualquier caso, Villanueva ha asegurado que el Gobierno castellanoleonés  tomará una decisión "en libertad", y ha reiterado la "responsabilidad" que tiene la Junta de   Castilla y León en autorizar todo el proceso.

El también consejero de Economía y Empleo, ha reprochado a las dos entidades que "hayan  pasado de un proyecto a otro con bastante facilidad" en los últimos  años, y ha puesto en tela de juicio la representatividad que tendrán ambas  en un proyecto como el de Caja Madrid, donde "prácticamente no  tendrán capacidad ni para opinar, en una operación tan desmesurada".