La Audiencia confirma la libertad de Díez Usabiaga para cuidar de su madre dependiente

• El juez Garzón dictó su puesta en libertad bajo fianza de 30.000 euros
• Está acusado de intentar reconstruir Batasuna

La Audiencia Nacional ha confirmado la libertad del ex secretario general del sindicato LAB Rafael Díez Usabiaga, al considerar que ha cumplido las medidas cuatelares impuestas en su día por el juez Garzón, según informa Cristina Ónega.

Así lo ha acordado la sección tercera de la sala de lo penal de este tribunal en un auto notificado este miércoles en el que desestima el recurso que presentó la Fiscalía al considerar que la circunstancia humanitaria alegada por Usabiaga "ha sido artificialmente creada".

El tribunal sostiene que la madre de Usabiaga padece un carcinoma que requiere quimioterapia y radioterapia y debido a esta enfermedad se encuentra "recluida en su domicilio, padeciendo además un notable cuadro depresivo, todo lo cual determina una situación de hecho no necesitada de declaración judicial alguna".

Díez Usabiaga quedó libre a finales de abril tras depositar una fianza de 30.000 euros, después de que el juez Baltasar Garzón le concediera la libertad para que pueda asistir a su madre, que le reclamó como "cuidador" acogiéndose a la Ley sobre la Dependencia.

El ex líder de LAB fue detenido el pasado 13 de octubre en San Sebastián junto a otros dirigentes de la izquierda abertzale bajo la acusación de intentar reconstruir la dirección de Batasuna. Está acusado de un delito de integración en organización terrorista.

Su puesta en libertad causó sorpresa e indignación entre algunas víctimas del terrorismo y el Partido Popular, que denunció que a su madre no le había sido aceptada aún la petición de recibir la ayuda a la dependencia.

De hecho, el Ayuntamiento de Lasarte, locaidad en la que reside su madre, emitió a principios de mayo un certificado en el que reconocía que la madre de Díez Usabiaga aún no tenía reconocida la dependencia y sólo tenía en aquel momento para principios de junio con una asistente social en la que pretende reclamar a su hijo como cuidador, según fuentes jurídicas.