El PP pedirá a la Comisión del Estatuto del Diputado que investigue a Bono

• La Comisión recibió un informe que decía que no tienen competencias
• El PP recurre a un precedente del año 90 que no se ha vuelto a utilizar

El Grupo Popular ha empezado a redactar el escrito que tiene  previsto registrar en los próximos días solicitando que la Comisión  del Estatuto del Diputado abra una investigación para aclarar si el  presidente del Congreso, José Bono, ha podido hacer uso de su  condición de diputado para incrementar su patrimonio, es decir, si ha  incurrido en un delito de tráfico de influencias, según han informado fuentes 'populares'.

El PP ya anunció el pasado martes que, al margen de que presente  su anunciada querella contra Bono en el Tribunal Supremo, se  reservaba solicitar esa investigación parlamentaria, una vez que la  Comisión del Estatuto del Diputado, con la abstención de los  'populares', se declaró incompetente para investigar el patrimonio  del presidente, como había solicitado el abogado murciano José Luis  Mazón a raíz de las informaciones surgidas sobre el incremento de  bienes de su propiedad.

El presidente de la Comisión del Estatuto del Diputado, Francesc  Valls, solicitó un informe jurídico que dejaba claro que ese órgano  no está facultado para investigar el patrimonio de los  parlamentarios  ya que no tiene "expresamente" atribuida ninguna competencia en  materia de declaraciones de bienes de los diputados, al contrario de  lo que ocurre con las declaraciones de actividades. Esta comisión  también interviene en materia de suplicatorios.

Un precedente del año 90

Precisamente en ese informe jurídico se hace referencia al precedente de 1990 al que va a agarrarse  el PP para pedir que la citada comisión investigue si Bono ha  incurrido en tráfico de influencias. Se trata de un acuerdo de la  Mesa del Congreso del 29 de mayo de 1990 la Mesa del Congreso por el  que se ampliaron las competencias de la Comisión del Estatuto del  Diputado.

De esta forma, se facultó a este órgano para "conocer o investigar  los hechos, actuaciones o comportamientos en los que los diputados  pudieran incurrir en el ejercicio de responsabilidad política y que  puedan representar un uso interesado o indebido de su condición en  los términos del artículo 17 del Reglamento del Congreso". Este   precepto establece que "los diputados no podrán invocar o hacer uso  de su condición de parlamentarios para el ejercicio actividad  mercantil, industrial o profesional".

Esta resolución de la Mesa se adoptó como consecuencia de la  aprobación por el Pleno del Congreso de una moción del Centro  Democrático y Social (CDS) que abogaba, a instancias de una enmienda  introducida por CiU, por dotar a la Comisión del Estatuto del  Diputado de la capacidad de investigar "supuestos de tráfico de  influencias".

Para que la Comisión del Estatuto del Diputado actúe en ese  supuesto --explica el informe jurídico-- "es necesario que su  intervención sea requerida por un grupo parlamentario, por un  diputado o por un grupo de parlamentarios afectados por una  información que ponga en duda la honestidad de su actuación".

La fórmula para impulsar esa investigación es registrar un escrito  en el que "se expongan de forma circunstanciada los hechos que puedan  implicar invocación o uso de la condición de parlamentario por un  diputado para el ejercicio de actividad mercantil, industrial o  profesional".

De aceptarse la apertura de esa investigación, la comisión podrá  recabar información de las administraciones públicas para llevar a  cabo su labor. También deberá dar audiencia a los interesados y  elevar un dictamen con su votos particulares al Pleno. En principio,  la investigación tendría carácter secreto.

En cualquier caso, las pesquisas que pretende el PP sólo  abarcarían los dos años que Bono lleva ejerciendo como diputado y  presidente, pues en los años anteriores fue presidente de Castilla-La  Mancha y ministro, pero no tenía escaño en la Cámara Baja.

Vía no utilizada desde el añó 90

Eso sí, desde 1990 nadie ha solicitado la apertura de una  investigación de estas características. El PP se prepara para tratar  de inaugurar este camino, aunque su petición ha de pasar primero por  la Mesa del Congreso.

En las ocasiones precedentes en que el órgano de gobierno ha  tratado el caso, Bono se ha ausentado de la reunión al ser un asunto  que le afectaba personalmente, lo que derivó en una situación de  empate (los cuatro votos del PP frente a los cuatro que suman PSOE,  CiU y PNV) ante el cual los 'populares' impedían adoptar una decisión  levantándose en el último momento para que no hubiera quorum  suficiente.

El escrito del abogado Mazón sólo superó esta situación de bloqueo  al acceder el PSOE, al tercer intento, a que el escrito llegara a la  Comisión del Estatuto del Diputado. Con esta nueva petición de  investigación a Bono podría producirse el mismo bloqueo.

Negativa de la Fiscalía

El pasado día 7, la Fiscalía General del Estado informó al PP de que no  investigará al presidente del Congreso, José Bono, basándose en  "insinuaciones de terceros" -en referencia a diversas informaciones  periodísticas sobre el incremento de su patrimonio- que, además,   no le atribuyen ningún hecho presuntamente delictivo.

Así lo aseguró mediante un escrito, firmado por la fiscal jefe de la  Secretaría Técnica de la Fiscalía General, Elvira Tejada de la Fuente,  fechado el  día 1 y del que la secretaria general del PP, María  Dolores de Cospedal, dijo que causa "vergüenza ajena", es "sectario"  y demuestra la doble vara de medir del Ministerio Público.

Con el escrito, la Fiscalía respondía a  la petición del PP de que se investigara a Bono, para lo que aportó  en tres ocasiones, los días 5, 11 y 20 de mayo,  distintos  "recortes de periódicos" de los que, según el partido, "parecen  deducirse posibles irregularidades y desajustes patrimoniales" entre los  bienes declarados por el presidente del Congreso y los que le atribuyen  los medios.