Los 'casos del Palau', caja de Pandora en la precampaña de las catalanas

• El saqueo de sus fondos y el proyecto hotelero enfrentan al tripartito y CiU
• El conseller Castells debe aclarar ante la juez su papel en el proyecto hotelero
• La comisión parlamentaria se centra en una supuesta financiación irregular de CDC
• El Ayuntamiento de Barcelona investigará la operación urbanística del hotel

El conseller de Economía, Antoni Castells, durante la sesión de control en el Parlamento catalán del pasado 9 de junio.

A tres o cuatro meses de las elecciones catalanas -que se celebrarán este otoño pero aún no tienen fecha fijada-, los casos de presunta corrupción vinculados con el Palau de la Música -el saqueo de sus fondos y el proyecto hotelero- están calentando la precampaña electoral de un modo nunca antes visto, con el punto de mira puesto en la gestión al frente de la Generalitat del actual equipo de gobierno tripartito -PSC, ERC e ICV-EA- y el anterior de CiU.

Los ex directivos del Palau de la Música Fèlix Millet y Jordi Montull, ex presidente de la institución y su ex director administrativo y mano derecha del primero, respectivamente, están en prisión provisional sin fianza acusados de los delitos continuados de tráfico de influencias y apropiación indebida por orden de la juez que investiga el proyecto urbanístico del Hotel del Palau de la Música.

La titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Barcelona ve indicios de que el promotor hotelero Manuel Valderrama pagó a Millet y Montull 900.000 euros para adjudicarse la construcción de un hotel de lujo en unos solares contiguos al Palau y que ese dinero no lo ingresaron en las cuentas de la Fundación del Palau. La juez también les inquirió por la comisión de 3,6 millones de euros que, según la Fiscalía, se iban a embolsar por el proyecto.

Una de las razones esgrimidas por la magistrada para enviar a prisión los ex directivos del Palau es evitar que influyeran en los testigos que van a prestar declaración en este caso, entre ellos el actual conseller de Economía de la Generalitat, el socialista Antoni Castells, con el que firmaron un convenio que permitió la permuta urbanística necesaria para la construcción del Hotel del Palau.

Según la juez, Millet y Montull llevaron a cabo actuaciones dirigidas a que se realizaran los trámites urbanísticos necesarios para que el proyecto del hotel se pudiera materializar "de manera ágil y sin obstáculos ni oposiciones", por lo que mantuvieron conversaciones con varios implicados en el proceso, haciendo valer su capacidad de influencia.

Castells está citado a declarar como testigo este lunes ante la juez instructora del caso. Millet reconoció ante la juez que tuvo contactos con el conseller antes de la firma del convenio y éste deberá aclarar cuál fue su intervención en la operación urbanística.

Esta investigación discurre paralela a la del saqueo del Palau de la Música -que según los actuales responsables de la institución supera los 33 millones de euros-, caso en el que se da la circunstancia de que el juez -el titular del Juzgado de Instrucción número 30- no decretó para Millet y Montull ni prisión ni fianza, aunque sí libertad con cargos.

Dos comisiones de investigación

Y es aquí donde entra la dimensión política del asunto. En el Parlamento de Cataluña se ha creado una comisión de investigación del 'caso Millet', pero el tripartito la ha blindado para evitar que se gire en su contra por el proyecto del Hotel del Palau y por el momento ha vetado la comparecencia en ella de Castells.

Además, se han limitado a ahondar en la supuesta financiación irregular de CDC (Convergencia Democrática de Cataluña, que conforma junto a Unió Democrática la federación CiU) desde el Palau de la Música a través de la Fundacion Ramon Trias Fargas. En esta comisión parlamentaria estaban citados a declarar el próximo día 28 Millet y Montull, pero ahora deberá ser la juez la que determine si pueden salir de prisión para hacerlo.

Desde los partidos de la oposición, CiU, el PP catalán y Ciutadans, se ha reclamado en reiteradas ocasiones que la comisión parlamentaria investigue también el proyecto hotelero y la comparecencia de Castells, pero la mayoría parlamentaria del tripartito la ha impedido.

Desde CiU se acusa al tripartito de convertir esta comisión de investigación en "un juicio paralelo a CDC y CiU, que tiene muchas expectativas de ganar las elecciones", en palabras del presidente de la federación, Artur Mas; y de querer "silenciar todo aquello que hace referencia al hotel", según el portavoz de CiU en el Parlament, Oriol Pujol. También consideran que "no es normal" el silencio del presidente de la Generalitat, José Montilla (PSC), en este asunto cuando hay un consejero citado a declarar.

“CiU denuncia un "juicio paralelo" en la comisión parlamentaria“

Por su parte, ERC -socio del tripartito- se escuda en que el reglamento del Parlamento catalán les impide pedir que se cree otra comisión de investigación -cada grupo sólo puede proponer una al año- sobre el papel de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona en los cambios de titularidad de los terrenos donde se debía construir el hotel.

Para hacer una especie de lavado de cara, ERC ha impulsado, y el PSC apoyado, la creación de una comisión de investigación sobre esas permutas urbanísticas, pero en el Ayuntamiento de Barcelona.

La ventaja para el tripartito es que se vuelve a evitar que Castells tenga que comparecer, ya que el consistorio no tiene competencia para llamar a declarar a los implicados.

“La comisión municipal no tiene potestad para citar a Castells“

Además, esta comisión de investigación municipal es un arma de doble filo para CiU, porque el presidente del grupo municipal de este partido en el consistorio, Xavier Trias, también está citado a declarar como testigo el 23 de junio ante la juez que investiga el proyecto hotelero del Palau.

Las explicaciones de Castells, ante la juez

Ante las acusaciones de la oposición, desde el PSC y ERC se insiste en que Castells dará todas las explicaciones necesarias al respecto ante la juez. Incluso, el portavoz adjunto del PSC en el Parlament, Joan Ferran, ha afirmado que están "abiertos a dar explicaciones" y que el conseller de Economía nunca se ha negado a comparecer ante el Parlamento una vez que haya declarado como testigo ante la juez del caso.

Por su parte, las únicas manifestaciones que ha hecho al respecto el propio Castells han sido para asegurar que la Generalitat no ha perdido dinero en la operación urbanística para la construcción del hotel porque la administración recuperará los 5,6 millones de euros de pérdida de valor patrimonial que supuso la acción.

En este sentido, reiteró que el famoso convenio suscrito entre la la conselleria y los ex dirigentes del Palau "prevé una compensación económica" por la pérdida de valor que supuso el cambio en la calificación del suelo y que ese dinero deberán abonarlo o el Palau o el adjudicatario del hotel (Olivia Hotels), a los que ya se ha reclamado.

De cualquier forma, parece claro que los 'casos del Palau' estarán más que presentes en el 'pim pam pum' de la precampaña y la campaña de las elecciones catalanas.