Garzón pide ser absuelto en la causa del franquismo por la ilegitimidad de la acusación

• Dice que no puede haber juicio si la acusación particular y el fiscal piden el archivo
• El Supremo ordenó en mayo la apertura de juicio oral por investigar las fosas

El abogado de Baltasar Garzón ha pedido al Tribunal Supremo que absuelva al juez en la causa abierta contra él por declararse competente para investigar el franquismo en virtud de la "doctrina Botín", que impide abrir juicio oral a instancias de la acusación popular cuando la particular y el fiscal piden el archivo.

Así lo indica el letrado Gonzalo Martínez-Fresneda en el escrito de defensa que presentó este jueves en el Alto Tribunal, de 139 folios y en el que señala que el comportamiento de Garzón no constituye delito.

La Fiscalía también ha reclamado al Tribunal Supremo (TS) la absolución de Garzón, mientras que el sindicato ultraderechista Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad piden 20 años de inhabilitación por prevaricación.

El magistrado del TS Luciano Varela, instructor de la querella contra Garzón por la investigación de los crímenes durante el franquismo, ordenó el pasado mes la apertura de juicio oral contra el juez, lo que motivó que el Consejo General del Poder Judicial le suspendiera cautelarmente de sus funciones en la Audiencia Nacional.

Tras ello, el Consejo le autorizó a trasladarse a la Corte Penal Internacional para ocupar durante los próximos siete meses un puesto de consultor de la Fiscalía.

Sin legitimidad para instar a la apertura de un juicio

La defensa subraya que las dos entidades que ejercen la acusación "no han resultado ofendidas o perjudicadas por el supuesto delito de prevaricación que persiguen" y recuerda que, aunque la "doctrina Botín" fue matizada, la Fiscalía ha pedido el archivo de esta causa por creer que Manos Limpias y Libertad e Identidad carecen de legitimación para instar la apertura del juicio.

El TS se corrigió a sí mismo y en otra sentencia estableció la llamada "doctrina Atutxa" y concluyó que la acción popular está legitimada cuando el delito afecte "intereses colectivos" o los directamente perjudicados no se hayan personado.

Según argumenta la defensa, esta última sentencia contó con votos particulares discrepantes de magistrados, entre ellos Varela.

Martínez-Fresneda critica el hecho de que Varela no ha querido suspender el trámite para la presentación de este escrito cuando quedan pendientes de resolver seis recursos ante la Sala de lo Penal.

Garzón vuelve a pedir la nulidad de las actuaciones

Además, Garzón vuelve a pedir al TS la nulidad de actuaciones, ya, según explica, Varela requirió a Manos Limpias para que presentara un nuevo escrito de acusación al considerar que el primero no era válido.

La defensa del juez también solicita la nulidad del nuevo escrito de acusación porque cree que Manos Limpias optó "por copiar textualmente páginas enteras de un auto anterior del instructor".

El letrado asegura que la interpretación del ordenamiento jurídico llevada a cabo por Garzón es compartida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y "por amplios sectores de la Justicia Penal Internacional" y no ha sido cuestionada por "ninguno de los órganos jurisdiccionales que han conocido de sus resoluciones".

"Y con todos los respetos que pudieran merecer, no creemos que la opinión jurídica de dos grupos de extrema derecha (...) sea de mejor criterio, o parezca mejor fundada, que la de todos los anteriores", añade.

También sostiene que su cliente actuó con la pretensión de "conceder el debido amparo y tutela judicial a los cientos de víctimas que comparecieron ante la Audiencia Nacional en demanda de Justicia".

Como pruebas para el juicio pide la declaración de varios testigos y de expertos internacionales como la ex fiscal del Tribunal Penal Internacional Carla del Ponte y el juez chileno Juan Guzmán, que procesó a Augusto Pinochet, entre otros.