Castells admite ante el juez errores en la tramitación del proyecto del hotel del Palau

• El conseller de Economía expresa su intención de declarar en el Parlament
• Descarga su responsabilidad sobre la directora de Patrimonio
• Ha sido llamado como testigo por las supuestas irregularidades del proyecto

El consejero de economía de la Generalitat ha declarado ante la juez que lleva el caso del hotel del Palau

El conseller de Economía catalán, Antoni Castells, ha admitido ante la juez que la Generalitat cometió errores en la tramitación del proyecto del Hotel del Palau de la Música, aunque siempre defendió el interés público, y ha descargado la responsabilidad en la directora de Patrimonio, Immaculada Turu.

Según han informado fuentes judiciales, durante su declaración como testigo, que se ha prolongado durante hora y cuarto, el conseller ha defendido que el convenio que firmó con Fèlix Millet en marzo de 2007 para la construcción del hotel era de interés para la ciudad y el Palau y ha negado con contundencia que se dejara influir por el ex responsable de la entidad musical.

Castells ha acudido al juzgado acompañado de la cúpula de su departamento, así como por miembros de los servicios de la Generalitat, entre ellos su máximo responsable, aunque, al tratarse de un testigo, no han podido intervenir.

A preguntas de la Fiscalía, el titular de Economía ha acabado reconociendo ante la juez algunos errores en la tramitación de las recalificaciones urbanísticas que debían facilitar la construcción del hotel.

El conseller, no obstante, se ha escudado en que él se limitó a firmar el convenio con Millet, pero que este documento no era más que un acuerdo de intenciones que necesitaba un desarrollo ejecutivo posterior, del que ha responsabilizado a la directora general de Patrimonio, Immaculada Turu.

Castells ha insistido en que él no es el responsable del seguimiento del convenio y, entre otras cuestiones, se desentendió del hecho de que la tramitación urbanística para la construcción del hotel comportara la descatalogación de tres fincas anexas al Palau que están protegidas por su interés cultural, a lo que se opuso el Departamento de Cultura.

De todas formas, el conseller ha sostenido que los informes jurídicos y económicos previos a la firma del convenio no eran preceptivos -como afirma la Fiscalía- porque, al tratarse de un simple protocolo de intenciones, no comportaba obligaciones para la Generalitat, ni era necesario que el acuerdo con Fèlix Millet fuera sometido a la aprobación del Consell de Govern.

Castells ha sido citado a declarar por la titular del juzgado de instrucción número 10 de Barcelona, Míriam de Rosa Palacio, que investiga la querella presentada por la Fiscalía por las supuestas irregularidades cometidas en la tramitación urbanística para facilitar la fallida construcción del hotel junto al Palau de la Música.

La juez envió a la cárcel el pasado jueves al ex presidente del Palau de la Música, Fèlix Millet, y a su mano derecha, Jordi Montull, para que no pudieran influir en los testigos citados a declarar por su relación en este proyecto, que quedó paralizado al estallar el escándalo por el expolio del Palau de la Música, que instruye en una causa paralela el juez Juli Solaz.

Sin los informes jurídicos previos

Castells firmó en marzo de 2007 un convenio con Millet para la permuta de usos urbanísticos entre dos fincas anexas al Palau de la Música y un edificio de suelo edificable que la Generalitat tiene en la calle Ciutat, sin tramitar los informes jurídicos previos y preceptivos.

Además, según mantiene la Fiscalía en su querella, el convenio dejaba en manos de Fèlix Millet la cuantificación de la indemnización que correspondería a la Generalitat por la pérdida de valor patrimonial derivada de la permuta urbanística.

Acuciado por los partidos de la oposición en Cataluña, el Departamento de Economía entregó la semana pasada en la comisión de investigación del Parlament sobre el 'caso Palau' un "documento provisional", fechado el 14 de junio, en el que se eleva hasta los 5,6 millones de euros la cantidad que la Generalitat reclamará como compensación por la pérdida de valor patrimonial.

Después de que testifique Castells, será el turno de la directora general de Patrimonio, Immaculada Turu, quien en la comisión de investigación del Parlament defendió la gestión de Economía en este proyecto y aseguró que la Generalitat será compensada por la pérdida de valor patrimonial, o bien por el Palau de la Música o bien por el promotor hotelero.

Turu, citada a partir de las 12.00 horas, desveló el lunes pasado ante la comisión parlamentaria que el proyecto llegó a manos de la consellería de Economía a través del entonces secretario general de Presidencia de la Generalitat, Ramon García-Bragado, que actualmente es el responsable de Urbanismo en la capital catalana.