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El Senado toma en consideración la iniciativa catalana para reformar el TC

  • La proposición de ley de Entesa y CiU pasará ahora al Congreso
  • Se persigue que no haya sentencia del Estatut antes de las elecciones, según CiU

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El pleno del Senado ha aprobado el inicio de la tramitación de la propuesta de reforma de la Ley del Tribunal Constitucional presentada por los grupos catalanes de la Cámara y que persigue, en palabras de CiU, que no haya sentencia del Estatuto catalán antes de las elecciones del próximo otoño.

La proposición de ley, presentada por la Entesa (PSC, ERC e ICV) y CiU, ha sido aprobada con los únicos votos en contra de los senadores del PP y en ella se propone reformar la ley para que se produzca el cese automático de los magistrados que hayan cumplido su mandato, una vez transcurridos seis meses desde la fecha de expiración de los nombramientos.

Los grupos catalanes de la Cámara Alta han explicado, a través de sus portavoces, que la iniciativa responde al mandato del Parlamento de Cataluña para activar la renovación del Tribunal Constitucional y desbloquear así la sentencia del Estatut.

La proposición de ley, que ahora pasa al Congreso, busca además que en los recursos de inconstitucionalidad contra un Estatuto de Autonomía se limite a seis meses el plazo para dictar sentencia y en el caso de no hacerlo el recurso se entenderá desestimado.

El PP la tacha de "trágala"

El portavoz del PP, Juan Huguet, ha señalado que la iniciativa de la Entesa y CiU busca "salvar, si se puede" el Estatut y ha añadido que aunque su grupo no se niega a debatir posibles reformas de la ley que regula el TC éstas no se deben acometer "en caliente", por lo que ha propuesto la creación de una ponencia.

Ha rechazado las modificaciones de la ley que propone la iniciativa, que ha tachado de "trágala", y ha pedido una vez más que no se cambien las reglas de juego cuando el partido ya se está jugando.

Desde el PSOE, el senador Arcadio Díaz Tejera ha opinado que las Cortes deben abordar el debate suscitado por las fuerzas catalanas porque se ha llegado a un situación de bloque del tribunal que hay que resolver.

Díaz ha negado que se esté actuando en caliente y ha añadido que las fórmulas que proponen los grupos catalanes sobre la renovación de los miembros del TC o los plazos para dictar sentencias sobre estatutos de autonomía pueden no ser las más adecuadas pero, ha insistido, estos temas se deben abordar.

La Entesa cree que se condicionan las elecciones

Por su parte, el portavoz de la Entesa, el senador del PSC Isidre Molas ha indicado que la iniciativa busca dar soluciones a tres problemas detectados a raíz de la situación que se vive en el Constitucional y ha confiado en que sea posible alcanzar con el PP un acuerdo sobre el problema, aunque hoy no estén de acuerdo sobre las soluciones.

Ha dicho que su objetivo no es buscar responsabilidades sobre la situación de bloqueo que vive el Constitucional ni discutir sobre sus funciones y ha defendido la constitucionalidad del Estatut.

El portavoz de CiU, Jordi Vilajoana, ha acusado al PP de haber sido el que actuó en caliente al recusar al magistrado Pablo Pérez Tremps "cuando el partido estaba en marcha". Ha recordado que se está iniciando en Cataluña un proceso electoral y ha añadido que no parecería razonable que se dicte una sentencia sobre el Estatut que lo puede condicionar, por lo que ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de los miembros del TC.

El portavoz del grupo vasco, Joseba Zubia, ha considerado la propuesta "perfectamente apoyable" ya que busca -ha dicho- poner coto a situaciones como la que se viene dando de bloqueo en la renovación de los miembros del TC.

A su juicio, no es asumible que amparándose en una prórroga se boicotee el proceso de renovación "manteniendo interesadamente un desacuerdo político que lo impide".

Desde el grupo mixto, el senador Pere Sampol ha apoyado la tramitación de la proposición aunque pretende "únicamente" resolver la crisis generada con el recurso de inconstitucionalidad presentado contra el Estatut y ha acusado a los magistrados del Constitucional de moverse más por criterios partidistas que jurídicos.