Sarkozy suprime la 'garden party' del 14 de julio para "dar ejemplo" en tiempos de crisis
- El presidente busca disimular los últimos escándalos de derroche de dinero público
- El coste de la fiesta del día nacional suele superar los 700.000 euros
Después de que varios casos de acumulación de sueldos, derroche, y un posible conflicto de intereses por el caso L'Oreal hayan enturbiado la imagen del Gobierno francés, el presidente Nicolas Sarkozy ha dedido empezar a predicar con ejemplo e imponer severas medidas de austeridad. La primera, anunciada este miércoles, pasa por suprimir la tradicional 'garden party', día de la fiesta nacional, cuyo coste supera los 700.000 euros.
La recepción, que se ha celebrado todos los años en los jardines del Elíseo desde su instauración por Valèry Giscard d'Estaing en 1978, solía congregar a entre 5.000 y 7.000 personas, representantes de la élite de la República.
Entre los últimos escándalos que el gobierno trata de disimular se encuentra el de la compra de puros cubanos con 12.000 euros de las arcas públicas por el secretario de Estado para el Desarrollo o la noche de hotel en Sudáfrica valorada en 667 euros de la secretaria de Estado para el Deporte.
Lucha contra el déficit
Para maquillar estos desfalcos Sarkozy ha anunciado que pondrá también fin a la acumulación de sueldos, legal hasta ahora. El caso, que afecta al ministro de Trabajo, Eric Woerth, cuya esposa Florence trabajaba para la sociedad que gestiona la fiscalidad de Liliane Bettencourt, heredera de L'Oréal sospechosa de fraude, se ha resuelto con la dimisión de Florence Woerth. Aunque los cargos no eran incompatibles, el asunto ha generado una polémica sobre un conflicto de intereses.
La portavoz del gobierno, Luc Chatel, ha explicado que la cancelación del evento se debe a la necesidad de adoptar medidas "ejemplarizantes" por parte del gobierno y los ministros en tiempos de austeridad fiscal y crisis económica.
Francia, que al igual que sus vecinos europeos también lucha contra el déficit, ha adoptado medidas rigurosas para controlar la deuda, incluida la congelación del gasto público durante los próximos tres años.