El juez divide el 'Palma Arena' en 25 piezas, una sobre el proyecto de la ópera de Calatrava

• Busca facilitar la investigación y el enjuiciamento de la causa
• Las piezas más generales: sobre el cobro de comisiones y el blanqueo
• Las claves del caso 'Palma Arena'

El juez del "caso Palma Arena" ha dividido la causa en 25 piezas separadas, y ha incorporado como una de ellas las supuestas irregularidades en la contratación en 2007 de un anteproyecto para la construcción en Palma de un Palacio de la Ópera ideado por el arquitecto Santiago Calatrava a instancias del ex presidente balear Jaume Matas (PP).

Así consta en un auto notificado este lunes por el juez José Castro, con el objetivo de facilitar la investigación y el enjuiciamiento de esta extensa causa, que a partir de ahora se instruirá en 24 piezas más la principal.

Aparte de dividir el caso en piezas, el auto incorpora las diligencias informativas iniciadas por la Fiscalía Anticorrupción referentes a la contratación en 2007 por parte de Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos y Culturales (IBISEC) de la empresa Santiago Calatrava AG para la elaboración de un anteproyecto de palacio de la ópera.

Matas encargó el proyecto al arquitecto valenciano

Este anteproyecto costó al Govern balear 1,2 millones de euros y no pudo hacerse público por la prohibición de la Junta Electoral, dado que se pretendía presentar poco antes de las elecciones.

En abril de 2007, el Ejecutivo de Matas adjudicó al arquitecto valenciano del diseño preliminar de un "edificio emblemático destinado a artes escénicas", que se ubicaría en el muelle viejo de Palma y que el ex presidente balear anunció un mes antes de los comicios autonómicos.

El juez Castro investiga de este proyecto las sumas pagadas y el cauce utilizado para su abono, así como si pudiera constituir la reproducción de otro anterior ofrecido por Calatrava en Suiza en 1989.

Piezas separadas para agilizar la investigación

En cuanto a la separación de la causa en piezas, el juez indica que se debe al volumen que han alcanzado las diligencias y las diferentes fases de investigación en las que se encuentran unas y otras, lo cual ralentiza la instrucción en bloque.

A las dos piezas que ya existían -una de ellas sobre supuestos amaños en adjudicaciones de contratos por parte de la cadena autonómica IB3 a empresas vinculadas con el productor Jose Luis Moreno-, el juez incorpora ahora la del palacio de Calatrava y otras 21, sin contar la pieza principal, que englobaría todo aquello que no se recoja en las separadas.

Las piezas versan sobre aspectos que han ido derivando de la investigación,  como gastos electorales de la campaña del PP de 2007 pagados con dinero público, la contratación a la agencia Nimbus para la campaña de publicidad del campeonato de ciclismo que se celebró en el Palma Arena y el patrocinio por parte de Ibatur de este mundial.

Las piezas más generales son las número 17 y 24, que se derivan, respectivamente, de todas aquellas actuaciones que puedan suponer un cobro ilícito de comisiones y un posible blanqueo de capitales.

Más en concreto, el juez establece piezas para la intervención de la entidad Estudios Jurídicos y Procesales -que elaboró un informe por unos 29.000 euros para el Govern sobre cómo implantar una televisión autonómica en Baleares- y para la contratación de la mujer de Matas, Maite Areal, por parte de las entidades Martorell Asociados y Hotel Valparaíso.

Otra pieza versa sobre la adjudicación de obras realizadas en el polideportivo Príncipes de España entre 2004 y 2006, en las que pudo haber un desvío de fondos para las obras de un chalet propiedad del medallista Jose Luis "Pepote" Ballester, entonces director general de deportes del Govern.

También se establece una pieza sobre la contratación para el Palma Arena del arquitecto Ralf Schürmann, una sobre la facturación por la maqueta del velódromo y otra sobre el contrato celebrado con el ex gerente del consorcio Palma Arena Jorge Moisés sobre un estudio de accesibilidad.

Una más se deriva de la adjudicación del videomarcador del Palma Arena, que podría haber costado alrededor de 6 millones de euros, y otra versa sobre el fraccionamiento de contratos para posibilitar la contratación directa.