Portugal resucita el proteccionismo nacionalista al usar su 'acción de oro' contra Telefónica

• Son derechos especiales que se reservan los Estados al privatizar empresas
• El Gobierno luso decidió usarla y defender a PT en contra de sus accionistas
• Bruselas lleva más de una década luchando contra estos obstáculos al capital

La sede de la compañía de móviles brasileña Vivo.

No por esperada fue menos sorprendente la maniobra que el Gobierno portugués utilizó este jueves para proteger a una de sus empresas emblemáticas, Portugal Telecom, ante el envite de la española Telefónica por hacerse con el control absoluto de Vivo, su filial conjunta de móviles en Brasil: el Ejecutivo de José Sócrates recurrió al arma definitiva, su acción de oro en el antiguo monopolio estatal, y vetó la operación en contra de los propios accionistas, los dueños de la compañía.

En una época de gran desregulación en el movimiento de los capitales, el recurso a la acción de oro remite al proteccionismo nacionalista que en ocasiones se supone superado, pero que sigue vigente en muchos países, empezando por los más desarrollados, poco dispuestos a ver cómo sus "campeones nacionales" quedan subsumidos en la red de las multinacionales sin bandera, ni sentimientos... ni resortes de poder a mano para activarlos cuando sea necesario.

La acción de oro es una forma de denominar ciertos derechos especiales que los Estados se reservan cuando privatizan empresas públicas de sectores estratégicos, con el fin de proteger los intereses de los ciudadanos. En última instancia, otorga una influencia a los Gobiernos mucho mayor a las acciones que realmente poseen.

El primer en imponer estos privilegios fue el Gobierno británico de Margaret Tatcher, en 1984, cuando se privatizó British Telecom. La idea se expandió después por toda Europa, de forma que Francia mantuvo derechos políticos de excepción sobre la petrolera Elf; Alemania sobre Volkswagen y Lufthansa; Italia sobre Enel y ENI, Bélgica sobre Distrigaz y Synatom.. Hasta 140 empresas contaban con una acción de oro de sus Gobiernos en las Unión Europea aún en 2006.

La Comisión Europa en lucha

España no fue ajena ni a las privatizaciones ni al recurso a la acción de oro, generalizadas ambas en los ochenta y noventa del siglo pasado: los Gobiernos de distinto signo se reservaron derechos especiales en Repsol, Endesa, Tabacalera, Telefónica y Argentaria, aunque ninguna de ellas está ya vigente.

Esto se debe a que la Comisión Europea lleva más de una década luchando contra lo que considera, por un lado, un obstáculo a la libre circulación de capitales -uno de los pilares básicos de la Unión Europea- y, por otro, una invasión de sus competencias como garante de la competencia en el ámbito comunitario.

Así, desde 1997, Bruselas ha ido acumulando sentencia tras sentencia una importante jurisprudencia por parte del Tribunal de Luxemburgo que confirman que la acción de oro es incompatible con la libertad de capitales. Este jueves, nada más conocerse la decisión de Portugal, la Comisión Europea se apresuró a calificarla de "injustificada" por boca del comisario de Mercado Interior, Michel Barnier.

El próximo jueves, 8 de julio, el Tribunal de Justicia de Luxemburgo se pronunciará al respecto y todo hace indicar que volverá a dar la razón a la Comisión Europea, declarando ilegales esos derechos especiales que los estatutos de Portugal Telecom conceden al Gobierno luso.

Doble rasero

Desde España, el Gobierno ha insistido en que se trata de un asunto entre dos compañías privadas y ha expresado su voluntad de que ambas partes "alcancen un solución dialogada", como señalaba este mismo jueves el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero. Su número dos, María Teresa Fernández de la Vega, no ha podido evitar mencionar, sin embargo, que el Ejecutivo portugués "conoce bien la legislación europea y sabe que debemos actuar de acuerdo con el marco regulatorio del que nos hemos dotado".

Es un buen ejemplo del doble rasero que suelen utilizar los Estados en estos asuntos, ya que suelen defender la libertad de capitales cuando una empresa nacional compra una extranjera, pero procuran poner trabas si ocurre al contrario.

En este sentido, cabe recordar las resistencias que encontraron primero E.On y después Enel cuando intentaron hacerse con la eléctrica española Endesa. El Gobierno ya no disponía de la acción de oro, pero obstaculizó la operación -que desde el Ejecutivo socialista se había planeado como una fusión con Gas Natural para crear un "campeón nacional" de la energía- hasta hacer desistir de la compra a la alemana. Finalmente, Endesa acabó en manos italianas, pero no sin estrictas condiciones para mantener el negocio español.

Por el momento, Telefónica mantendrá hasta el 16 de julio su oferta de 7.150 millones de euros por la parte de Portugal Telecom en Vivo ¿una jugosa compañía que acapara el 55% del mercado de móviles del emergente Brasil-, pero será complicado que el Gobierno portugués ceda sin resistencias: sabe que la venta de la filial convertirá a su antiguo monopolio en una empresa relativamente pequeña. Es decir, un blanco sencillo para un comprador extranjero.