La nueva Ley de Cajas recibida con más críticas que elogios

• Todos los sindicatos y Adicae atacan con dureza la LORCA
• El sector financiero y el PP, satisfechos
• Los autónomos confían en que se traduzca en más créditos

La Confederación de Sindicatos Independientes de Cajas de Ahorro (Csica) ha denunciado este viernes que la nueva Ley de Cajas de Ahorro "no es lo que se había prometido ni lo que el sector necesita realmente", ya que no despolitiza su gestión y las aboca a convertirse en bancos.

"La aparente despolitización que la nueva ley propone, y que tan a bombo y platillo se publicita, no deja de ser una cortina de humo y una muy corta medida, porque los cargos electos no podrán entrar en los órganos de Gobierno, pero evidentemente sí podrán estar los designados por ellos", ha advertido en un comunicado el presidente nacional de este sindicato independiente, Félix Torquemada.

Una ley que dará como resultado "un cadáver"

El sindicato critica también que no se conseguirá la profesionalización de las cajas con la reducción de la representación de los empleados en los órganos rectores, "una situación que podría ocurrir, según apuntan algunos indicios".

"Los trabajadores somos los primeros interesados en garantizar el futuro de las cajas en las que trabajamos, máxime después de lo que hemos vivido en este último año, y podemos aportar mucho a los consejos", ha indicado Torquemada.

Sin embargo, lo que sí va a permitir esta reforma es la opción de emitir cuotas participativas con derechos políticos hasta un límite de 50%, que podrá estar en manos de un sólo inversor, ya que se suprime la limitación que existía para que nadie pudiera tener más de un 5%. Según CSICA, esto apunta "a una clara intencionalidad de convertir las cajas en sociedades anónimas".

Además, el sindicato lamenta que la nueva ley permita que las cajas puedan traspasar su negocio a un banco y se conviertan en una simple fundación, lo que supondrá separar el "alma", que es la obra social, del "cuerpo", que es el negocio financiero. "De ello no puede resultar sino un cadáver", añade el comunicado.

"En definitiva, se trata de una ley que resolverá alguna de las necesidades de las cajas, pero poniendo en riesgo su personalidad jurídica y su modelo, al tiempo que las sigue dejando en manos de los partidos políticos de turno", sentencia la Confederación.

En manos de "tiburones financieros"

Con esas críticas coincide la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE), que asegura que esta reforma "dilapida a precio de saldo" el patrimonio de estas entidades y deja su control en manos de los "tiburones financieros".

En un comunicado, ADICAE sostiene que la reforma "desnaturaliza vergonzosamente" la finalidad social propia de las cajas de ahorros, ya que -según ellos- el mercado financiero no tiene en cuenta los verdaderos problemas y necesidades de los ciudadanos y consumidores.

Además, califica de "hipócrita" la actuación del presidente José Luis Rodríguez Zapatero por haber lanzado la reforma "de espaldas a las diversas organizaciones sociales".

Para paliar los problemas que, a su juicio, presenta la nueva reforma, ADICAE propone que los impositores representen al menos el 30% de los órganos de gobierno de esas entidades, y que las asociaciones de consumidores estén presentes en los procesos y órganos de gobierno para garantizar la representación de los intereses de los usuarios.

La asociación también pide que se rebaje a un máximo del 33,3% el capital que puede estar en manos de inversores privados, ya que con el 50% previsto en la reforma se dará "barra libre" a un mercado financiero que califica de "voraz".

"Condiciones adecuadas" para la competencia

Sin embargo, en el sistema financiero se han recibido muy bien los cambios. El vicepresidente del Grupo Santander, Matías Rodríguez Inciarte, ha calificado la reforma de "extraordinariamente positiva", porque fortalecerá a las cajas y las dotará de un "instrumento" para "captar capital" en el mercado.

Según Rodríguez Inciarte, la reforma permitirá que estas entidades incrementen el "flujo de la economía española" al establecer "condiciones adecuadas" de competencia en el sector.

En ese sentido, ha añadido que a partir de ahora existirá la "misma disciplina" de mercado, tanto para los bancos como para las cajas de ahorro, lo que a su juicio constituye un "paso importantísimo y de gran trascendencia".

También la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) considera "positiva" la nueva Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorro (LORCA) porque cree que fortalecerá el sistema financiero español, lo que espera que se traduzca en una mayor fluidez del crédito hacia los autónomos, ya que "en estos momentos están sufriendo una severa sequía crediticia y falta de liquidez".

"Las cajas de ahorro históricamente se han ocupado y continuarán haciéndolo de los autónomos y microempresas en toda la geografía española, impidiendo su exclusión financiera", ha señalado el presidente de ATA, Lorenzo Amor.

El dinero del FROB, ¿a manos privadas?

Por su parte, la organización de consumidores FACUA ha denunciado que, con la reforma de la Ley de Cajas, la inyección de dinero público de 14.000 millones de euros destinada a sanear las cajas de ahorros españolas puede suponer "un regalo para el sector privado que pagamos todos".

Además, el portavoz de FACUA, Rubén Sánchez, ha alertado en declaraciones a Efe que este reforma puede "suponer la bancarización de las cajas de ahorros". Asimismo, ha censurado la decisión del Gobierno, que considera "muy precipitada, improvisada y al dictado del sector financiero" y ha reprochado al Ejecutivo que no haya contado con los agentes sociales y con las organizaciones de consumidores.

Esa misma falta de negociación es lo que critica el sindicato UGT, que ha acusado al Gobierno de burlar el Diálogo Social por no haber consultado "en ningún momento" a los interlocutores sociales sobre la reforma de la ley de las cajas de ahorros, que, a su juicio, supone su privatización y rompe con su papel tradicional de financiación a los sectores más desfavorecidos.

Ruptura de un modelo social

El sindicato ha afirmado que la falta de consulta sienta "un grave precedente" y ha criticado que con el decreto-ley se rompe el modelo social que determinaba las actividades de esas entidades financieras, como son el fomento del ahorro, la atención a familias y pymes o su naturaleza social.

En un comunicado, el sindicato indica que la emisión de cuotas participativas con derechos políticos supone en la práctica que una entidad privada se pueda hacer con el control total de la entidad, ya que, pese a que el máximo se fija en el 50%, "muchas empresas e instituciones financieras se dirigen con porcentajes muy por debajo de este límite".

Tampoco gusta la reforma al secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, quien ha afirmado que la conjunción de la reforma laboral y la de la Ley de Cajas puede derivar en un nuevo ajuste laboral en las cajas de ahorro.

Toxo ha asegurado que los cambios suponen una "desnaturalización" de estas entidades porque "bancariza" su función a través de la creación de fundaciones -que dejan la actividad financiera en manos de la gestión privada-, o por la vía de la salida de algunos colectivos de los órganos de gobierno.

El líder sindical ha reivindicado "un mayor control" por parte de la ciudadanía en los órganos de gobierno de las cajas, reforzando la presencia de los impositores y los representantes de los trabajadores.

Para Toxo, cuando se habla de una mayor profesionalización de la gestión se pretende instalar la idea de que la gestión privada es "siempre más eficiente" que la pública, y en ese proceso la expulsión de los políticos del gobierno de las cajas supone, a su juicio, un "mensaje tremendamente negativo sobre la función de la política".

Toxo se ha preguntado si las cajas repartirán dividendos y si mantendrán o abandonarán la Obra Social, y ha manifestado que si todas estas cuestiones no se modifican en favor de los intereses de la ciudadanía, se debería reprobar al Gobierno.

El PP, satisfecho

En cuanto a la opinión de los partidos políticos, el coordinador de Economía del PP, Cristóbal Montoro, ha destacado que la reforma de las cajas de ahorro llega tarde y se hace de una manera improvisada, aunque ha admitido que su contenido coincide con los planteamientos de su partido.

Montoro ha señalado que la reforma pone fin a un modelo que ha durado 200 años y ha explicado que, si se hubiera hecho de una manera ordenada, el sistema financiero español no hubiera tenido que hacer frente a la restricción del crédito que ha ocasionado 4,6 millones de parados.

El portavoz de asuntos económicos del PP ha indicado que el PP selecciona para cada caso "si da o no su apoyo al Gobierno", lo que en esta reforma "está claro", dado que el contenido de la nueva ley "coincide con lo que pensamos".

Por lo que respecta a la pretendida despolitización de los órganos de gobierno de las cajas, Montoro ha indicado que los populares están "satisfechos del avance que se produce, sobre todo, en cuanto a que los cargos electos no estén en dichos órganos", algo que el PP "lleva pidiendo mas de dos años".

"Inaceptable" para IU y UPyD

Mucho más crítico se ha mostrado el portavoz de Izquierda Unida en el Congreso. Gaspar Llamazares ha calificado la reforma de la Ley de Cajas como "uno de los mayores escándalos" económicos y ha considerado "inaceptable" que el Ejecutivo quiera "privatizar" una institución del siglo XIX, social y redistributiva.

Llamazares lamenta que el Gobierno haya dedicado 13.500 millones de euros al saneamiento público de las cajas, y ahora "regale" al capital privado ese dinero público.

En opinión de IU, el Ejecutivo ha seguido los "dictados oscuros" del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco de España. El portavoz de esta formación ha advertido que "no puede utilizar el deterioro de lo público para profundizar en la privatización de cajas de ahorro".

Llamazares ha asegurado que es "inaceptable" y "escandaloso" que las cajas de ahorros -que hasta ahora no sólo pertenecen a sus impositores sino también a las entidades cuidadoras como municipios y comunidades autónomas- hayan sido "cambiadas en su naturaleza" por una decisión impuesta.

Puntualizó que el Ejecutivo aboga por la "despolitización" de una institución social y se preguntó desde cuándo el Gobierno denigra a los representantes públicos.

Tampoco la presidenta de Unión Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, está a favor de la reforma de las cajas. Díez ha asegurado que "es una chapuza pactada con el PP para que ambos puedan seguir mangoneando los órganos de dirección de las cajas", al tiempo que ha criticado la falta de transparencia en la tramitación.

En un comunicado, Rosa Díez destaca también que, pese a reducir la presencia de cargos políticos en los órganos de administración de las cajas, se mantiene el control por parte de dicho sector.

Según la diputada, el Ejecutivo ha actuado "sin transparencia, con precipitación y sin dar participación a los grupos parlamentarios", lo que se explica por su "peligrosa tendencia al oscurantismo y a convertir lo excepcional -el decreto ley- en norma".