De la Vega defiende los arrestos de Alicante;en el PP, diversidad de opiniones sobre Ripoll

• La vicepresidenta ha apelado a la legalidad del proceso
• En el PP hay quien cree que el presidente alicantino debe ser destituido

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha defendido que la Fiscalía y las Fuerzas de Seguridad del Estado "han respetado en todo momento la legalidad" en las actuaciones relacionadas con el 'caso Brugal' y la detención del presidente de la Diputación y del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta ha denunciado que "llueve sobre mojado" al escuchar cómo el PP responde a las investigaciones de una supuesta trama de corrupción intentando "atacar a los demás, echar la culpa a otros".

De la Vega ha subrayado el respeto del Gobierno a la investigación judicial y a los derechos fundamentales, incluida la presunción de inocencia de los implicados, pero ha matizado que otra cosa es la política, donde "no vale todo" y hay que explicar a los ciudadanos lo que sucede.

Lanzar sombras como estrategia

Sobre esa base, ha resaltado el "juicio irresponsable" que algunos dirigentes del PP han proferido contra miembros del Gobierno, la Fiscalía y las Fuerzas de Seguridad del Estado, un intento de "lanzar sombras de duda y sospecha sobre el sistema de convivencia", que en democracia "no es admisible".

Ha destacado además que en España el derecho procesal "es muy garantista" y que todas las actuaciones han sido "ajustadas a la legalidad" y ninguna "cortina de humo" podrá taparlo.

La vicepresidenta ha acusado abiertamente al PP de construir "insidias" para evitar explicar a los ciudadanos hechos que parecen "muy graves" relacionados con supuesta corrupción, una "lacra" que daña al conjunto de la sociedad porque es incompatible con el servicio a los ciudadanos.

Diversidad de opiniones en el PP

Por su parte, los dirigentes del PP mantienen opiniones diferentes sobre la estrategia de Mariano Rajoy ante las detenciones de Alicante. Para algunos, Génova debería adoptar un papel activo y actuar con contundencia en la Comunidad Valenciana, mientras que otros consideran que hay que esperar a que haya una resolución judicial en firme y recuerdan que hay precedentes de casos similares que después se han archivado.

El sector que demanda un papel más activo a Rajoy contra la corrupción invoca el llamado 'Código de Buenas Prácticas' que aprobó el Partido hace seis meses y que no puede quedar en papel mojado. "Estas cosas a la larga pasan factura siempre", recuerda un veterano cargo 'popular', que teme que los episodios de corrupción puedan tener algún tipo de repercusión electoral en las autonómicas del próximo año.

Las fuentes consultadas admiten que la dirección nacional está en una situación "complicada" porque hasta ahora no ha tomado medidas contra el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, imputado por varios delitos como ahora lo está el presidente provincial del PP y presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll.

Partidarios de la destitución de Ripoll

Hay quien se muestra más contundente y reconoce que Génova no puede "estar a la defensiva e ir a remolque de los acontecimientos" sino que debe optar por una "vigilancia extrema", "dar un paso más y tomar medidas" como la suspensión de militancia de Ripoll.

"Ya se le reparará y se le devolverá el carné si sale bien", resume un diputado, que alerta de la "insatisfacción" que produce en el electorado del PP las informaciones que estos días están apareciendo en la prensa.

La opinión mayoritaria entre estos dirigentes 'populares' es que 'Génova' no puede seguir mucho tiempo sin entrar en el fondo del asunto y tendrá que adoptar alguna medida disciplinaria o de imagen, al margen de denunciar la actuación del Ministerio del Interior en este caso.

"La táctica de que el malo de la película es Rubalcaba tiene un recorrido limitado" porque tarde o temprano habrá que hacer algo, dice un miembro del PP, que apuesta por una renovación del partido en la Comunidad Valenciana.

El PP debe esperar a una resolución

Sin embargo, otras fuentes del PP hacen hincapié en que la dirección nacional no puede dejar pasar por alto los "abusos" que, en su opinión, está realizando Interior "utilizando a la Policía" y llevando a cabo ahora los arrestos "cuando la investigación estaba acabada hace dos meses". Además, expresan su temor de que se filtren a la prensa conversaciones de los teléfonos que estaban intervenidos.

Este sector del PP coincide en que el partido no puede hacer nada porque ni siquiera hay una resolución en firme.  De hecho, recuerda casos de imputaciones a miembros del PP en Canarias con José Manuel Soria o alcaldes de Murcia que luego fueron archivados pero que durante meses "soportaron un linchamiento", indican estas fuentes.

También inciden en que en España hay cientos de cargos municipales imputados y que tampoco el PSOE toma medidas contra ellos. "En Alicante el PP no tiene más remedio que esperar a ver qué va decidiendo el juez", dice un parlamentario, que además recuerda que el partido no tiene "medios para investigar" y que no puede hacer nada por el momento.