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Iberdrola recurre ante el Supremo la congelación de tarifas eléctricas pactada por el Gobierno y PP

  • Pide medidas cautelares para que no aumente el déficit tarifario
  • Argumenta que el Gobierno no informó previamente a la CNE

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Iberdrola ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo en contra de la congelación de la tarifa eléctrica pactada entre el Gobierno y el PP, según fuentes de la comopañía.

La eléctrica presidida por Ignacio Sánchez Galán ha incluido además en el recurso, presentado el pasado jueves, una petición de medidas cautelares para evitar que la suspensión de la revisión al alza de la tarifa genere mayor déficit de tarifa. 

La compañía considera que la decisión incumple el apartado segundo de la disposición adicional 21 de la Ley del Sector Eléctrico, que obliga a la Administración a compensar el desfase tarifario.

Unesa se plantea otro recurso

Por su parte, fuentes de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), que integra a las cinco principales compañías del sector, han señalado que la patronal decidirá esta semana si presenta en paralelo un recurso contra la orden ministerial 1732/2010 en la que se congelan las tarifas.

Los diarios Expansión y Abc, que adelantan el recurso de Iberdrola ante el Supremo, indican además que, entre los argumentos de la demanda, figura el de que el Gobierno incumplió la obligación de informar a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) acerca de su decisión.

El pasado 24 de junio, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, anunció junto al coordinador de Economía del PP,  Cristóbal Montoro, un acuerdo para la congelación en julio de la tarifa, que vino acompañado del compromiso de ambas partes de intensificar las negociaciones para alcanzar un pacto de Estado sobre energía.

Esta decisión dejó sin efecto el borrador de orden ministerial remitido por Industria a la CNE en el que se contempla un aumento de la tarifa de acceso para los consumidores domésticos del 10% en julio. Esta parte de la tarifa, que tiene un peso cercano al 40% en la metodología final de cálculo, recoge los costes regulados del sistema.