El procedimiento judicial sobre el incendio de Guadalajara sigue abierto 5 años después

• 11 personas murieron y 13.000 hectáreas ardieron en julio de 2005
• A raíz del incendio se extremaron las medidas preventivas y los medios

El noventa por ciento de las casi 13.000 hectáreas de pinares se ha regenerado de forma natural.

Un total de 20 personas permanecen imputadas por el incendio de la provincia de Guadalajara de julio de 2005, en el que murieron 11 personas y ardieron 13.000 hectáreas.

Entre ellos, hay cuatro ex altos cargos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: la ex consejera de Medio Ambiente Rosario Arévalo; el ex director general del Medio Forestal José Ignacio Nicolás; el ex delegado provincial de Medio Ambiente Sergio David Cabellos; y el ex director del Parque Natural del Alto Tajo Rafael Ruiz.

Todos ellos están procesados por un delito de incendio forestal por imprudencia grave.

Además están imputados Hipólito Sebastián, alcalde de Riba de Saelices entre 1999 y 2003 ¿cuando se hicieron las obras en la barbacoa que originó el siniestro-; el alcalde de localidad en 2005, José Luis Samper; y el secretario del Ayuntamiento en el momento del incendio, José Luis Huarte.

La juez de Sigüenza e instructora única del caso, María del Mar Lorenzo,  también imputó por imprudencia grave a tres excursionistas, siete técnicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y a los responsables de las empresas Tragsa, Servicios y Proyectos Avanzados S.A. y Helicópteros del Sureste.

La causa contra otras nueve personas que en principio fueron imputadas -la mayoría excursionistas- quedó sobreseída en enero de 2010 ya que la magistrada consideró que no estaba debidamente justificada su participación en los hechos.

Posiciones encontradas

En la última semana la Audiencia Provincial de Guadalajara ha celebrado la vista oral sobre los recursos de apelación de los procesados y en los próximos días la juez deberá anunciar si mantienen la imputación de todos ellos o si estima alguno de los recursos.

La fiscalía, en relación a los altos cargos y a los técnicos de la Junta de Castilla-La Mancha, ha insistido en que el auto de procesamiento "carece de base fáctica suficiente y de indicios racionales que demuestren la relación entre su conducta y la causación del fuego".

En la misma línea, la defensa de la ex consejera de Medio Ambiente Rosario Arévalo ha asegurado que "el operativo de extinción sufrió una serie de circunstancias que no se pudieron prever en ningún caso y, de hecho, ni los peritos judiciales ni la fiscalía han considerado la conducta de Arévalo como merecedora de un delito de incendio forestal".

Sin embargo, el abogado de nueve de las once familias de las víctimas, Miguel Solano, ha solicitado que se desestime este recurso de apelación pues entiende que, entre las competencias de Arévalo como responsable de Medio Ambiente, estaban la protección y prevención de riesgos ambientales, la comunicación directa con el retén o la prohibición de hacer fuego en condiciones meteorológicas adversas.

El letrado también ha acusado a los ex altos cargos imputados de "no activar el nivel 2 para incendios hasta después de que murieran las once personas o de no haber avisado a dicho retén de las inclemencias meteorológicas que a la postre causarían su muerte".

Posturas encontradas

En el caso de los siete técnicos imputados, tanto la fiscalía como su abogado, Esteban Mestre, han criticado "la ausencia en el auto de hechos concretos que expliquen por qué motivos reales derivados de su actuación se les acusa de haber matado a sus compañeros por imprudencia o de haberlos puesto en riesgo", mientras que la defensa de los familiares y la acusación particular del PP personada en la causa consideran que la actuación de estos técnicos fue "absolutamente desastrosa".

Respecto a los dos ex alcaldes de Riba de Saelices y el antiguo secretario municipal, la fiscalía considera que no hay indicio de criminalidad, postura que contradice la del abogado de las víctimas.

En la misma línea, la fiscalía ha pedido que se estime el recurso de las empresas implicadas en la extinción, al considerar que no hubo falta de profesionalidad en su actuación, mientras que la defensa particular entiende que hay indicios de criminalidad.

En cuanto al recurso presentado por los tres excursionistas, todas las partes -fiscalía, acusaciones particulares y abogados defensores- han coincidido en que deben desestimarse.