Séptima jornada de huelga en el Metro de Madrid tras no llegar a un acuerdo con la empresa

• Los trabajadores respetarán los servicios mínimos del 50%
• El lunes volverán a reunirse en asamblea para decidir si siguen con la huelga

Las reivindicaciones

Los trabajadores de Metro se oponen a la reducción salarial, de un 5% de media, aprobada por la Asamblea de Madrid. Aunque el Ejecutivo regional había previsto una excepción para que la bajada de los empleados del suburbano fuera sólo del 2,15%, no ha sido suficiente para acercar posturas.

El decreto regional rompe el convenio pactado -los empleados del metro no son funcionarios- con los sindicatos, que además consideran abusivos los servicios mínimos, del 50%, lo que les ha llevado a no cumplirlos durante dos días. Con el análisis de los costes laborales de forma global se abre una vía de negociación.

Los paros vuelven al Metro de Madrid este viernes con servicios mínimos del 50% después de que la compañía haya aclarado este jueves que sólo pueden recortarse las partidas de gasto de personal, y que por eso, otros apartados, como el de la publicidad, no entran dentro de la negociación.

Es la séptima jornada de huelga en el suburbano madrileño desde que a finales del mes de junio los sindicatos convocaran paros en protesta de la rebaja salarial del 5% que contempla para los empleados públicos la nueva Ley de Medidas Urgentes, aunque en el caso de Metro de Madrid se les deja en un 2,15%.

Después del caos de los primeros días, con dos jornadas sin servicio en la red, ahora en plena negociación con la dirección de la compañía, los sindicatos se han comprometido, pese a considerarlos "abusivos", a respetar los servicios mínimos establecidos por la Consejería de Transportes e Infraestructuras.

El lunes, nueva reunión

De aquí al próximo lunes, cuando los trabajadores volverán a reunirse en asamblea para conocer los últimos avances de la negociación y decidir si siguen con huelga o no, pueden pasar varias cosas, puesto que está todo en el aire, incluidas la cifra de las nóminas que recibirán los 7.500 trabajadores de la compañía este mes.

Por un lado, los sindicatos y dirección tienen hasta el próximo martes- cuando se cierre la contabilidad de las nóminas- para llegar a un acuerdo porque si no es así, se aplicará directamente la reducción del 5% tanto en el mes de junio -que no se hizo efectiva porque cuando entró en vigor la ley las nóminas estaban ya hechas -como en el mes de julio.

Esto significa que el trabajador de Metro, con un sueldo medio de 2.000 euros netos, dejaría de cobrar este mes unos 200 euros, a los que se les suma otros 300 euros como máximo que pueden dejar de percibir por haber secundado la huelga los últimos tres días del mes de junio (100 euros menos por día).

Última oferta de Metro: reducir un 1,5 % los salarios

Por otro lado, el objetivo es alcanzar la manera de conseguir la aminoración de 7,9 millones de euros a finales de año, para lo que ambas partes han ido concretando partidas (en formación, horas extraordinarias, entre otras) hasta llegar a los 5 millones aproximadamente.

De ahí que la última oferta de Metro sea la de reducir un 1,5% los salarios, con los que se conseguirían unos 2,4 millones de euros más de ahorro, y supondría, en la práctica, unos 30 euros menos al mes para el trabajador. Pero al tratarse de sueldos, los trabajadores se niegan a aceptar esta oferta.

Los sindicatos, aseguran, tienen otras ofertas que permiten el ahorro sin necesidad de tocar los salarios pero lamentan que no se les escuche en este sentido.

Desde la compañía, se ha explicado que por normativa, sólo se pueden tratar los gastos de personal y rechazan, por tanto, que por ejemplo, se incluyan en estos recortes, las cantidades que no van a abonarse por la huelga.

Además, este jueves la Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por CC.OO. y UGT contra el recorte salarial a los empleados públicos aprobado por el Gobierno socialista en el marco del decreto antidéficit.

Según Metro, la Ley de Medidas Urgentes se aprobó para adaptar la Ley de Presupuestos de la Comunidad de Madrid al Decreto del Gobierno central, por lo que ahora, si finalmente este recurso llegará a algún lugar, cabe la posibilidad de que el Ejecutivo autonómico tuviese que volver a cambiar su normativa.