Circular "pegado" a otro conductor para "acosarle" podrá ser castigado con hasta dos años de cárcel

• Se decomisará el vehículo a quien utilice inhibidores de radares
• Se tendrá en cuenta si el infractor necesita el vehículo para trabajar
• También se valorará su situación económica y personal

La Guardia Civil y la Policía van a perseguir a los conductores que acosen y presionen a otros vehículos

Circular "pegado" a otro vehículo será considerado conducción temeraria y podrá ser castigado con penas de cárcel. El fiscal coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, ha asegurado este jueves que la Fiscalía perseguirá a los "acosadores" viales y, cuando su conducta sea delictiva, considerará su actitud como "conducción temeraria", un delito castigado con penas de entre seis meses y dos años de prisión.

En la presentación de un balance sobre la actuación de la Fiscalía de Seguridad Vial, Vargas ha explicado que estos "acosadores", que van "pegados" detrás de otros vehículos, provocan una situación de "presión y hostilidad con alteración psicológica" que genera "graves riesgos de pérdida de control de la conducción".

En este sentido, ha animado a los ciudadanos a denunciar a las autoridades este tipo de acosos, y ha explicado que en los casos "muy graves" deben acudir a la Justicia tanto los que "sufren" la agresión como los que la presencian.

"Hay que llamarles lo que son: acosadores"

"Hay que identificar a estos conductores y llamarles lo que son: acosadores", ha indicado el fiscal, que también ha explicado que entre el colectivo más joven se producen persecuciones "frecuentemente", y que éstas no terminan hasta que el acosador "echa de la carretera" a la víctima, o le causa algunas lesiones.

Por eso, Vargas ha informado de que desde la Fiscalía darán instrucciones a la Policía Judicial para la persecución de estas conductas cuando constituyan delito.

Decomisar el vehículo en lugar de ir a la cárcel

Utilizar inhibidores de radar, ocultar la matrícula o trucar el  tacógrafo podrán ser una causa objetiva para decomisar un vehículo a su  propietario, según ha explicado este jueves el fiscal de sala  coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas.

Éste ha reconocido que el decomiso de vehículos implicados en delitos de seguridad vial, recientemente aprobado en la reforma del Código Penal, pretende ser un "sustitutivo" de la prisión para los infractores.

Así lo ha manifestado Vargas en la presentación de un balance sobre la actuación de la Fiscalía de Seguridad Vial, en la que ha dicho que la pena de cárcel es una medida "muy rigurosa" que debe quedar "reservada" a los casos "muy graves".

Así, será un motivo para que un fiscal pida la retirada del vehículo las manipulaciones que alteren las condiciones legalmente prescritas para la circulación, utilización de tacógrafos manipulados, de mecanismos como los inhibidores de radares u ocultar la matrícula, casos en que se evidencia "una relación criminológica" del conductor frente al coche, según Vargas. 

Por el contrario, Vargas ha asegurado que se tendrá en cuenta a la hora de decidir que no se decomisa el vehículo la situación económica y personal del penado y, especialmente, la necesidad que tenga el infractor del mismo para desempeñar su trabajo. 

No se decomisará de manera indiscriminada

En cualquier caso, el fiscal ha subrayado que "no se va a decomisar de manera indiscriminada" y que se hará "una valoración conjunta de todos los criterios". En este punto ha insistido en que se evaluará "caso por caso" y pensando en la reinserción del conductor.

También ha explicado que uno de los criterios que los fiscales deben  tener en cuenta a la hora de decidir si se debe o no decomisar un  vehículo es el valor económico del mismo.

"Se decomisa más fácilmente un vehículo de 10 años que tiene menor  impacto económico que uno que tiene un gran valor", ha añadido para  después explicar que desde la Fiscalía han propuesto la creación de un  Fondo de Vehículos Decomisados que regule su depósito y, cuando sea  necesario, su venta.

En este sentido, Vargas ha señalado que espera que el decomiso de  vehículos "revierta" en la sociedad y que el dinero recaudado con su  venta pueda utilizarse para la puesta en marcha de un programa de  rehabilitación para conductores drogadictos y alcohólicos.