Japón celebra un año sin ejecuciones

• Dos presos japoneses y un recluso chino fueron los últimos ejecutados
• La nueva ministra de Justicia no ha firmado ninguna ejecución desde su llegada

El 28 de julio de 2009, dos presos japoneses y un recluso chino fueron ejecutados en Japón, donde la pena máxima está rodeada desde hace décadas de un amplio secretismo: se aplica sin previo aviso, sin testigos y en la horca.

Desde esa fecha ningún otro ciudadano ha vuelto a ser ejecutado en el país nipón.

"Al menos podemos valorar favorablemente que haya pasado un año sin ejecuciones en Japón, pero la situación no ha cambiado con respecto a hace un año", ha afirmado el director de la división japonesa de Amnistía Internacional (AI), Makoto Teranaka.

La principal causante de este dato es la ministra de Justicia, Keiko Chiba, una abogada progresista y abolicionista que no ha firmado ninguna pena de muerte desde que llegó al Gobierno el pasado mes de septiembre.

"No puedo justificarme abiertamente de porqué no hay en Japón más ejecuciones", ha comentado la propia ministra japonesa.

Aún así, el director de AI ha expresado su decepción con Chiba, ya que desde que ostenta el alto cargo "no ha dicho nada" sobre una posible moratoria de las ejecuciones ni otros aspectos controvertidos qye favorecía cuando no era ministra.

No es dato histórico

A pesar de ser una buena noticia, no es un hecho insólito, aunque sí el más largo desde los 90, ya que durante más de cuatro años, entre noviembre de 1989 y marzo de 1993, tampoco hubo ejecuciones en Japón, debido a las creencias religiosas del entonces responsable de Justicia y a un cambio de Gobierno similar al actual (el nuevo partido democrático rompió con más de medio siglo de dominio conservador).

Desde octubre de 2005 hasta septiembre de 2006 también hubo una moratoria oficiosa debido a que el titular de justicia era budista ty se negaba a firmar ejecuciones.

Asimismo, Japón es junto a Estados Unidos ,el único país desarrollado que mantiene en su sistema legal la pena capital y la población lo aprueba mayoritariamente para los casos de sangre, en índices que superan el 80 por ciento, según admite Amnistía.

Nuevos aires en el país

Por el momento, el nuevo Ejecutivo ha manifestado que está dispuesto a abrir un debate público sobre la pena de muerte, pero los defensores de los derechos humanos quieren más.

Como AI, la Federación de Asociaciones de Abogados de Japón ha pedido repetidamente una moratoria que permita revisar ese sistema y argumenta que los temas que competen a los derechos humanos no deben ser decididos por la opinión pública.

"No sabemos por qué se elige a unos y no a otros -algunos ejecutados tenían 70 años- y ha habido casos de posibles inocentes. Se debería informar a la familia antes de las ejecuciones y tampoco se sabe si hay mucha seguridad en el uso de la horca", ha afirmado Yuji Ogawara, miembro de la federación de abogados.

Por ello solicitan crear un grupo de trabajo que estudie una posible moratoria y sobre todo transmitir suficiente información a la población.