Los jueces censuran a Igualdad que les culpen de no proteger a las víctimas de violencia de género

• Polémica sobre la utilización de pulseras GPS para proteger a las mujeres
• Las asociaciones de magistrados critican que se lancen mensajes confusos

Igualdad pretende "cargar sobre las espaldas de los jueces españoles las consencuencias más trágicas y horrendas" de los casos de violencia de género. Ésta es la principal acusación del portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Antonio García, quien consiera que se lanza un mensaje "confuso y equívoco" cuando se aborda el uso de las pulseras GPS.

García responde así a las declaraciones del delegado de Gobierno de vilencia de Género, Miguel Lorente, quien responsabilizó a los jueces de que sólo hubiera 369 mujeres con pulseras con dispositivo GPS por su seguridad mientras que eran 500 las mujeres conceptuadas en situación de "riesgo alto o extremo".

"Decir que sólo están colocadas 369 pulseras cuando hay 500 mujeres en riesgo potencial y manifiesto es tanto como decir que los jueces no están haciendo lo que deben trasladando a la opinión pública, lo que supone un mensaje extraordinariamente equívoco por ambiguo y confuso", ha apostillado García, a la vez que ha insistido en que considera esta manifestación como "demagógicas", ya que "contribuye muy poco a reforzar la credibilidad de las instituciones", además de "poner gratuitamente y de forma irresponsable en tela de juicio el buen hacer de los jueces españoles".

“ Cuando no se ha ordenado usar GPS para proteger a las mujeres es porque no estaba justificado“

"Cualquiera que piense con un mínimo de sentido común" verá como "evidente" que, "cuando ese tipo de medidas no se adoptan, es porque a la vista de las circunstancias no resultan justificadas", ha defendido Antonio García, en declaraciones a Europa Press.

Según García, declaraciones como la de Lorente no "contribuyen en nada, sobre todo cuando no están respaldadas por argumentos justificativos, específicos y lo suficientemente concretos".

Asimismo, ha señalado que "no se puede pretender que esa medida se adopte sin más", puesto que, "como cualquier otra sanción limitadora de un derecho fundamental, no puede ser aplicada sin un mínimo de justificaciones y de elementos que la sugieran o la aconsejen".

“ No se puede pretender que se orden el uso del GPS con cualquier denuncia“

Por su parte, el portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, ha coincidido en apuntar que "los políticos escurren el bulto y acusan a los jueces por un déficit o por una omisión en determinada situación" y ha afirmado que "los jueces valoran en función de informes" y, por lo tanto, "han concedido todas las pulseras GPS que se podían conceder en este momento".

De esta forma, ha concluido que "si faltan más, corresponde a la policía y a las autoridades administrativas señalar dónde esta el impacto de riesgo para que los jueces actúen".

Las víctimas no denuncian

Además, ha destacado que, en muchos casos, las mujeres que resultan asesinadas ni siquiera han llegado a denunciar, tal y como refleja el balance del primer semestre sobre violencia de género presentado el pasado miércoles, algo a lo que también se ha referido el portavoz de Jueces para la democracia, José Luis Ramírez, quien ha puntualizado que el problema que plantea la Ley de Violencia de Género es que "no diferencia entre supuestos concretos" y "se le ha acabado otorgado la misma importancia a un caso menor, como conflictos derivados del divorcio o las separaciones, que a los más graves".

En este sentido, Ramírez ha explicado que mientras los casos leves pasan a ser "los asuntos que mayoritariamente se tramitan por los juzgados de violencia", los más graves, sin denuncia interpuesta, "no se suelen investigar".

Por ello, ha apostado por "no esperar a que se ponga la denuncia", como método para atajarlo, debido a que "en una situación de maltrato real es difícil que la mujer salga del círculo y se atreva a denunciar".

Así, ha recomendado "utilizar otro tipo de políticas para investigar, como pueden ser los partes de lesiones en los hospitales o los avisos de 'situaciones extrañas' en las familias detectadas por los servicios sociales".

"Hay hechos inevitables, por medios que se pongan"

En cualquier caso, ha advertido de que "hay determinados hechos que son inevitables, por más medios que se pongan y más políticas que se desarrollen, y si no se acepta esto no se comprenderá la realidad sociológica y criminológica".

Por último, en referencia a la caída de la confianza de los españoles para atajar la violencia machista frente al crecimiento de los que piden mayores penas, Ramírez ha asegurado que "endurecer las penas no sirve absolutamente para nada", ya que "no tiene ningún efecto disuasorio" y ha apostado por la pedagogía como alternativa a las vías puramente penales. "Lo que sirve es una prevención y una eficacia en la acción policial y de la justicia", ha concluido.